Aguas revueltas en la patronal

El nuevo curso se presenta con las aguas revueltas en la CEOE, que enfila el fin de año con la perspectiva de las elecciones a la presidencia en el horizonte. Existe un creciente malestar entre varias organizaciones sectoriales y territoriales por el acuerdo sobre Formación, que se suma al ya polémico de la Ley de Cámaras. Dos temas que están vinculados, ya que estas podrán pescar en los mismos caladeros de la formación al dejar de ser exclusiva de los sindicatos y la patronal tras el pacto del Gobierno con los agentes sociales de finales de julio.

Aunque en la junta directiva extraordinaria celebrada por la CEOE unos días antes hubo una mayoría de tres tercios a favor del acuerdo sobre un total de alrededor de 80 asistentes (la fecha impidió mayor afluencia), esas organizaciones no están nada conformes con el “entreguismo” que han mantenido los responsables de la patronal con el Gobierno y ni con los resultados de las negociaciones ya que, a su juicio, supone un cambio radical en el sistema de asignación de fondos y la pérdida del control por la Fundación Tripartita (Gobierno, sindicatos y patronal).

Esas organizaciones han advertido de la importancia que tiene la gestión de esos fondos para financiarse. Y ahí radica el quid de la cuestion. La patronal, precisamente, ha justificado el acuerdo en la necesidad de que sus ingresos no se basen esencialmente en la formación como hasta ahora y en tener mayor control sobre su ejecución. “Prefiero que nos pasemos de control que de descontrol”, ha subrayado su presidente, Juan Rosell, ante las críticas.

En el entorno del Rosell, por otra parte, se asegura que tampoco son tantas las organizaciones contestatarias y que controla a bastantes más, incluidas algunas de las más afectadas por el acuerdo, como la Construcción y Metal, que gestionan directamente sus planes de Formación. Sus presidentes (Juan Lazcano y Javier Ferrer) son vicepresidentes de Rosell y el segundo, además, presidente de la Comisión de Formación. Las territoriales, por su parte, sufren directamente la competencia de las cámaras.

No obstante, las censuras están ahí y también existen disensiones dentro de esas patronales. Las presiones a la gran patronal persiguen que rectifique para el próximo año. En ese sentido, la primera piedra de toque es la junta directiva del próximo miércoles, en la que se espera una serie orquestada de intervenciones. Previamente, está prevista una reunión en la que también se tratará la posibilidad de analizar acciones jurídicas, según algunas fuentes.

El asunto cobra más importancia por la cercanía de la elección a la presidencia —previsiblemente en diciembre—, llegándose a plantear la posibilidad de que se forme una candidatura alternativa a la de Rosell, que todavía no ha confirmado si se va a presentar a la espera de tener garantizados una serie de compromisos en materia de fiscalidad, empleo y otros asuntos por parte del Gobierno. Para la parte crítica, la decisión está bastante madura y a esos temas de la formación y la ley cameral se une el de las circunstancias particulares del presidente de Cepyme, Juan Terciado, y del de la patronal madrileña CEIM, Arturo Fernández. Ambos son vicepresidente de CEOE y sobre ellos penden sendos casos. El primero fue denunciado por haber cobrado el salario a través de una de sus empresas y el segundo ha entrado en preconcurso de acreedores y está involucrado precisamente en varios pleitos, entre ellos uno de cursos de formación.

El problema surge al buscar la persona que lidere la alternativa. Entre otros nombres, se ha manejado el de Pilar González de Frutos, presidenta de la patronal del seguro (Unespa), vicepresidenta de CEOE y responsable de la Comisión Fiscal, que cumple con el perfil de persona de consenso, bien relacionada y considerada. Sin embargo, la ex directora general de Seguros no parece dispuesta a cambiar su actual situación.

En el proceso se ha mostrado muy activo José María López Bourio, presidente de la patronal gallega de las empresas de tecnologías de información y comunicación (AGESTIC) y con participación en una consultoría de formación, quien llegó a ironizar con que se presentaría a la presidencia, reclamó que “que se defienda un sistema que creamos empresarios y sindicatos y que funciona”. El dirigente gallego envió en julio una carta al secretario general de CEOE, José María Lacasa, y a Ferrer, en la que se quejaba de que no se había tenido en cuenta la documentación preparada por un grupo interno de expertos de la patronal con los datos económicos y jurídicos y enviada al Gobierno y CEOE.