¡Fuera dudas!

Tras casi doce meses de duro trabajo y extensivo procesamiento de información —quién sabe si a costa de dejar algo de lado el día a día del negocio—, finalmente el ejercicio de evaluación bancaria sobre los 130 mayores bancos europeos, previo a la entrada en vigor de la supervisión bancaria única, primer pilar de la unión bancaria, culminaba ayer con la publicación de los resultados por parte de las dos instituciones europeas que han pilotado todo el proceso: el Banco Central Europeo (BCE) y la Autoridad Bancaria Europea (ABE).

De las dos partes que componían dicho ejercicio, la revisión de los activos al cierre de 2013, y las pruebas de estrés en el horizonte 2014 a 2016, sin duda el mayor morbo se concentraba sobre la segunda, tratando de señalar a los “suspensos” que deberían llevar a cabo actuaciones de reforzamiento de capital, al no cumplir los mínimos exigidos al término del horizonte de simulación.

Bien, pues ese morbo no ha defraudado. El resultado señala a 25 entidades europeas con necesidades de capital en el escenario adverso, por un importe agregado de 25.000 millones de euros. Destaca la fuerte presencia de entidades italianas entre las necesitadas de capital, así como la ausencia de entidades españolas en dicho colectivo. Dos razones cabe apuntar para la buena calificación obtenida por las entidades españolas, que incluso superan la “nota de corte” con cierta holgura, en comparación con otros países grandes.

Por un lado, el importante esfuerzo de capitalización y saneamiento llevado a cabo en los dos últimos años, en parte como exigencia de las condiciones impuestas por el programa de asistencia financiera (rescate bancario, sin eufemismos) de 2012. Por otro, el hecho de que el escenario adverso contemplado para España por parte de BCE y EBA era algo más suave que para otros países, lo cual a su vez tenía plena justificación, pues el grado de ajuste registrado por la economía española, y sobre todo su mercado inmobiliario, clave en la crisis bancaria, era mucho mayor que en todos los demás países de nuestro entorno.

Pero más allá de ese morbo de los números y los “suspensos”, en mi opinión era mucho más importante la parte cualitativa del ejercicio de evaluación, la centrada en el análisis de la calidad de los activos —el denominado Asset Quality Review—, realizado sobre la base de los balances a cierre de 2013, y que pretendía homogeneizar criterios de clasificación de activos, y sobre todo de determinación de cuándo los mismos debían ser objeto de saneamiento, en unas condiciones similares en todos los países.

Ese ejercicio era clave desde dos perspectivas, que son fundamentales para el buen funcionamiento de la unión bancaria. La primera, la del supervisor único. Difícilmente podía el nuevo órgano de supervisión vinculado al BCE llevar a cabo su tarea de supervisión única en el ámbito europeo sin una homologación de los criterios de clasificación de activos, y sobre todo de los criterios y calendarios de saneamiento de los mismos. Y, en segundo lugar, la dimensión de la credibilidad, especialmente dirigida a los mercados financieros, y en general a todos los agentes que evalúan la calidad de los activos bancarios. Era fundamental disipar todas las incertidumbres sobre los balances bancarios y dejar claro, de una vez por todas, que en ellos no queda ningún activo con dudas sobre su naturaleza y/o su grado de saneamiento.

Conseguir ese objetivo era mucho más importante que cuantificar las necesidades de capital que podrían emerger de unos escenarios cuya verosimilitud no es hoy especialmente robusta, a juzgar por el track record que lleva el BCE durante todo 2014 en cuanto a su proyección de inflación.

Por ello, y aunque ello suponga renunciar a ese minuto de gloria que para las entidades españolas ha supuesto la presentación de unos números especialmente favorables, creo que estos no son lo más importante del ejercicio, sino el que de una vez por todas se hayan despejado las dudas sobre la credibilidad de los balances bancarios. Ahora ya solo queda esperar a que esa credibilidad facilite el tránsito a la siguiente fase: la restauración de una necesaria normalización del flujo de crédito.

Ángel Berges es consejero delegado de Afi.