Las ayudas a las comunidades elevan el PIB en 20.000 millones desde 2012

El Banco de España considera que los créditos extraordinarios que el Gobierno ha facilitado a las comunidades autónomas y a los Ayuntamientos durante la legislatura han aportado al PIB unos 20.000 millones de euros y han sumado de media unos 100.000 empleos desde 2012.

El supervisor bancario español acaba de publicar un informe titulado Los mecanismos extraordinarios de pago a proveedores de las administraciones públicas en España donde analiza el impacto que han tenido sobre la economía los sucesivos planes de pago a proveedores y los Fondos de Financiación Autonómica, conocidos como FLA. Estos mecanismos de liquidez que puso en marcha el Ministerio de Hacienda a principios de la legislatura consistían básicamente en unos créditos con vencimiento a 10 años y con unos tipos de interés muy ventajosos. Hacienda los puso en marcha en 2012 cuando la prima de riesgo rampaba hasta máximos históricos y los mercados cerraban de par en par las puertas de la financiación a las comunidades.

Ante la escasez de crédito las administraciones territoriales comenzaron a retrasar los pagos a sus proveedores. Se creó una bola de deuda comercial de hasta 87.300 millones —casi el 9% del PIB— que abocó a muchos pequeños suministradores de las administraciones a la ruina. Las comunidades tardaban en pagar más de seis meses, según los registros de la Plataforma Multisectorial contra la morosidad. Entonces, el Gobierno ideó el plan de pago a proveedores con el que se pudieron pagar 5,6 millones de facturas a través del manguerazo de liquidez de cerca de 30.000 millones que el Estado lanzó a las comunidades y Ayuntamientos a cambio de ajustes —recortes de gastos y subidas de impuestos— para contener los desbocados números rojos que alimentaban la deuda pública.

El año siguiente, el Ejecutivo diseñó otro mecanismo destinado en principio a las comunidades más asfixiadas —el Fondo de Liquidez Autonómica (FLA)— se convirtió en una suerte de rescate a los Gobiernos regionales en apuros financieros. Hacienda amplió estos fondos en 2014 y ha abierto otras líneas de financiación extraordinaria, con un tipo de interés del 0% para 2015 y 2016. En total, en los tres primeros años de legislatura el Estado ha inyectado unos 66.900 millones de euros para que las autonomías y Ayuntamientos pagasen sus facturas, buena parte de ellas conciertos sanitarios, farmacias, contratos de obras, suministros y servicios. Estas medidas “han resultado muy efectivas para dotar de liquidez a los proveedores de las Administraciones Públicas, que habían visto incrementar sus facturas pendientes de pago de forma muy significativa durante la crisis económica”.

Buena parte de estos créditos han ido a engordar la deuda pública puesto que las Administraciones Públicas han cambiado deuda comercial con proveedores por deuda financiera con el Estado. A finales de 2011, el Estado no tenía deuda autonómica. Actualmente el 37% de la deuda regional la posee el Gobierno central, según el Banco de España.

El supervisor realiza diferentes análisis para determinar el impacto de estas medidas sobre la economía. “El impacto positivo de dichos programas [FLA y plan de proveedores] sobre el PIB real podría haber alcanzado unos 0,36 puntos del PIB acumulados en tres años. La información más reciente, correspondiente al tercer trimestre de 2014, muestra una caída de la ratio de obligaciones de pago de las Administraciones con las sociedades no financieras en porcentaje del gasto público de 6,9 puntos desde el último trimestre de 2011, lo que elevaría el impacto sobre el PIB hasta 0,55 puntos acumulados”, calcula el regulador bancario con un modelo que tienen en cuenta la evolución de los créditos comerciales.

Hacienda ha inyectado a las autonomías 66.900 millones en tres años

Pero el impacto es aún mayor si los cálculos se realizan con un modelo matemático que tenga en cuenta el destino de los fondos [a quien se pagan finalmente las facturas, hogares, empresas, bancos]. Según este escenario, el plan de pago a proveedores podría haber generado un efecto positivo sobre el PIB de 0,6 puntos de PIB de forma acumulada hasta 2014 y 0,7 puntos de empleo. Esto se traduce en una aportación a la riqueza nacional de cerca de 20.000 millones y la creación de 100.000 empleos de media durante el periodo. “Esto es el resultado de un aumento del consumo y, sobre todo, de un aumento de la inversión productiva privada”, explica el Banco de España.

“Las distintas estimaciones confirman un impacto positivo significativo sobre la actividad”, apunta el estudio, aunque advierte de que “resulta complejo estimar con precisión su magnitud, dada la variedad de canales sobre los que este tipo de planes han podido operar”.