Cristales rotos en Kutxabank

Gregorio Villalabeitia apenas llevaba una semana como presidente de Kutxabank cuando el director de Recursos Humanos de la entidad, Fernando López de Eguilaz, le confesó que Mario Fernández, su antecesor en el cargo, había ordenado en febrero de 2012 que se pagara 6.000 euros cada mes al socialista Mikel Cabieces, en paro tras abandonar el cargo de delegado del Gobierno vasco en Euskadi. Como ya vencía el contrato dispuesto por Fernández en favor de Cabieces —mediante la fórmula de un incremento a la iguala que el banco vasco mantenía regularmente con el despacho laboralista de Rafael Alcorta, en Bilbao—, Eguilaz preguntó a Villalabeitia si continuaba con el pago. Fue entonces cuando el presidente de Kutxabank ordenó una rápida auditoria interna. Ahora, la fiscal de Bizkaia ha pedido la imputación para Fernández, Cabieces y Alcorta.

Cuando la investigación confirmó la existencia del pago, el presidente reunió al consejo de administración. Aquel 18 de diciembre les comunicó el alcance de la irregularidad por un importe de 243.592 euros, pero sin aportar dato alguno del infractor. Además, ninguno de los consejeros mostró curiosidad alguna. Pero Villalabeitia no dudó en comunicárselo como deferencia a Xabier Sagredo, presidente de BBK, en su condición de máximo accionista (57%) de Kutxabank. "Hemos roto un cristal", le dijo con un tono rotundo propio del gestor implacable aunque, quizá, sin reparar en las consecuencias de la tormenta política, financiera y judicial que se ha desatado en Euskadi.

"Actuó como un consejero delegado, no como un presidente", admiten fuentes solventes de la entidad vasca, donde se recuerda que Villalabeitia (Barakaldo, 1951), exdirectivo del BBVA y socio de la empresa de cazatalentos Seeliger y Conde, donde coincidió con Esperanza Aguirre, "llevaba mucho tiempo fuera de la gestión y, sobre todo, de la realidad del País Vasco".

Pero Villalabeitia, avalado por el PNV en un regreso profesional a casa y con un sueldo de 800.000 euros, llegó a Kutxabank sabiendo los motivos que propiciaron el abrupto abandono de su antecesor. Mario Fernández, enrocado en una dirección personalista que le permitió identificar al banco vasco como "mi obra", había perdido en el pasado otoño el apoyo nacionalista en su personal cruzada de fiar la solidez futura del banco a la venta de acciones. Bastó que el lehendakari Urkullu le desautorizara para que poco después presentara su renuncia, a finales de noviembre. Es ahí donde sectores internos de Kutxabank atribuyen la revelación del pago a Cabieces como un cierto afán del nuevo presidente de afear públicamente a su antecesor.

Villalabeitia obligó a Fernández a devolver los 243.592 euros e informó al BCE

Como prueba de su nula relación personal, Villalabeitia desveló en un improvisado encuentro personal con Fernández el alcance de la irregularidad y le pidió que devolviera el dinero, como así hizo al día siguiente. Pero Villalabeitia no le informó de que ya ha denunciado el caso al Banco de España y al Banco Central Europeo (BCE). Fernández se siente "profundamente indignado" hasta el punto de que al salir de su declaración ante la fiscal denunció que Villalabeitia "no quería solucionar nada" y avanzó que estudiaría posibles acciones legales.

Bajo la tormenta, los principales directivos de la entidad ven su puesto en peligro en medio de una catarata de nuevas auditorías internas y del anuncio de Villalabeitia "cueste lo que cueste" de promover un mayor dividendo. Toda una declaración de intenciones en sentido opuesto a la trayectoria de Kutxabak bajo el mandato de Fernández, que ha demostrado ser la entidad más solvente pero con un escaso ratio de eficiencia de 2,3 % cuando la media llega al 7%.

Precisamente este giro estratégico justificará la próxima elección de un consejero delegado, figura ahora inexistente. Así, quedaría definitivamente ninguneado Ignacio Sánchez Asiain, actual director general de Negocio e hijo del expresidente del BBV. Estos movimientos internos coincidirán con las primeras decisiones que tomará la juez Ana Isabel Álvarez Fernández. Además, en la petición fiscal se requiere una investigación de los pagos que Iberdrola venía realizando desde 2012 a Cabieces, aunque se trata de dos contratos absolutamente distintos y reconocidos ante Hacienda en las declaraciones de Renta del político socialista, que ha pedido su baja en el partido.