Cirugía fina frente a la impunidad

El juez de la Audiencia Nacional, Fernando Andreu, ha abierto en canal para aplicar una cirugía fina al caso de las tarjetas black de Caja Madrid y Bankia, que puede convertirse en paradigma del descontrol y el saqueo de las cajas de ahorros. Andreu tenía la posibilidad de limitar el caso a los dos presidentes de las entidades, Miguel Blesa y Rodrigo Rato, y al director financiero, Ildefonso Sánchez Barcoj, ya imputados y con fianzas multimillonarias los dos primeros. Sin embargo, ha decidido ampliar la responsabilidad a 78 personas más. Por eso ha imputado los consejeros por participaron en la creación de las tarjetas, así como a todos los directivos que las usaron. En total ha llamado a 81 personas, aunque fueron 82 los implicados, pero una de las usuarias, la popular Mercedes de la Merced, ha fallecido.

Según explica en el auto, que sigue las principales demandas de UPyD, los consejeros pueden ser responsables de administración desleal por colaborar en la existencia de estas tarjetas así como de apropiación indebida por utilizarlas. Mientras tanto, los directivos (y otros usuarios de las black que no son altos ejecutivos) solo responderían de la apropiación por el dinero gastado. El juez se ha visto respaldado por la reciente sentencia del Supremo que considera apropiación indebida el uso de las tarjetas de empresa.

El paso dado por Andreu tiene una gran relevancia y va más allá de lo que solicitaba el fiscal anticorrupción, Alejandro Luzón, partidario de imputar solo a los consejeros. Está claro que el juez también apunta a los que gastaron sin control para asuntos privados (extractos en efectivos, motos, gasolina, barcos, viajes a Tailandia, safaris, restaurantes de cinco tenedores, discotecas, saunas, lencería, etc), quizá consciente de que la sociedad comprende este caso con nitidez y lo ha visto como algo repugnante e insoportable en directivos bien pagados cuando hay más de cinco millones de parados, miles de personas en la pobreza y una economía que está sufriendo un alto endeudamiento en parte por el carísimo rescate de cajas de ahorros mal gestionadas, como Caja Madrid y Bankia.

Fuentes jurídicas creen que el asunto de las tarjetas puede ser más sencillo de juzgar frente a la complejidad jurídica del caso Bankia, donde está en juego la compleja interpretación legal, así como la confusa intervención de supervisores, consejos de administración, auditores y mercado de valores. No obstante, el fraude de las black no está exento de incógnitas y responsabilidades difusas. Consciente de ello, el juez ha demostrado que quiere conocer la opinión de todos los implicados para aclarar las múltiples contradicciones expuestas por Blesa y Rato: ¿Cómo podían ser tarjetas de empresa si no se entregaban justificantes? ¿Por qué los directivos tenían dos tarjetas de empresa? ¿Eran sobresueldos en negro para consejeros y directivos? ¿Los secretarios de los consejos, u otra autoridad en la entidad, dijeron que todo estaba pactado con Hacienda? ¿Se cargaron a la cuenta de errores informáticos para ocultar su existencia? ¿Por qué Rato acabó con las tarjetas en diciembre de 2011 y las volvió a resucitar en enero de 2012 para un grupo selecto?

Las respuestas las pueden tener los que Andreu ha llamado como testigos, no como imputados: el expresidente de Caja Madrid, Jaime Terceiro; Francisco Verdú, exconsejero delegado de Bankia; Íñigo Aldaz , directivo de Caja Madrid y Esteban Tejera, vicepresidente de Mapfre y exconsejero de la entidad. Los tres últimos citados sí las conocieron, las tuvieron en sus manos y no las usaron porque no creyeron que eran legales. Y eso es una denuncia casi insoportable para los que las usaron. El caso de las black es uno de los asuntos jurídicos que más va a golpear a la sociedad por la impunidad de sus protagonistas. Ya está abierto y será un escándalo político porque desfilarán por la Audiencia representantes de los partidos tradicionales y sindicatos en un año que está plagado de citas electorales.