El sindicato AST cifra 30.000 afectados por la huelga de técnicos de Teléfonica

Las contratas y subcontratas de la operadora Telefónica-Movistar llevan desde el 28 de marzo en huelga en la Comunidad de Madrid, pero no ha sido hasta este martes cuando sus protestas se han trasladado a nivel nacional, multiplicando además su grito por las redes sociales. El sindicato Alternativa Sindical de Trabajadores (AST), principal convocante del paro indefinido, ha asegurado este miércoles que más de 30.000 usuarios de la operadora ya han sido afectados. Cifra que la empresa ha negado categóricamente, si bien ha reconocido a EFE "ligeros" retrasos en servicios puntuales.

El sindicato busca renegociar el contrato que ofrece Telefónica a los más de 15.000 técnicos, y que, según una nota, obligaría a sustituir a los fijos con “por cadenas de subcontratación”. El sindicato asegura que el acuerdo incluye contratos de 2 a 4 horas, así como jornadas de trabajo de 10 horas diarias. Denuncian, asimismo, que los desplazamiento y herramientas correrían a su cuenta.

Los sindicatos CGT, Co.bas y el vasco LAB también se han sumado a la huelga, mientras que Comisiones Obreras y UGT han llamado a sus contratas, subcontratas y autónomos subcontratados a sumarse el mismo grito dentro de una semana.

Teléfonica ha recordado, aun así, que frente a la huelga, tiene también personal propio para cubrir estas labores, así que no deberían producirse problemas mayores. AST asegura, sin embargo, que el servicio de atención de averías de la compañía no está registrado todos los datos de retrasos, por lo que la cifra real de usuarios incomunicados, en su opinión, superaría los 30.000 hogares. 

La protesta ha tenido, además, el impulso de las redes sociales, gracias en parte al apoyo de Podemos y de su Secretario General, Pablo Iglesias, que ha criticado la labor de la operadora de telefonía. "La precariedad no es la solución al paro. Nadie debe cobrar 700€ por trabajar 10 horas. Mi apoyo a los trabajadores".

El día antes de que el paro adquiriera carácter estatal, Telefónica informó de que había comunicado a las empresas afectadas la prórroga por tres años de los contratos en vigor, valorados en unos 500 millones de euros anuales, sin hacer una licitación. Con dicha prórroga, informaron entonces fuentes de Telefónica, la compañía expresaba su compromiso con las contratas, "aliadas clave" para continuar con el despliegue de fibra óptica hasta el hogar, y evitaba que el sector "entre en una espiral de competencia en precio que acabaría por precarizar la actividad y pondría en jaque la estabilidad de una industria".

Según los sindicatos, Telefónica-Movistar y sus contratas (Abentel, Cotronic, Cobra, Comfica o Elecnor) apuestan desde hace años por una estrategia de substitución de la plantilla fija "por cadenas de subcontratación en la que cada nuevo eslabón sufre condiciones más precarias que el anterior". Al final de la cadena se encuentra un número cada vez mayor de autónomos.