Las ayudas a la contratación cuestan 2.100 millones a la Seguridad Social

Los estímulos a la contratación y al empleo no le salen gratis a la Seguridad Social. El instituto de previsión dejará de ingresar 2.100 millones en 2016 por reducciones directas de cotizaciones que no serán compensadas por el Estado, según el proyecto de presupuestos. La cantidad supera en 500 millones lo previsto en 2015. Este aumento de exenciones en las cotizaciones se da cuando el Gobierno en los presupuestos del próximo año plantea buscar más vías financiación del sistema de pensiones, prevé recurrir al Fondo de Reserva por otros 6.283 millones y pronostica un déficit de un 0,3% del PIB.

Las reducciones directas de cotizaciones, sin compensación alguna a la Seguridad Social por ello, tienen cada vez más peso en la política de incentivos a la contratación indefinida y el empleo. Para 2016, el Gobierno calcula que el coste total de estas ayudas subirá a 3.735,8 millones, unos 500 millones más que este año. De la cantidad agregada, 2.100 millones serán, simple y llanamente, reducción de cotizaciones, el 56,2% del total.

Se consolida así el vuelco que el Gobierno ha dado este año a los criterios de ayudas al empleo. Hasta este ejercicio predominaban las llamadas bonificaciones, esto es: el empresario paga menos a la Seguridad Social durante un tiempo determinado por los nuevos contratos que cumplen una serie de condiciones y esta recibe del Servicio Público de Empleo lo que deja de ingresar. En 2015, está presupuestado que por primera vez las reducciones de cotizaciones sin compensación alguna superen a las bonificaciones. Y para 2016, la previsión es que la distancia crezca.

El motivo de este incremento se da, principalmente, por la reducción de cotizaciones puesta en marcha por el Gobierno el pasado marzo, que consiste en la exención de la cotización de los primeros 500 euros del sueldo en los nuevos contratos indefinidos que, en principio, suponen aumento de plantilla. Esta medida corregía la tarifa plana de 50 euros puesta en marcha el año anterior y la hacía mucho más progresiva al beneficiar más a los salarios bajos que a los altos. Esto ha aumentado el impacto de la ayuda en las cuentas de la Seguridad Social.

Los ingresos no remontan

Tanto el mínimo exento como la tarifa plana para autónomos, vigente desde hace más de dos años, prueban la apuesta del Gobierno por este tipo de exenciones de cotizaciones pese a que los ingresos de la Seguridad Social por este concepto, el más cuantioso con mucha diferencia (en torno al 75%), no acaben de levantar cabeza o, al menos, no al mismo ritmo que lo hace el empleo: un 0,77% más hasta junio cuando la afiliación a la Seguridad Social crece al 3,4%.

El hecho de que los ingresos por cotizaciones no se recuperen a buen ritmo frente al incremento inexorable de los gastos por el incremento de la pensión media y del número de pensionistas llevó el déficit de la Seguridad Social al 1,1% del producto interior bruto en 2014. Para este año, la Autoridad Fiscal espera uno similar y, como apunta en su informe publicado el mes pasado, por motivos similares.

Estos abultados déficits, que se suceden desde 2012, han provocado que el Ministerio de Empleo, departamento del que depende el instituto previsor, tenga que recurrir al Fondo de Reserva de las pensiones y al excedente generado por la gestión de las mutuas de accidentes de trabajo. Entre ambas huchas, en tres años y medio se han consumido 45.828 millones. Y para 2016 la situación no cambia, los presupuestos pronostican un déficit del 0,3% del PIB en la Seguridad Social y contemplan usar 6.283 millones más, una cantidad que podría ser sensiblemente menor si en lugar de apostar por reducciones directas de cuotas se optase por las bonificaciones.

La situación ha llevado al Gobierno, a pesar de sus optimistas previsiones de aumento de ingresos en los últimos ejercicios (6,8% en 2015 y 6,7% en 2015), a mostrar su preocupación en público. El presidente Mariano Rajoy afirmó el viernes pasado que este era “el gran reto de futuro” en España.

Siguiendo estas palabras, el proyecto de presupuestos presentado el miércoles contiene una disposición adicional, la número 65, que habla de financiar con impuestos (IVA, IRPF, Sociedades) y no con cotizaciones algunas de las prestaciones que ahora tienen carácter contributivo. La disposición no concreta más y deja esa tarea para el Pacto de Toledo. No obstante, ya hay propuestas en esa línea que se centran, sobre todo, en dos de los cinco tipos de pensiones que ahora corren a cargo de las cuotas: viudedad y orfandad, que en los presupuestos de 2016 suman 22.850 millones.