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UGT pide usar el 50% de la lucha contra el fraude en políticas de empleo

El sindicato dirigido por Cándido Méndez pide reestructurar y reforzar la protección contra el paro

Manuel V. Gómez

UGT reclama al Gobierno que destine a políticas activas de empleo el 50% de lo que recaude cada año en lucha contra el fraude. Es decir, si en 2014 lo recaudado ascendió a 12.318 millones, se debería haber emplear 6.159 en guiar a los desempleados, elaborarles itinerarios de inserción laboral, ayudarles a buscar trabajo o impartirles cursos de formación y reciclaje. Esto el año pasado habría supuesto un incremento del presupuesto de políticas activas español del 50%, ya que en 2014 quedó en 4.074 millones.

Esta propuesta forma parte de un paquete más amplio que este lunes ha presentado el sindicato dirigido por Cándido Méndez para mejorar y ampliar la cobertura a parados. La intención de la central, según ha explicado el secretario de Acción Sindical, Toni Ferrer, es llevar sus propuestas a las mesas del diálogo social para debatirlas.

En principio, según ha explicado Ferrer, las demandas de UGT no chocan con la reclamación que tanto esta central como CC OO tienen recogida en la iniciativa legislativa popular (ILP) que han presentado en el Congreso de los Diputados en la que se regula la implantación de una renta mínima para dos millones de personas.

“Nuestro sistema de protección por desempleo ha fracasado en esta crisis. Está pensado para crisis de duración más corta. Por eso planteamos la revisión del conjunto del sistema. Habría que recuperar prestaciones que habrían desaparecido [en referencia a los recortes de 2012, que acabaron con un tipo subsidio y endurecieron el acceso a otros y a la renta mínima de inserción], y revisar los criterios que tiene actualmente el plan PREPARA y el programa de diciembre [la última ayuda para desempleados de larga duración aprobada a finales de año y puesta en marcha a mitad de enero]”, ha apuntado Ferrer, que ha advertido que esta última está teniendo menos impacto del previsto.

Según ha señalado el sindicato sobre este programa, la previsión del Ejecutivo era que entre el 15 de enero y el 15 de julio hubiera 150.000 beneficiarios y hasta mayo solo hay 49.000.

En su intervención ante la prensa, Ferrer ha lamentado que “la Unión Europea no tiene políticas específicas para desempleados de larga duración”. “La primera cita [a este problema] de la Comisión fue a finales de diciembre”, ha abundado, que ha afirmado que, de momento, solo hay un anuncio “que dice que se van a desarrollar políticas específicas sobre los parados de larga duración”.

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Sobre la firma

Manuel V. Gómez
Es corresponsal en Bruselas. Ha desarrollado casi toda su carrera en la sección de Economía de EL PAÍS, donde se ha encargado entre 2008 y 2021 de seguir el mercado laboral español, el sistema de pensiones y el diálogo social. Licenciado en Historia por la Universitat de València, en 2006 cursó el master de periodismo UAM/EL PAÍS.

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