El juez fija en 800 millones la fianza a la antigua cúpula de Bankia

La salida a Bolsa de Bankia, la entidad producto de la fusión de siete cajas, entre ellas Caja Madrid y Bancaja, provocó un enorme fiasco y se hizo falseando la información sobre su situación real, según sostiene el juez Fernando Andreu. En su última resolución, el magistrado fija, contra el criterio de la Fiscalía, una fianza de 800 millones de euros de forma solidaria a la entidad, a BFA “como accionista único de Bankia”, y a su antigua cúpula directiva —Rodrigo Rato, Francisco Verdú, José Manuel Fernández Norniella y José Luis Olivas— para asegurar las responsabilidades que se pudieran acordar en sentencia tras el proceso abierto por este caso.

Ese falseamiento de la situación real de Bankia provocó un colosal perjuicio para los 350.000 pequeños inversores que desembolsaron 1.800 millones de euros en julio de 2011 por la compra de acciones. Sólo 10 meses después, la entidad tuvo que ser rescatada con dinero público (más de 22.400 millones de euros) y los accionistas vieron como el valor de su adquisición (3,75 euros por título) se desplomaba hasta acercarse a cero.

El magistrado encuentra en la actuación de la directiva de Bankia suficientes indicios del delito tipificado en el artículo 282 del Código Penal, que castiga con hasta cuatro años de cárcel a quienes falsearan la información económica contenida en los folletos de emisión de instrumentos financieros. Andreu llega a esta conclusión tras el informe de dos peritos del Banco de España sobre el falseamiento de los datos de la entidad. La cúpula de Bankia infló artificialmente en 544 millones los recursos propios y un año más tarde falseó sus cuentas ocultando unas pérdidas de 2.083 millones, según los peritos.

El magistrado sostiene que los directivos de Bankia aprobaron un folleto informativo dirigido a los inversores minoristas “cuya veracidad esta cuestionada con sólidos y fundados indicios” donde se contenía un “relato incompatible con la verdad”. Andreu calcula la fianza en relación con el daño ocasionado a los pequeños accionistas pues entiende que los inversores del tramo institucional, que invirtieron 1.200 millones de euros, conocían “otros aspectos complementarios tanto de su inversión como de los riesgos, teniendo conocimientos más amplios de los que tienen los minoristas”. Algunas entidades, como Mapfre, ya han declarado que si el juez determina que ha habido engaño, presentarán demandas para recuperar su inversión.

Los 800 millones de la fianza corresponden a un tercio del perjuicio a los minoristas (600 millones) más un tercio de dicha cantidad, como marca la Ley. El juez recuerda que esa cifra podrá aumentar o reducirse en función de la evolución del proceso.

Las acciones se revalorizan un 5,5%

La resolución supone un duro golpe para Bankia dado que el juez asume las conclusiones de los dos peritos del Banco de España aunque la decisión no implica que Bankia tenga que realizar provisiones específicas en sus cuentas, sino entregar un aval bancario por la cantidad que le corresponda.

El auto del juez Andreu también cuestiona de alguna manera el papel desempeñado por el Banco de España, como supervisor de las cuentas, ya que éstas son la base con la que se redactó el folleto para la salida a Bolsa. Esta anómala situación afecta mucho más a la Comisión Nacional del Mercado de Valores porque su misión específica es cerciorarse de la veracidad de los datos comprendidos en el folleto que emitió Bankia.

Tras conocerse el informe de los peritos del Banco de España y antes de la resolución del juez Fernando Andreu, el Ministerio de Economía calculó que las reclamaciones podían llegar a los 600 millones. Pero el nuevo auto judicial sugiere que el escenario de reclamación abarca a la inversión total de los inversores minoristas, 1.800 millones. El magistrado aclara que la cantidad definitiva “es muy difícil de cuantificar porque depende de cuándo compró cada accionista y cuando vendió sus títulos” o si todavía los mantienen aunque depreciados. El Gobierno tiene decidido asumir un porcentaje del dinero que Bankia deberá pagar por las demandas que presenten los accionistas del tramo minorista.

El juez Fernando Andreu ha fijado en 800 millones las fianzas solidarias en concepto de responsabilidad civil a la antigua cúpula de Bankia para asegurar las eventuales responsabilidades que se puedan acordar como conclusión de la causa en la que se investiga la fusión y salida a bolsa de la entidad. La fianza se requiere a Bankia, al Banco Financiero de Ahorros y a Rodrigo Rato, Francisco Verdú, y José Manuel Fernández Norniella y José Luis Olivas.

"Los estados financieros contenidos en el folleto de la OPS de Bankia no expresaban la imagen fiel de la entidad", expresa el juez en su auto. Bankia ha anunciado que recurrirá la fianza, que de momento no le ha pasado factura en la Bolsa: sus acciones han subido un 5,5% hoy.

El titular del Juzgado Central de Instrucción número 4 considera que se ha podido cometer un delito tipificado en el artículo 282 del Código Penal, que castiga a quienes como administradores de hecho o de derecho de una sociedad emisora de valores, falsearan la información económica financiera contenida en los folletos de emisión de cualesquiera instrumentos financieros, con el propósito de captar inversores o depositantes.

Según el juez, del informe pericial obrante en las actuaciones se desprende "con toda rotundidad que los estados financieros contenidos en el folleto de la OPS de Bankia no expresaban la imagen fiel de la entidad". Una conclusión que ni siquiera contradice el informe realizado a instancias de la parte querellada, tal como sostiene.

Para Andreu hay indicios de la comisión de este delito, ya que en primer lugar se produjo una falsedad puesto que los estados financieros de Bankia y el Banco Financiero de Ahorros desde su constitución no expresaban la imagen fiel de dichas entidades. Se trata de una falsedad, "al tratarse de un relato incompatible con la verdad".

El juez considera que tampoco fue veraz la explicación contenida en el folleto informativo dirigido a los inversores minoristas, "pues las negociaciones con los del tramo institucional tienen otro recorrido, dado que los mismos conocen otros aspectos complementarios tanto de su inversión como de los riesgos, teniendo conocimientos más amplios de los que tienen los minoristas", motivo por el que, sin perjuicio de salvaguardar los intereses de los inversores institucionales, la estimación que se hace con carácter provisional es de asegurar las legítimas expectativas de los citados accionistas minoristas.

De esta forma, se estima proporcionada, adecuada y justificada a los fines la cantidad de 800 millones, que sería una tercera parte de la suma invertida por los accionistas minoritarios (1.800 millones) es decir, serían 600 más un tercio de dicha cantidad, por lo que la cifra asciende a 800. El juez recuerda que la ley permitirá ampliar o reducir esa cifra, según la evolución del proceso judicial. A los cuatro exmiembros del Consejo de Administración se les requiere en tanto que fueron responsables del acuerdo adoptado en la reunión del consejo de administración de Bankia de 15 de junio de 2011 que supuso la aprobación de los Estados financieros que fueron incorporados al folleto informativo de la salida a bolsa, "cuya veracidad esta cuestionada con sólidos y fundados indicios".