El PP exige a la CNMC que no obligue a Telefónica a compartir su fibra
Los populares acusan a Competencia de poner en riesgo la inversión
El Grupo Parlamentario Popular ha presentado una iniciativa en el Senado en la que exige a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) que de marcha atrás en su propuesta de obligar a Telefónica a compartir su nueva red de fibra óptica, y advierte que "una desproporcionada intervención regulatoria" pondría en peligro miles de millones de inversión y miles de puestos de trabajo.
En su moción, que se alinea punto por punto con las tesis de Telefónica, el PP indica que obligar a la operadora española a ceder a la competencia a precio regulado, el servicio de fibra óptica que está desplegando por todo el territorio nacional, puede traer como consecuencia que esta compañía deje de invertir en España durante el año 2015 alrededor de 800 millones de euros.
"Además, se producirían otras consecuencias indeseadas, como es el frenazo que supondría la extensión de la red de fibra óptica en todo el territorio nacional, produciéndose una España a dos velocidades, una que contaría con fibra y otra asociada a la red de cobre, lo que va en contra de la filosofía y de la letra de la ley", indica el texto al que ha tenido acceso este diario.
El PP, en un duro lenguaje, advierte de "la espiral de consecuencias indeseadas" que puede afectar, no solo a los 30.000 empleados que en la actualidad trabajan en Telefónica, sino también, a los 10.000 puestos de trabajo indirecto que el despliegue de fibra óptica estaba generando a través de las empresas suministradoras y subcontratistas de obra civil.
Vodafone y Orange, sorprendidos por la intervención del Partido Popular
"Ello en un momento en el que España empieza a crear empleo, aun cuando la elevada tasa de paro, sigue constituyendo el principal problema de la economía y de la sociedad española", precisa el PP en la moción. Y añade: "No parece acorde con los intereses generales del país, que en un momento de cambio de ciclo económico y de creación de empleo, se vea privado de una inversión tan importante, tanto directa (800 millones que se desplazaría hacia otros mercados extranjeros), como indirectamente (daríamos ventajas competitivas a otras economías frente a la nuestra), por una postura que carece de perspectiva económica y que se aleja de otros objetivos que persigue la Ley General de Telecomunicaciones".
La moción del PP ha causado estupor en los rivales de Telefónica como Vodafone y Orange que consideran que se trata de una injerencia hacia una legislación que está en la línea de otros países europeos y que pretende que no se reproduzca la situación de dominancia en las nuevas redes, según fuentes de los operadores.
Particularmente grave, les parece que el PP indique que la intervención regulatoria de la CNMC puede tener como "efecto colateral" que Jazztel, Orange y Vodafone dejen de invertir en sus propias redes "ante la falta de incentivos para destinar recursos propios para aumentar sus propias redes, si la red de Telefónica les es accesible a precios regulados". Y es que tanto Vodafone como Orange se han mostrado favorables a la nueva regulación que propone la CNMC y se han reafirmado en sus compromisos de inversión, según las mismas fuentes.
Telefónica ya avisó de que recortará su inversión un 35% y frenará el despliegue en dos millones de hogares como consecuencia de la regulación de la CNMC, tal y como adelantó EL PAÍS.
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