Las agresiones y amenazas en las oficinas de empleo se triplican en 2015

La lacra del desempleo ha convertido el puesto de funcionario de una oficina del antiguo Inem en una profesión de riesgo. Las oficinas de atención al público de la Administración —sobre todo las de empleo, Seguridad Social y la Inspección de Trabajo— comunican al menos un caso diario de amenazas y agresiones físicas, según los datos de 2014 recogidos por CSIF, sindicato con gran presencia en la función pública. Los casos de violencia en las oficinas de empleo, además, se han triplicado en el primer trimestre de 2015 con relación al mismo periodo del año anterior debido en buena parte a la nueva prestación de desempleo.

"Tal y como reconoce la propia Administración, uno de los motivos de este incremento es la implementación de la nueva prestación por desempleo (Programa de Activación para el Empleo PAE) y la frustración que genera en muchas personas su denegación", señala CSIF.

De hecho, una de las principales causas de incidentes comunicadas por empleados consisten en la denegación de solicitudes de prestaciones o subsidios. El pasado 26 de marzo, por ejemplo, un cliente agredió con un bate de béisbol al trabajador del INEM en Calasparra (Murcia), cuando en la oficina se negaron a darle una ayuda por falta de documentación. Dos semanas más tarde, en Santa Cruz de Tenerife, una usuaria apuñaló a una directora de oficina y a su hija cuando volvían de desayunar. Pero hay otras situaciones que encienden la mecha: que el usuario no esté de acuerdo con la información recibida que le ha dado el empleado público, la petición de documentación o cuando el ciudadano se presenta en la oficina sin cita previa o fuera de hora. 

Los casos pueden ser de lo más rutinarios. El pasado 16 de abril, un empleado de una oficina madrileña cerraba a las 16.30 su administración, cuando el agresor se coló sin permiso. El funcionario le informó de que el horario de atención al público era de nueve de la mañana a dos de la tarde, pero el individuo, no atendiendo a razones, comenzó a darle puñetazos hasta verlo en el suelo. El trabajador sufrió contusiones varias en la cabeza y la mano, rodilla y codo, así como un importante síndrome post-traumático. Hoy sigue en baja. El sindicato pide para todas estas oficinas más seguridad. "Queremos que la violencia se contemple como objeto de acción preventiva y que se evalúe como factor de riesgo en el marco legal", ha explicado Miguel Borra, presidente del CSI-F.

El informe recoge los primeros datos oficiales de violencia física y verbal, insultos, descalificaciones, amenazas y daños contra el mobiliario de oficina, tras una primera campaña de denuncia llevada a cabo en 2013. En concreto, se han comunicado un total de 357 casos en 12 ministerios u organismos, de los cuales un 11% corresponden a violencia física. Según CSIF, "la grave situación de paro que afrontan los españoles hacen de las oficinas de empleo uno de los puntos calientes". El año pasado el servicio público de empleo registró 227 comunicaciones de violencia, de las cuales un 26% fueron de carácter físico o verbal-físico.

Grabaciones con el móvil

"Las agresiones se producen más sobre mujeres (un 52% frente al 36,5 de los hombres) porque son mayoría en la plantilla y por su mayor vulnerabilidad", advierte el sindicato. El CSIF añade además que hoy en día "se producen nuevas situaciones que hasta ahora no se habían dado como la grabación por móvil a los trabajadores y la amenaza de difusión en las redes sociales o la realización de amenazas por dichas redes".

El informe de 2014 no recoge la información de las administraciones penitenciaria, pero el sindicato sostiene que las prisiones españoles tiene uno de los índices de agresiones más altos de los funcionarios. Entre 2007 y 2013 se produjeron 2.300 agresiones y el incremento de los incidentes entre antes y después de la crisis alcanza el 37%. CSIF reclama "la inclusión de los funcionarios de prisiones en el Protocolo de Prevención de Agresiones que se está negociando para el conjunto de las administraciones públicas".

El sindicato pide, asimismo varias medidas concretas, como la creación de un "Observatorio de Agresiones a los Empleados públicos" que institucionalice el seguimiento de este problema, entre otras medidas.