El ajuste permanente

Corría el año 1985 cuando un numeroso grupo de empresas, nada menos que 625 entidades, formaban el mercado del seguro español. Era la antesala de la entrada del país en la Unión Europea, un año que recuerdan en el sector porque fue el desencadenante de una crisis y de una primera reordenación del negocio. Su tamaño era otro. Con casi la mitad de sociedades que ahora –no llegaban a los 50 millones de pesetas de primas–, la recaudación superaba ligeramente el medio billón de pesetas. Nada que ver con los casi 55.500 millones de euros que ingresó el sector por primas del negocio directo en 2014.

Después vendría una etapa dominada por el control de los bancos y la entrada de multinacionales de otros países, como también la internacionalización de algunas de las compañías de mayor tamaño. El seguro estaba cambiando a la velocidad de los tiempos, aunque la paradoja de la fuerte atomización del sector se ha combinado con la alta concentración del negocio “donde los 10 primeros grupos empresariales de cada ramo han acaparado altos porcentajes de cuota en cada uno de ellos”, señala Andrés Romero, director general de Santalucía Seguros.

Unos porcentajes que, asegura Romero, “no han variado básicamente en los últimos años, a pesar de la larga crisis sufrida que ha implicado, entre otros, un cambio radical en el mapa financiero y bancario”. Este cambio, dice, ha afectado a la configuración del sector asegurador, un modelo de negocio en el que se combinan los negocios de banca y seguros, donde la aseguradora utiliza el canal de distribución del banco para comercializar sus pólizas. Desde una perspectiva histórica, el sector se ha transformado radicalmente en los últimos 30 años, desde las actividades de cobertura de riesgos en general hasta una diversificación del negocio típico.

En todo caso, como señalan desde Mapfre, “la principal labor del sector ha sido, y sigue siendo, la cobertura de riesgos, ya sean personales o empresariales”. Y añaden: “Es cierto que existe un tipo de seguros, los de vida, que tienen un componente más financiero y que han experimentado un incremento significativo en los últimos años. No obstante, la penetración de este tipo de pólizas en la población española todavía es muy inferior a la de otros países de nuestro entorno y tiene todavía un amplio recorrido”.

El mercado asegurador, como la sociedad y la economía española, se ha apuntado también a la globalización, y en esa tendencia es donde encajan productos más financieros y otros relacionados con las nuevas tecnologías. Es la opinión de Mapfre, donde destacan que “los planes de pensiones y fondos de inversión son una parte minoritaria del negocio de las aseguradoras, aunque está creciendo, y es previsible que la comercialización de productos complementarios a la jubilación pública se desarrolle más en el futuro”.

Los seguros contribuyen fiscalmente a las arcas del Estado con cerca de 8.000 millones de euros, representa el 6% del PIB y emplea a 46.000 trabajadores, según Unespa

La evolución del sector hacia los productos financieros tiene su motivación, según Romero, en “múltiples razones, y todas consecuencia de los efectos sociales y económicos de una crisis prolongada”. En el caso del negocio de vida, la oferta ha ido sufriendo cambios acorde con el mercado y los tipos de interés bajos, “también del perfil del ahorrador”, según Romero. La inclusión de productos financieros en la oferta de las aseguradoras se justifica, como señala un experto, en que se trata de productos de capital diferido con rentabilidad garantizada que invierten en renta fija, donde el sector ha estado presente de forma habitual.

Sin embargo, “la tendencia a la baja de los tipos ha obligado a buscar nuevas ofertas de productos, más orientadas al riesgo y la renta variable, para beneficiar la rentabilidad final obtenida del cliente ahorrador”, opina Romero. Como consecuencia, el número de asegurados en el ramo de vida ha disminuido en el último año un 1,42% en vida riesgo y un 1,09% en ahorro. No obstante, “el número de partícipes en planes de pensiones gestionados por entidades aseguradoras ha crecido aproximadamente un 15%”, añade Romero.

La industria aseguradora ha adelgazado en la crisis, se ha dejado por el camino casi un centenar de empresas entre liquidaciones, absorciones e integraciones. Permanecen con actividad 262 compañías. Al cambio en el mapa español de entidades no ha sido ajena la Unión Europea, donde solo en los Países Bajos, por poner un ejemplo, desaparecieron 128 empresas.

El estudio European insurance in figures, que elabora Insurance Europe, da buena fe de la convulsión sufrida en el sector en los siete años de crisis económica. En el caso español, el descenso en el número de entidades ha seguido la estela del resto de Europa, aunque ha contado, además, con otros problemas puntuales, como la reestructuración bancaria y la consiguiente reordenación de los grupos financieros, que ha arrastrado a las compañías de seguros.

Una cura de adelgazamiento que no ha venido mal al sector si se piensa que, desde un punto de vista empresarial y técnico, uno de los perjuicios era (y sigue siendo) la fuerte atomización, con 320 empresas vendiendo seguros y donde las 30 primeras representan el 90% del mercado. Como apunta un estudio de la consultora Tatum, una crisis “como la suma de dos crisis simultáneas y globales: financiera y económica, que se realimentan”. Pero, por si no fuera suficiente, otro asunto pendiente ha jugado casi tan fuerte como ambas.

Se trata de la regulación normativa que impone la Unión Europea en forma de directiva, o Solvencia II, que previsiblemente entrará en funcionamiento en enero de 2016. En el sector, la opinión dominante apunta a que será la puntilla que obligue a las pequeñas compañías a afrontar procesos de fusión o, incluso, de liquidación, dadas las dificultades de los requisitos financieros de la norma.

La supervivencia de las pequeñas compañías será posible si la UE se muestra más flexible, aunque solo con carácter temporal. Si el pago de las cuotas patronales es un problema, la implantación o adaptación a la nueva regulación puede llegar a ser una barrera infranqueable para las pequeñas, a tenor de los 4.000 millones de euros de costes que estima la Comisión Europea para la adaptación.

En los últimos tres años, el ajuste sectorial ha seguido en buena parte el ritmo del proceso de transformación de las entidades financieras. La normativa de Basilea III (para los bancos) penaliza las posiciones de control que estén reflejadas en los balances bancarios, como también sucede en la dirección contraria en Solvencia II con las compañías de seguros y sus participaciones en la banca. Esta situación ha provocado numerosos cambios en el accionariado de aseguradoras y de bancos y excajas, aunque ambos grupos mantienen acuerdos y alianzas estratégicas.

El sector sale de la crisis como parece que también lo hace la economía. Se trata de un negocio que, a tenor de los resultados, ha estado bien gestionado, lo que le ha valido afrontar la crisis con solidez y solvencia, “con más o menos el mismo volumen de primas que en 2007, y a pesar de la desaceleración que ha sufrido en su crecimiento durante los tres últimos años”, destaca el directivo de Santalucía. Hoy, la actividad aseguradora contribuye fiscalmente a las arcas del Estado con cerca de 8.000 millones de euros, representa el 6% del PIB y emplea a 46.000 trabajadores, según la asociación de las aseguradoras españolas, Unespa.

Ahora, el sector espera superar otra asignatura pendiente, la implantación de la directiva Solvencia II, a la que llega con márgenes de solvencia demostrados en los test de estrés de la UE. Aunque, como destaca un informe de PricewaterhouseCoopers, el seguro no deberá bajar la guardia en un punto clave como es el control de riesgos y del capital, sobre todo a partir de la directiva.