El Supremo desestima la demanda de Colonial contra Luis Portillo

La Sala Primera del Tribunal Supremo ha desestimado el recurso interpuesto por los actuales gestores de Inmobiliaria Colonial contra los exadministradores de la sociedad, encabezados por el exconsejero y ex máximo accionista Luis Portillo, a los que reclamaban 330 millones de euros por el perjuicio causado a la sociedad con operaciones de autocartera que realizaron desde marzo de 2007 hasta marzo de 2008.

El Supremo estima que la conducta de los exadministradores no puede enjuiciarse después de los hechos, sino situándose en el momento en que se realizó, “en este caso antes del estallido de la burbuja inmobiliaria” que propició el desplome de la cotización de las propias acciones, “momento en el que no era el que no era predecible la drástica pérdida del valor de las acciones de la empresa”.

Los demandantes entendían que dichas operaciones de compra de acciones propias se habían realizado de forma imprudente “sabiendo o debiendo saber la tendencia bajista de la evolución bursátil de la empresa”. La junta general de accionistas de Colonial autorizó en 2007 operaciones de compra al contado de acciones propias durante un periodo de 18 meses. Solo entre marzo y noviembre de 2007 se llevaron a cabo adquisiciones por un 4,43% del capital.

 La sala tercera del Alto Tribunal ratifica de esta forma el fallo emitido por la Audiencia Provincial de Madrid, aunque discrepa con esta última que había alegado que el acuerdo aprobado por la junta de accionistas de Colonial respecto a dicha compra de acciones propias no precisaba "los administradores responsables, la conducta imputable y el daño ocasionado".

El Supremo señala de forma contraria a lo indicado por la Audiencia, que el acuerdo de la Junta sí identificaba la conducta y a los administradores responsables, pero no considera delito su actuación.

Luis Portillo, a través de su sociedad Inmocaral, se hizo con el control de Colonial en 2006 mediante el lanzamiento de una oferta pública de adquisición de acciones (OPA) valorada en 3.760 millones de euros. Dos años después, en 2008, ante la imposibilidad de afrontar el endeudamiento, cuatro bancos extranjeros acreedores de Portillo ejecutaron su deuda, tomaron el control de Colonial y lanzaron esta acción de la responsabilidad social contra su exaccionista, que ahora rechaza el Supremo.Portillo abandonó sus cargos en Colonial a finales de 2007.