Por una fiscalidad más justa y suficiente

Existe cierto consenso respecto a los requisitos que debe reunir el sistema tributario: financiar el gasto público, reducir el fraude fiscal, estimular el crecimiento económico y el empleo, y disminuir la desigualdad y pobreza. Para ello, es importante ingresar más, de ahí lo razonable de los que abogan por aumentar la presión fiscal para aproximarla a la de los países de nuestro entorno. Esto es posible, pero deben concretarse los medios para lograrlo, ya que no todo vale. Semejante objetivo solo es posible a medio plazo, mediante una apuesta decidida por acabar con el fraude fiscal y por redefinir el sistema tributario global mediante un nuevo reparto de la fiscalidad entre impuestos directos, indirectos, sobre el patrimonio y sobre las contribuciones a la seguridad social.

Dejando al margen la imposición indirecta, fuertemente armonizada, hay tres impuestos que necesitan reestructurarse: el impuesto de sociedades, el de Patrimonio y el IRPF.

El impuesto sobre sociedades recauda poco y su tipo efectivo es muy inferior al nominal. Favorece a las empresas multinacionales que tienen facilidades para deslocalizar beneficios hacia otros países con menor tributación. Para remediar estos problemas se podría homogeneizar los tipos a nivel mundial, pero algo así es difícil de alcanzar, al menos a corto plazo.

Aumentar la tributación de las multinacionales es una tarea complicada al poder elegir donde tributar por el simple desplazamiento de su centro de producción o el lugar desde donde prestan sus servicios, y aunque sus productos se vendan en España y los compren españoles, los impuestos no se pagan aquí. La solución parece evidente: cambiar el impuesto para que se tribute aquí por aquellas ventas que se hagan en España para consumidores españoles. Para ello, los Convenios de Doble Imposición (CDI) deberían establecer en la imposición directa una especie de imposición en destino, a la manera del IVA. Modificar los CDI será lento y a medio plazo, por lo que a corto lo único viable sería realizar una poda de deducciones para aproximar los tipos reales al nominal, a la vez que simplificar este complejo impuesto.

También es urgente la reestructuración del Impuesto sobre el Patrimonio para que aquellos que más tienen contribuyan en mayor parte a las cargas del país. Dicho impuesto debería ser exigido en toda España, incluso a nivel mundial, como propone Thomas Piketty, para evitar traslaciones entre países por motivos fiscales; y debería gravar toda la riqueza en sentido amplio, sin excepciones, como patrón de justicia distributiva.

Pero el impuesto que más goteras tiene es el IRPF y aunque es el que más recauda, lo hace a costa de unos asalariados que aportan el 85% de la recaudación. Hay que transformarlo en un impuesto más simple y más neutral, que favorezca el empleo y la producción, y que sea más equitativo para que contribuya a reducir el déficit de pobreza y desigualdad.

De entre todas las formulaciones teóricas que existen en la Hacienda Pública, la más completa y que podría actuar simultáneamente en todos estos ámbitos se concreta en el llamado Impuesto sobre la Renta Negativa (INR), cuya primera formulación data de 1838, y que curiosamente fue desarrollada por un liberal, el premio nobel Milton Friedman en 1962.

La idea básica del INR es que la declaración de la renta, además de que sirva para tributar a los que obtienen rentas, también haga que los que no tengan ingresos o sean muy bajos puedan obtener una renta mínima. La formulación más sencilla de este impuesto la hizo Friedman proponiendo un tipo de gravamen fijo. Nada mejor para explicarlo que un ejemplo:

Supongamos que definimos un tipo único en el IRPF del 50%, y una renta básica anual de 10.000 euros, de tal manera que el estado garantiza la devolución del 50%; es decir, 5.000 euros al año. Así, un contribuyente que no tenga ingresos percibirá 5.000 euros anuales o 416 euros al mes. El que ganara 4.000 euros al año, por los 6.000 que le faltan hasta los 10.000 de renta mínima obtendría 250 euros al mes (3.000 euros anuales), y el que haya ganado 10.000 euros no pagaría nada de impuestos ni obtendría renta. Para el que sus ingresos sean de 70.000 euros al año pagaría 30.000 en impuestos, pues se descontarían 10.000 euros del ingreso mínimo, un poco más de lo que paga con el impuesto actual. De esta manera, el IRPF se convertiría, además de un medio para recaudar, en un instrumento para disminuir la desigualdad y la pobreza.

