El Gobierno rechaza un arbitraje en las cuotas participativas de la CAM

Hace casi seis años y medio desde que comenzaron a cotizar las cuotas participativas de la quebrada Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM) a 5,75 euros. Unos 50.000 inversores compraron este producto, que era similar a unas acciones, pero emitidas por una caja de ahorros. Tras la quiebra de la entidad, las cuotas pasaron a valer cero y perdieron todo lo invertido, en total 292 millones.

Desde entonces, los afectados han intentado que el Gobierno, la Generalitat o el Banco de España establezca un sistema para indemnizarles o les conceda una salida arbitrada, como ha ocurrido con las cuotas participativas de otras cajas quebradas. Hace unos días, el Gobierno respondió a una pregunta del PSOE negando cualquier posibilidad de arbitraje porque dice que no tiene ninguna participación en la CAM, que fue vendida al Banco Sabadell por un euro, tras inyectarle 5.249 millones en ayudas.

Hasta ahora todas las instituciones se han negado a cualquier tipo de resarcimiento a los dueños de las cuotas. Solo el Banco Sabadell ha realizado ofertas comerciales con depósitos para una parte de los clientes. Antonio Hurtado, diputado socialista, preguntó al Gobierno si tenía previsto tomar medidas para que los titulares de cuotas participativas recuperen todo o parte de su inversión, así como si el Ejecutivo tenía pensado aclarar si ha habido fraude en la venta de estos productos. Por último, cuestionó si era posible establecer un arbitraje para resarcir a los inversores.

La quiebra de la caja dejó sin valor la inversión de 50.000 ahorradores

Hace unos días, el Gobierno respondió colocando otro clavo en el ataúd de esta reivindicación. Dijo que la supervisión de la comercialización de las cuotas, cuyo coordinador fue Lehman Brothers, entonces dirigido por Luis de Guindos, el actual ministro de Economía, fue “la CNMV, a quien no le consta, como resultado de los trabajos de supervisión, que se produjera ningún tipo de infracción o fraude, aunque sí detectaron ciertas incidencias menores que no fueron merecedoras de actuaciones disciplinarias”.

Sobre el arbitraje, dijo que “no es posible imponer por parte de las Administraciones públicas un mecanismo de resolución de conflictos como el arbitraje. A diferencia de Novagalicia, Catalunya Banc y Bankia, el Gobierno a través del FROB no posee participación en el Banco CAM, de manera que no puede imponer un arbitraje para resolver conflictos surgidos por la comercialización de las cuotas. Ello no obsta para que, de manera voluntaria, la entidad pueda someter a arbitraje las controversias surgidas, según la regulación de Consumo”.

El Sabadell también se ha negado argumentando que no compró las cuotas, ya que se quedaron en la Fundación y no en el banco. Entre la lista de afectados, además de los particulares, está renombradas entidades: el fondo noruego de pensiones, La Caixa, Bankia, JPMorgan, Deutsche Bank, Société Générale, UBS y BNP Paribas. El último resquicio que les queda a los afectados es la investigación del juez de la Audiencia Nacional Javier Gómez Bermúdez contra la excúpula de la CAM. El magistrado ha ampliado al Sabadell la responsabilidad civil subsidiaria por la emisión de cuotas.