Una subasta de energía pone en vilo a 800 trabajadores en Galicia y Asturias

El Ministerio de Industria se ha topado con un incendio tras la adjudicación de energía bonificada llevada a cabo en noviembre, la llamada subasta de servicio de interrumpibilidad para empresas que, a cambio de compensaciones económicas, aceptan ver parado su servicio cuando hay picos de demanda. La puja no colmó las expectativas de la metalúrgica Alcoa, que respondió poniendo sobre la mesa el cierre de dos plantas en Galicia y Asturias, con 800 trabajadores afectados, alegando que los costes eléctricos le ahogan. Ahora, el Gobierno espera realizar este mes una subasta extraordinaria, aunque en la del mes pasado ya se adjudicó el volumen de megavatios habituales.

La interrumpibilidad es el mecanismo que permite a los grandes consumidores de electricidad desconectarse de la red para que el operador del sistema pueda suministrar energía a otros usuarios cuando existen problemas de apagones. Estas empresas recibían una cantidad de Red Eléctrica de España (REE), la empresa que se encarga de gestionar la red de alta tensión, por interrumpir sus centros fabriles. Esos contratos se habían convertido en unos ingresos fijos anuales. El coste llegó a ser de 677 millones en 2013, lo que disparó las sospechas de las autoridades de Competencia comunitarias de que eran ayudas de Estado. Eso provocó que Industria introdujese el mecanismo de subasta, con lo que daba entrada a la competencia con la participación de los consumidores que lo consideren necesario.

El ministerio cuenta con 200 millones para una puja de 1.100 megavatios

El origen se remonta a los años ochenta y fue debido a los apagones que se producían por no existir un parque eléctrico suficiente para abastecer la demanda. En los últimos años el crecimiento de la oferta ha hecho innecesaria la existencia de dicho mecanismo y, de hecho, desde 2009 no ha habido ninguna necesidad de abordarlo y solo se han emitido órdenes para comprobar el funcionamiento del sistema. Sin embargo, REE lo considera necesario para tener seguro el suministro en caso de incidencia.

Durante estos años, se habían beneficiado del sistema grandes consumidores de energía como las siderúrgicas (Arcelor Mittal y Acerinox), metalúrgicas (Alcoa), químicas (Ferroatlántica, Solvay, Ercros), papeleras (Ence) o cementeras (Holcim, Cemex) que ingresaron una cantidad cercana a los 3.000 millones procedente del sistema en el último decenio. La implantación de la subasta ha cambiado el panorama: los participantes pujan por el precio que van a recibir por interrumpir su suministro o, lo que es lo mismo, dejan que la electricidad que iban a consumir se la quede la red.

En la de noviembre se dividió en bloques de producción de 90 megavatios (MW) y de 5 MW y participaron unas 200 empresas (grandes y medianos consumidores). La puja se hace por centro productivo y no por el conjunto de la empresa. El precio fue más bajo de lo que era el fijo de años anteriores, lo que generó reacciones airadas, como la de Alcoa. Los grandes consumidores se han encontrado con rivales en una subasta que antes no existía y que no les importa bajar el precio porque no lo tienen contabilizado en sus cuentas.

Ahora, la subasta que prepara Industria servirá para adjudicar hasta 1.100 MW de potencia para 2015. En la realizada entre el 17 y 19 de noviembre se adjudicaron 2.000 MW por un coste de 353 millones de euros. La fecha exacta depende del informe de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) al respecto. La cantidad con la que se cuenta para gastar asciende a 200 millones, con la que se completa el total de 550 millones del presupuesto para 2015, el mismo que para 2014.

Las empresas se han encontrado con rivales que han bajado el precio

Alcoa, aunque en noviembre se adjudicó tres de los seis bloques por los que pujó, ha llegado a amenazar a los Gobiernos de Asturias y Galicia de deslocalizar sus plantas de A Coruña y Avilés si se reducen sus ingresos, que en 2013 fueron de 180 millones y este año han llegado a 150. Para 2015 ya ha contratado 84,4 MW en la primera subasta, según fuentes conocedoras de la operación, y aspira a sumar otros 65 MW para igualar la de este año en la subasta extraordinaria si acaba colocando los otros tres bloques de 90 MW cada uno.

La postura de Alcoa ha provocado acusaciones de chantaje por parte de Industria y de otras empresas. “Nadie de los implicados y teóricamente perjudicados como Alcoa ha protestado; es posible que la empresa se escude en la subasta para hacer algo que tenía previsto con sus plantas”, manifiesta una fuente de un competidor. La demanda de REE en estos contratos durante los últimos años ha sido del entorno de 2.000 MW, pero este año hizo saber a Industria que no le vendría mal contar con más. Por eso se ha elevado hasta 3.100 MW, de los que quedan por subastar 1.100.

La CNMC respalda las subastas adicionales “debidamente justificadas”, de modo que “no se distorsione el resultado de la subasta principal”. No obstante, no considera en ningún momento la posibilidad de que pudiera necesitarse una potencia adicional a los 2.000 MW. En la resolución del 1 de agosto que aprobaba las reglas de la subasta, se decía que REE podría proponer la modificación del requerimiento máximo (2.000 MW).

Según la oficina estadística europea (Eurostat), las industrias intensivas en consumo eléctrico (70.000-150.000 megavatios por año) tienen una diferencia de precio en España con el resto de Europa del 15%.