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Los jueces rechazan que Coca-Cola resitúe a despedidos en otras plantas

La decisión de la Audiencia Nacional afecta a 308 trabajadores, la mayoría de Fuenlabrada

Protesta por el cierre de Coca-Cola en Fuenlabrada.
Protesta por el cierre de Coca-Cola en Fuenlabrada.

La Sala de lo Social de la Audiencia Nacional ha considerado "irregular" la readmisión de los empleados de Coca-Cola Iberian Partners en centros de trabajo que supongan un cambio de residencia, por lo que les exime de trabajar hasta que el Tribunal Supremo resuelva definitivamente en casación.

En concreto, en el auto, también se obliga al embotellador único de Coca-Cola en España a pagarles, mientras tanto, los salarios. La decisión afecta en total a 308 trabajadores, en su mayoría de la fábrica de Fuenlabrada, mientras que en cambio, no afecta a otros 41 a los que el embotellador único readmitió en el mismo centro y condiciones que tenían antes de su despido.

La Audiencia Nacional declaró nulo el proceso de despido colectivo de 821 trabajadores de  Coca-Cola Iberian Partners (CCIP), y que supuso el cierre de las fábricas de Fuenlabrada (Madrid), Mallorca, Alicante y Asturias. Además, obligó a la readmisión de los despedidos, con abono de los salarios dejados de percibir. Los jueces consideraron que no se realizó de forma adecuada el proceso de fusión por el que ocho embotelladoras se unieron en una, integración en la que la compañía justificó los despidos. Coca-Cola indicó que no reabriría las plantas cerradas y ofreció la recolocación de 350 trabajadores en otras fábricas. Muchos de ellos se negaron a hacerlo.

La nueva aclaración de la Audiencia Nacional afecta a los 278 empleados que no se han incorporado al puesto de trabajo que les asignó la compañía en otra ciudad tras la anulación, en junio del año pasado, del Expediente de Regulación de Empleo (ERE).

El nuevo auto, en el que se admiten "parcialmente" las solicitudes de UGT y CCOO, señala que también afecta a los 20 trabajadores que sí se incorporaron a trabajar, pero en fábricas alejadas de su lugar de residencia, así como a otros 10 empleados, cuyos contratos son fijos discontinuos y están pendientes del vencimiento de la fecha para su incorporación también en lugares diferentes de donde estaban sus puestos.

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