¿Hay alguien a los mandos?

El 1 de abril de 2014 entró en vigor la normativa que regula el nuevo sistema para determinar el coste de energía de la factura de electricidad, el Precio Voluntario para el Pequeño Consumidor (PVPC) que sustituye a la anterior Tarifa de Último Recurso (TUR) y se aplica en la factura eléctrica de los consumidores con una potencia contratada no superior a 10 kilovatios y que estén acogidos al PVPC. La evolución de la tarifa en los 15 meses transcurridos desde entonces ha sido un aumento del 27,30%. La estructura del mix de generación con elevada presencia de energías renovables hace que con este método el precio del mercado varíe en función de la cantidad de recurso renovable (agua, viento y sol) disponible en cada momento, lo que introduce una elevada volatilidad de los precios de la electricidad.

Los usuarios con contador con discriminación horaria pagarán en función de su consumo y del precio del mercado en cada hora. De estos contadores, cuyo precio es de 43 euros —más 10 euros de instalación— disponen siete millones de hogares. En teoría, si el consumidor hubiera dispuesto de un contador de estas características hubiera podido tener un fiel reflejo en su factura del coste de su suministro eléctrico según el precio de la electricidad alcanzado en el mercado eléctrico; pero de los siete millones de contadores, supuestamente inteligentes, muy pocos están habilitados para esta función. Así que, para obtener el precio que le corresponde pagar a cada consumidor es obligado aplicar el precio de cada hora del mercado a un perfil de consumo estándar establecido normativamente y del que solo existen tres tipos que pretenden recoger todo el universo de pautas de consumo de los consumidores.

Durante los meses de abril, mayo y junio de 2015 año los precios han alcanzado la cifra de 61,24 euros/megavatio hora, que respecto al precio medio del trimestre anterior no supone apenas variación. Si la comparación se realiza con los mismos meses del año anterior el aumento se eleva al 19,21%. Lo peor está por llegar, pues en los meses de verano y otoño, debido a la menor presencia de energías hidroeléctricas y renovables en el sistema eléctrico, su escasa producción esperada hace tender al alza los precios, como ya se ha visto en el pasado mes de junio y en lo que va de julio con las olas de calor soportadas, con poca aportación de energías renovables, y con crecimientos importantes de la demanda, por lo que son de esperar aumentos importantes.

El Consejo de Ministros ha aprobado por real decreto ley una disminución en los costes de las actividades reguladas del sistema eléctrico del entorno de un 4%. Esta rebaja de la parte regulada del recibo se traduce en una disminución media de la factura del 2,2%, una bajada que se va a aplicar durante los meses que quedan del año 2015, es decir, entre los meses de agosto y diciembre.

En el Real Decreto Ley 9/2013, de 12 de julio, se establece una regla de estabilidad financiera que limita la introducción de nuevos costes en el sistema eléctrico sin que venga acompañada de un aumento equivalente de los ingresos. A sensu contrario, si se disminuyen los ingresos deberán reducirse los costes. Resulta de dudosa legitimidad y sorprende que unos costes reconocidos, que responden en su cálculo a una metodología previamente establecida, puedan verse reducidos solo por intereses electorales sin que en nada hayan variado los factores explicativos de dichos costes. Si bien puede ser cierto que ya no se generan en el año nuevos déficits de tarifa, después de las medidas regulatorias abordadas, el déficit acumulado sigue existiendo y amortización debe seguir haciéndose a través de la tarifa.

Ante todas las anteriores incoherencias nos preguntamos si existe entre nuestros responsables energéticos alguien con la visión global suficientemente nítida, compartida a través de un pacto político con horizonte de largo plazo, que evite estos despropósitos. Es decir, ¿hay alguien a los mandos?

Alberto Carbajo es consultor internacional de energía.