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Vodafone tendrá que indemnizar a Portela por su despido de Ono

Un juzgado declara improcedente la rescisión del contrato de la exconsejera delegada de la cablera

El Juzgado de lo Social número 35 de Madrid ha declarado improcedente el despido por Vodafone de la exconsejera delegada de Ono Rosalía Portela, cuando la compañía de cable fue adquirida por la empresa británica, y le condena a indemnizarla con 900.000 euros, cantidad muy inferior a los seis millones que solicitaba la directiva.

Vodafone despidió a Portela, junto con el resto de la cúpula directiva de Ono, tras tener conocimiento de una inspección de Hacienda por el que la compañía podía haber cometido un delito de fraude fiscal por 60 millones de euros del pago del IVA, por el negocio de reventa de tráfico para llamadas internacionales. La compañía firmó con la Agencia Tributaria el pago de 58,6 millones por la regularización de los años 2011 a 2014 en los que se cometieron las infracciones.

La sentencia del juzgado de lo social, que será recurrida por la empresa, solo se refiere al aspecto laboral y no al fondo del asunto que se debe dirimir por la vía mercantil, en varios procesos judiciales abiertos. Por una parte, Vodafone ha presentado una demanda de responsabilidad social contra la anterior cúpula directiva de Ono en la que les reclama 140 millones de euros solidariamente por su la conducta negligente en relación con el fraude tributario. En concreto, los demandados son el expresidente José María Castellano, el exdirector de finanzas Carlos Ignacio Sagasta, y la propia Portela.

Por su parte, tanto Castellanos como Portela han demandado a Vodafone por daños al honor por responsabilizarles del fraude del IVA y le exigen una indemnización de 100 millones de euros, y el pago del bonus de 25 millones que cada uno de los dos directivos tenían firmados en sus contratos en caso de venta de la empresa , y cuyo desembolso fue congelado por la empresa británica cuando se destapó el escándalo fiscal.

Vodafone anunció la compra de Ono por 7.200 millones de euros en marzo pasado, pero no tuvo constancia de la investigación realizada por las autoridades españolas sobre el presunto fraude fiscal del IVA hasta un poco antes de completar la operación de compra, el 23 de julio. En ese momento, decidió romper la relación laboral con la cúpula directiva de Ono, a los que había firmado un contrato de alta dirección cuando realizó al compra para facilitar la fusión de ambas compañías.