El Ibex hace lobby en Bruselas
Las empresas pagaron más de seis millones en 2014 para defender sus intereses
![Marién Kadner](https://imagenes.elpais.com/resizer/v2/https%3A%2F%2Fs3.amazonaws.com%2Farc-authors%2Fprisa%2F52e66668-7927-401f-b050-a15efb97f927.jpg?auth=ceedc76f2e270cfde8fa356522f90656cefa8b167817d0a0482a6f26e69ea3ec&width=100&height=100&smart=true)
![Sede del Parlamento Europeo en Bruselas.](https://imagenes.elpais.com/resizer/v2/NJYYKLT7ZLBEXLKATG455TOKZI.jpg?auth=5fdd397b42ce0ba5683a90c4d5ecfce3336ce43bb8cca93e973593db9ac7191a&width=414)
En el denominado barrio europeo, al este de Bruselas, donde se sitúa la mayoría de las instituciones comunitarias, grandes empresas, numerosas consultoras y bufetes de abogados, ONG y asociaciones de distintos tamaños y temáticas han instalado sus oficinas en los últimos años. A las puertas del Parlamento Europeo, visitantes acreditados, estrictamente trajeados, entran y salen del edificio principal. En la misma zona, al menos una decena de restaurantes acoge comidas y cenas a diario, comúnmente llamadas de networking (creación de redes), donde se intercambian intensamente tarjetas de presentación. Son diferentes formas de hacer lobbying en el gran centro de toma de decisiones de la Unión Europea.
Las empresas del Ibex 35 invirtieron entre 6,9 y 8,3 millones de euros en 2014 en la representación de sus intereses ante las instituciones europeas, según lo que las propias compañías —23 de las 35— han declarado en el Registro de Transparencia de la UE. La tendencia de la Unión a adquirir más competencias para legislar distintas materias ha provocado que las empresas españolas aumenten su presencia en la capital comunitaria. Los sectores bancario y energético, por los proyectos de unión Bancaria y unión Energética, son los que lideran este incremento.
UNA CIFRA AÚN MAYOR
“En la práctica estaríamos hablando de mucho más dinero, porque algunas empresas no incluyen, por ejemplo, sus cuotas a las patronales europeas o los honorarios de despachos de abogados que también actúan por ellas”, advierte un veterano lobista que pide no ser citado. A la cabeza en inversión, se encuentran: Telefónica, la primera empresa española que abrió una oficina en Bruselas en 1989, que declaró unos costes de dos millones; ArcelorMittal, que desembolsó entre 1,5 y 1,7 millones de euros; y el Banco Santander, con más de 600.000 euros invertidos.
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Por sectores, la banca invirtió el año pasado más de 1,4 millones de euros y la industria energética, casi un millón. Se trata de las áreas donde la UE ha legislado con mayor insistencia en los últimos años. “El sector bancario se ha regulado mucho debido a la crisis. El proyecto de unión bancaria está dando lugar a muchas normas para aumentar por ejemplo las competencias del Banco Central Europeo, que se ha convertido en supervisor de unas 120 entidades”, explica Javier de Cendra, profesor decano de derecho comunitario en el Instituto de Empresa Law School.
Tanto el BBVA como el Santander declararon un desembolso de más de medio millón de euros el año pasado; el primero cuenta con cuatro personas dedicadas a la representación de sus intereses, el segundo con tres. Fuentes de la entidad presidida por Ana Botín aseguran que participan “en el debate regulatorio, foros, mesas redondas” en Bruselas desde 2008.
UNIÓN ENERGÉTICA
Las empresas energéticas también han aumentado su presencia en Bruselas en un momento en el que se está definiendo el proyecto de Unión Energética, liderado por, entre otros altos cargos políticos, el comisario español de Energía y Acción climática, Miguel Ángel Arias Cañete. Uno de los objetivos fundamentales de esta nueva unión es, según el profesor Cendra, la política del cambio climático. “El objetivo es la reducción de emisiones de carbono al 40% en 2030 y a al menos un 80% en 2050. Esto supone que todos los combustibles fósiles tienen que eliminarse o todas las emisiones de estos deben ser enviadas al subsuelo”, dice Cendra. “Por lo que las empresas energéticas tienen un interés enorme, bien en que el proceso se retrase, bien en conseguir la financiación [mediante fondos de la UE] para una conversión a la energía renovable o para desarrollar la captura y almacenamiento de dióxido de carbono, bien para desarrollar tecnología para emitir menos dióxido…” , añade.
En Red Eléctrica, presente en Bruselas desde 2008, explican que la defensa de los intereses de la empresa con participación pública ante la UE se realiza “al más alto nivel ejecutivo de la compañía”. Repsol, Abengoa y Enagás coinciden en que el sector energético está viviendo un momento clave en su regulación. La petrolera define como “críticos” los debates sobre el futuro de la industria, de ahí que, según afirma, incremente los recursos dedicados a la representación de intereses en Bruselas. Por su parte, Abengoa explica que su volumen de actividad en la capital europea depende hoy en día en gran medida del programa de la Comisión en materia de renovables y añade que puede verse “incrementado considerablemente”.
No solo son las empresas las que tienen interés en influir en el proceso de decisión europeo. La Comisión Europea afirma que el lobbying es “legítimo y una parte principal en el proceso de decisión para asegurarse de que las normas responden a necesidades reales”. “Todo el mundo tiene el derecho de reunirse con los comisarios o sus gabinetes, siempre que estén inscritos en el Registro de Transparencia”. Esta medida es, desde que entró en vigor en noviembre de 2014, uno de los principales motivos de las empresas para registrarse. Según la Comisión Europea, ha hecho que unos 1.000 nuevos lobistas se inscriban, incluyendo a grandes compañías como Goldman Sachs o Coca Cola.
“La interlocución entre las instituciones europeas y los distintos grupos de interés es una de las más transparentes que hay en el mundo y, desde luego más avanzada que la que existe en España”, apunta Pablo López, directivo de la asesoría norteamericana FTI Consulting.
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