Aeropuertos en manos privadas

El Gobierno sigue vendiendo activos. La privatización de Aena parece entrar en una senda irreversible, tras varias intentonas fallidas. El Consejo Consultivo de Privatizaciones formuló su informe favorable el pasado junio. Ahora se abre la primera etapa de ese proceso, que ha de finalizar el próximo día 8 de octubre, que consiste en la formación de un núcleo estable de accionistas, "de referencia", independientes entre sí, que dispondrían en conjunto de hasta un 21% del capital total. Contribuirían a garantizar junto a la participación que mantendrá el propio Estado español, del 51%, la estabilidad en la estrategia y gestión de la compañía. Es una condición aconsejable, dada la significación que esa empresa tiene, no solo por su envergadura económica, sino por el carácter estratégico de la misma y su papel vertebrador en el territorio español. Pero al mismo tiempo es de todo punto necesario que esa adjudicación se haga con la máxima transparencia y en las mejores condiciones de precio para las arcas públicas, garantizando además la permanencia de ese grupo en el accionariado durante un periodo razonable.

El resto de la privatización se llevará a cabo mediante una oferta pública de venta (OPV) que tratará de colocar en el mercado acciones hasta totalizar, una vez realizada la venta al núcleo estable, el 49% del capital total. Dado el amplio rango de precio que puede resultar de las características de la oferta, es aconsejable que la transparencia en la fijación del precio final no quede cuestionada. Ese principio de maximización de los ingresos para el Estado deberá conciliarse con la estabilidad temporal de los accionistas, haciendo razonable que la puntuación de esa permanencia sea igualmente significativa en el momento de la adjudicación.

La privatización de una compañía llamada a ser una de las de mayor capitalización en la Bolsa española deberá garantizar la preservación de los principios de transparencia y concurrencia que toda operación de enajenación de activos públicos debe satisfacer. El momento es más propicio que en el pasado y el atractivo de la compañía pública es notable, dada su posición de mercado en la escena global, en un sector en proceso de consolidación internacional, atractivo a los inversores, y, no menos relevante, dado el saneamiento que se ha llevado a cabo con recursos públicos. La evolución reciente del tráfico aeroportuario en España es inequívocamente favorable: a pesar de los resultados del aeropuerto de Madrid, el conjunto de la red de AENA creció en número de pasajeros en los primeros 10 meses de este año, acentuando el del Prat su liderazgo sobre el conjunto.

No menos relevante es que el control del Estado no solo quede garantizado, sino que se ejerza con arreglo a los intereses de la mayoría del territorio español, manteniendo la unidad de red, lo que seguirá exigiendo que algunos aeropuertos españoles deficitarios en sus resultados reciban el apoyo de los excedentarios. Esto no ha de significar, sin embargo, que se avance en la racionalización de la propia red aeroportuaria española, atendiendo las recomendaciones de organizaciones internacionales y, en última instancia, los dictados de la buena administración, con independencia de las preferencias no siempre justificadas de algunos Gobiernos regionales. Que el consumidor no acabe pagando en mayores costes lo que ya ha pagado como contribuyente es fundamental.