La Audiencia ordena a Coca-Cola readmitir a los despedidos del ERE

La Audiencia Nacional ha obligado a la embotelladora de Coca-Cola a ejecutar la sentencia por la que este mismo tribunal decidió anular en junio el proceso de despido colectivo en las fábricas. Pese al varapalo judicial que supuso para la empresa la anulación de su ERE, Iberian Partners se resistía a aplicar la sentencia, y había interpuesto un recurso de casación ante el Tribunal Supremo. Con el nuevo auto, la Audiencia Nacional, tal y como pidieron los sindicatos UGT y CCOO, fuerza a la compañía a acatar la decisión mientras se resuelve la apelación. Así que deberá, o bien a readmitir a los trabajadores que recurrieron el despido que afectó a 821 trabajadores de las plantas que cerró, o bien a pagar sus salarios aunque no vayan a trabajar.

Lejos de mostrar disconformidad, Iberian Partners, a través de un comunicado, ha celebrado el auto de la Audiencia Nacional. Decidió ver el vaso medio lleno y señaló que, aunque debe abonar los salarios, el tribunal “no obliga a la readmisión ni a la reapertura de ningún centro de trabajo”. Recordó en concretó que no tendrá que volver a poner en marcha el centro de Fuenlabrada (Madrid), que clausuró en mayo, y de donde procede la mayoría de los empleados que más batalla están dando contra el ERE y los cierres. “Las reincorporaciones en todo caso se llevarían a cabo en los centros que están abiertos y en los puestos ahora existentes según la actual configuración organizativa de Iberian Partners”, les advierte.

El auto señala el listado de los trabajadores que solicitaron la ejecución de la sentencia a través de UGT y CC OO, que ascienden a más de 270 empleados, y que son los que de momento podrán beneficarse de la medida. La mayoría proceden de la fábrica que la embotelladora del refresco tenía en Fuenlabrada, que ha continuado manifestándose todas las semanas contra el ERE. Además, el auto señala que también solicitaron la ejecución de la sentencia trabajadores de Alicante, Palma de Mallorca, Asturias —que también fueron cerradas— y Valencia, donde hubo algunos afectados por los despidos, aunque la planta sigue abierta.

Además de readmitirlos, la Audiencia Nacional también exige a la empresa que pague los salarios sin abonar desde el día en el que se publicó la sentencia de nulidad del ERE, en junio. “Se ordena a las indicadas empresas, con responsabilidad solidaria entre ellas, que abonen a los indicados trabajadores los salarios debidos desde la sentencia dictada por esta Sala declarando la nulidad del despido colectivo y mientras se tramite el recurso de casación interpuesto, aplicando a los mismos el interés legal del dinero”, afirma la sentencia.

Los sindicatos piden otra negociación

La federación agroalimentaria del sindicato CC OO, FEAGRA, si ha emitido un comunicado celebrando la obligación de aplicar la sentencia. "Los trabajadores y trabajadoras van a percibir sus salarios, aunque dependerá de la empresa si los readmite en sus puestos o mantiene el alta", ha recordado. han solicitado que se abra una mesa de negociación para llegar a un acuerdo sobre empleo. CC OO-FEAGRA recuerda, además, que aquellos trabajadores que no solicitaron la ejecución de la decisión judicial y fueron despedidos, aún están a tiempo, y que "podrán pedir la ejecución provisional hasta que la sentencia no sea firme o la empresa retire el expediente". El sindicato se ofrece a canalizar estas solicitudes nuevas.

Por su parte, Fitag-UGT ha señalado que se "mantiene firme" en sus posiciones iniciales y exigirá por las vías necesarias el cumplimiento de las obligaciones del embotellador único y espera que "reconsidere y cambie" sus decisiones e inicie un nuevo proceso coherente con lo dictado por la Audiencia Nacional.

La Audiencia Nacional insta a las empresas a “que en el plazo de un mes procedan a la cuantificación de los salarios de cada trabajador con sus intereses y de la deuda correspondiente a cada uno de ellos y su fórmula de pago”. Los empleados tendrán otro mes para responder si están de acuerdo o no con la cantidad.

Asimismo, también dan cinco días hábiles a las empresas “para que manifiesten si, durante la tramitación del recurso de casación contra la indicada sentencia, van a exigir o no la prestación de servicios laborales de sus respectivos trabajadores a los que se refiere esta ejecución provisional, en las condiciones que regían con anterioridad a su despido". es decir, que en menos de una semana la embotelladora tiene que comunicar si los empleados deben acudir a sus puestos o no.

Un proceso de 10 meses

El proceso de despidos por el que Iberian Partners aseguró que quería reorganizar su sistema de embotellado en España se le ha atragantado a la empresa. Anunció los despidos y el cierre de fábricas en enero, y lo que esperaban que fuera una operación rápida, lleva camino de alargarse más de un año.

La empresa ofreció traslados y subió su oferta de indemnizaciones en varias ocasiones durante la negociación con la plantilla. Sin embargo, buena parte de los trabajadores (especialmente, en Fuenlabrada) defendieron desde el anuncio del proceso que no aceptarían una solución que pasara por la destrucción de empleos o cierres.

El pasado mes de junio, la Sala de lo Social de la Audiencia declaró nulo el proceso de ERE de 1.190 trabajadores de Coca-Cola Iberian Partners. La empresa, finalmente, había ejecutado 821 despidos dentro de un ajuste que supuso el cierre de las fábricas de Fuenlabrada (Madrid), Mallorca, Alicante y Asturias. Además, aquella sentencia obligó a la readmisión de los despedidos, con abono de los salarios dejados de percibir, algo a lo que la empresa, que apeló la decisión al Supremo, se resistía a ejecutar.