Explosión y frenazo en seco

A mediados de la década pasada España se convertía en un país ejemplar en el desarrollo de las energías renovables. Con el respaldo de la Administración, tanto normativo como de incentivos, algunas empresas domésticas supieron adelantarse a grandes grupos internacionales, colocándose en la vanguardia mundial en este tipo de explotaciones. ¿Qué ha pasado para que diez años después se esté registrando una auténtica lluvia de demandas contra la Administración española, que provienen no solo de puertas adentro, sino de un gran número de instituciones de medio mundo que acudieron a la llamada de unas amortizaciones muy sugerentes para sus inversiones?

Dos “viejos rockeros”, como se presentaron ellos mismos en el curso de unas jornadas organizadas recientemente por la Universidad Politécnica de Madrid, Josep Piqué, ministro de Industria entre 1996 y 2000, y Claudio Aranzadi, su antecesor de 1988 a 1993, se acercaron bastante a la respuesta con esta anécdota: a diferencia de otros ministros, “sobre todo de Educación”, que apenas habían mantenido una relación cercana tras dejar sus responsabilidades al frente de sus departamentos, los de Industria han desarrollado, sin embargo, una proximidad especial que Piqué justificaba en el hecho de haber tenido que hacer frente al sector energético español. Un sector, y esto ya es cosecha propia, tras el que se encuentra uno de los lobbies más poderosos de la economía nacional.

La historia más reciente de las energías renovables se inicia con la ley de 1980, cuyo objetivo era “potenciar la adopción de fuentes de energía renovables, reduciendo en lo posible el consumo de hidrocarburos y en general la dependencia exterior de combustibles”. Pero no fue hasta finales de 1994 cuando un real decreto encauzaba las instrucciones del Plan Energético Nacional 1991-2000 con el que, entre otras cosas, se pretendía aumentar la contribución de los autogeneradores a la generación de energía eléctrica y pasar del 4,5% registrado en 1990 al 10% en 2000.

En 1997 se fijaba ya el objetivo del 12% para la aportación de las energías renovables a la demanda energética de 2010. Aunque fue a partir de 2004 y, sobre todo tras el real decreto de 2007, cuando se dio una gran aceleración al desarrollo de instalaciones fotovoltaicas bajo el paraguas de las denominadas “primas de referencia”. En poco más de un año, la potencia fotovoltaica instalada en España pasó de los 400 megavatios (los que se habían puesto como meta para 2010) a los 3.116 megavatios de verano de 2008. A partir de ahí otro real decreto ya derogado ralentizó ese crecimiento con la suspensión de las convocatorias de registros de nuevas plantas fotovoltaicas. Aun así, entre la primavera de 2007 y el verano de 2010 el crecimiento de la potencia de estas instalaciones fue del 800%. Todo lo contrario a lo ocurrido en 2014, con la puesta en marcha de 43 megavatios renovables, cuando en 2013 fueron 2.882 y en 2012 unos 2.300.

A partir de ahí empiezan las “rebajas”, las quejas y denuncias por parte de los afectados por esta expansión y por los perjudicados por los recortes iniciados con la “moratoria renovable”. Las primas, a las que se considera responsables del déficit de tarifa, y la necesidad de mantener una potencia de respaldo con energías tradicionales son los principales caballos de batalla de los primeros. Hace un año se presentaron varias denuncias anónimas ante la Dirección General de la Competencia de la Comisión Europea, calificando parte de las primas recibidas por las energías renovables en los últimos años como ayudas de Estado ilegales. Entre 2008 y 2013 las primas de régimen especial han superado los 42.000 millones de euros y la cantidad fijada inicialmente hasta el final de la vida útil de las plantas es de 200.000 millones.

Como defensa

Los titulares de estas últimas, además de recordar que las tecnologías energéticas desarrolladas, incluso las más tradicionales como las que explotan el carbón y el crudo, recibieron en sus primeros momentos el respaldo público, niegan la mayor y señalan que “las renovables podrían competir desde hace tiempo si la generación con combustibles fósiles incluyera en sus costes totales las externalidades en las que incurren, como son, por ejemplo, las asociadas al medio ambiente o la salud”, una antigua reivindicación de la Asociación de Empresas de Energías Renovables (APPA), corroborada recientemente por la Agencia Internacional de Energías Renovables en su informe sobre los costes de generación.

Es más, según sus cuentas, el sector generó en 2013 ahorros en el sistema eléctrico por valor de 9.197 millones de euros, superiores en 2.484 millones a las primas que recibieron (6.713 millones). Incluso señalan que el abaratamiento neto acumulado derivado de la existencia de energías renovables entre 2005 y 2013 fue de 4.931 millones de euros.

En el estudio del Impacto Macroeconómico de las Energías Renovables en España en 2013, publicado por APPA, destacan que además de aportar 9.496 millones al PIB (0,93%), el sector realizó una contribución neta fiscal de 1.163 millones, mejoró en 3.073 millones la balanza energética, invirtió 248 millones en I+D+i, evitó importaciones por 7.309 millones, ahorró 252 en derechos de emisión y empleó a 93.415 trabajadores.

En cuanto al futuro de las renovables, cada vez son más y más variadas las voces que se levantan frente al maremágnum normativo de los últimos años y reclaman un “pacto de Estado” de la energía. José María González Moya, director general de APPA, cree que “los partidos políticos deben consensuar el modelo energético del futuro en función de los recursos del país y de nuestro compromiso en la lucha contra el cambio climático”. Y, por supuesto, garantizar un marco regulatorio adecuado, pues las últimas reformas “han cambiado radicalmente las condiciones sobre las que se hicieron las inversiones y han sumido al sector en una total inseguridad jurídica, impropia de un país desarrollado, al aplicar medidas retroactivas. España es el lugar con más litigios internacionales en materia de energía”, afirma.

En APPA están convencidos de que “si el Gobierno no cambia radicalmente su política energética, España seguirá perdiendo su liderazgo en el sector de las renovables y no alcanzará sus compromisos europeos en materia medioambiental de cara a 2020, algo denunciado por la propia Comisión Europea”.