Las ventajas son muchas. La primera es la simplificación del sistema porque se desprendería de complicadas figuras como los mínimos personales, las deducciones, los múltiples tipos impositivos... Además, la renta básica así definida sustituiría a la mayor parte de las actuales ayudas y subsidios, como prestaciones por desempleo, becas... simplificando todo el sistema de concesión de ayudas públicas, permitiendo reducir la sobredimensionada administración asistencial que se fusionaría con la administración tributaria en un macro ministerio de hacienda y seguridad social. Ello, supondría un ahorro importante de funcionarios.

Por otra parte, supondría un impulso al consumo, en la medida que aumentará el dinero en manos de los ciudadanos, y también del empleo, pues estos ingresos al ser compatibles con trabajar eliminarán el incentivo a no buscar trabajo mientras dure la prestación por desempleo, como ahora ocurre. Además, al implicar el deber de aceptar cualquier trabajo de la categoría del contribuyente so pérdida de la renta básica, se evita el incentivo a no trabajar y cobrar la renta básica.

Además de todo ello, al ser compatibles con la realización de cualquier trabajo o la percepción de otros ingresos (siempre que los ingresos sean inferiores a la renta mínima) permitirá que se acepten empleos con baja retribución complementado con la renta mínima del estado para poder alcanzar un nivel mínimo de vida. Ello beneficiará a las empresas que ofrecerán contratos de trabajo estable con un sueldo bajo, permitiéndoles ser muy competitivas y vender más. Al ajustar costes, se incrementará la eficiencia del factor trabajo, reduciendo el paro; y a medio plazo hará subir de nuevo los salarios y/o que se pueda generar empleo estable y a tiempo completo.

Este impuesto sobre la renta, a pesar del tipo único, sería progresivo y muy redistributivo, pues la renta básica se desgravará por todos los contribuyentes, igual que los actuales mínimos personales; ello provocará tipos efectivos más altos según crezca la renta. Hay que subrayar que los contribuyentes con rentas más bajas serían los más beneficiados pues obtendrán una renta mínima que les garantizará un bienestar y reducirá las desigualdades sociales, fuentes de conflictos. Aquellos con ingresos medios pagarían cantidades similares a las actuales y los ricos pasarían a tributar en una cantidad superior, pero sin rebasar el 50%, que es la barrera psicológica que separa la tributación de la confiscación, y que desincentiva la realización de muchas actividades.

Esta propuesta tiene su talón de Aquiles en su alto coste económico, aunque no tan alto como podría parecer. Piénsese que cantidades muy similares se están pagando con cargo a los actuales subsidios de todo tipo, y que además la simplificación del IRPF le daría mayor fuerza recaudatoria y compensaría, en parte, las devoluciones. El hecho de sustituir la prestación por desempleo, y muchos de los subsidios y becas actuales liberará recursos por lo que el aumento del gasto no será tan alto.

Por otra parte, para hacer viable para España esta propuesta, se necesita calibrar los parámetros, tanto de la renta básica como del tipo impositivo. La clave sería compatibilizar estas magnitudes en el nivel que se quiera definir, sin que comprometan la viabilidad de las finanzas públicas, a la vez que se pueda establecer una renta digna.

La otra debilidad del impuesto negativo es su vulnerabilidad al fraude. Seria crucial establecer un férreo control fiscal que evite fraudes consistentes en ocultar ingresos para obtener la renta básica.

En conclusión, es posible aumentar la presión fiscal en el impuesto de sociedades, en el IRPF y en el de Patrimonio, y propuestas imaginativas como el impuesto de renta negativo bien merecerían que fueran estudiadas con vistas a su implantación, al permitir simultáneamente paliar tanto el problema de recaudación de nuestro sistema tributario como el de desigualdad de nuestra sociedad, a la vez que incentivar la actividad económica.

Medidas de este corte harían innecesarias otras propuestas más arriesgadas, como la reestructuración de la deuda, que sí podrían dañar por muchos años la confianza de los inversores internacionales en nuestra economía y perder la oportunidad de alcanzar la ansiada recuperación económica.

Ransés Pérez Boga es Presidente de Inspectores de Hacienda del Estado (IHE).