Políticas digitales de empleo

En un contexto de recuperación incipiente, qué duda cabe que el desempleo sigue siendo el más importante foco de preocupación social y económica en nuestro país. Según el barómetro del CIS correspondiente a enero, el 52,1% de los ciudadanos lo considera el principal problema que existe actualmente en España, y casi ocho de cada diez lo sitúan entre los tres mayores.

La aceleración de un mercado de trabajo que remonta lentamente requiere medidas que aborden los fallos del sistema desde su origen. La empleabilidad de los parados es una de las limitaciones fundamentales cuando se trata de desarrollar un mercado de trabajo más dinámico, y está relacionada con un encaje adecuado entre la cualificación y actitudes de los demandantes de empleo y las necesidades de los oferentes. Este es precisamente el objetivo de las denominadas políticas activas de empleo, que están destinadas a formar y mejorar las capacidades de los desempleados. Estas políticas complementan a las políticas pasivas, centradas en la protección de los trabajadores tras la pérdida del empleo.

Sin embargo, la puesta en marcha de este tipo de políticas no garantiza una ejecución idónea. En ocasiones las políticas activas resultan eficaces a costa de un gasto excesivo, lo que pone en duda su conveniencia frente a otras alternativas. También es habitual que exista poco seguimiento sobre la relevancia o la correcta impartición de los cursos de formación, como ponen de manifiesto varios escándalos recientes. Sin embargo, estas debilidades podrían verse mitigadas por el uso de la tecnología digital en la planificación, la operativa y el seguimiento de estas iniciativas. Este es precisamente el objetivo del reciente estudio del Observatorio ADEI titulado Digitalización y Políticas Activas de Empleo, en el que hemos participado.

El diseño e implementación exitosos de las iniciativas de digitalización de políticas activas no puede obviar las características específicas del desempleo en España. Una de ellas es el alto paro juvenil, para el que el uso de la tecnología es natural. En el caso del colectivo de parados de larga duración, en cambio, es necesario potenciar la alfabetización digital porque está constituido en buena medida por desempleados de más de 55 años cuyas habilidades y conocimientos tecnológicos son, en general, muy limitados. Sin esta alfabetización digital, la eficacia de las nuevas aplicaciones se verá comprometida.

Por otro lado, también es preciso considerar posibles cambios de estrategia en la asignación de recursos públicos para políticas activas de empleo, aumentando su dotación a cambio de una mayor exigencia en resultados, para lo que existen distintas fórmulas a aplicar, desde la colaboración público-privada hasta la creación de un sistema de cheques de formación que incentive la especialización y la competencia entre proveedores. También en este ámbito la tecnología digital puede aportar mejoras significativas. Por ejemplo, facilitando el seguimiento y evaluación exhaustiva (a un coste razonable) del desempeño de cualquier programa masivo de apoyo a la empleabilidad y reinserción laboral de los desempleados. Los distintos servicios públicos de empleo que operan en nuestro país podrían evitar así inercias que arrastren programas innecesarios o, directamente, contraproducentes, cuando no casos flagrantes de fraude.

Álvaro Martín y Diego Vizcaíno son profesores de Afi, Escuela de Finanzas