Inversores arruinados y defraudados

Gowex, Pescanova, Nueva Rumasa. Son la firma tecnológica más importante del mercado alternativo, la gran empresa alimentaria y la nueva compañía surgida tras una clamorosa expropiación. Aunque en diferentes sectores, las tres comparten algo: los fraudes que perpetraron. Muchos accionistas confiaron y perdieron todos sus ahorros. Salvo en esporádicos casos, ni un euro invertido volvió a sus bolsillos. Las estafas han conseguido eludir los controles y golpear a todo tipo de inversores, incluso a los más expertos. Y ahora, entre el recelo y la rabia de los afectados, los analistas debaten qué ha podido fallar.

La falsificación de las cuentas de la operadora de wifi Gowex es la estafa más reciente que ha sacudido a los mercados. Gotham City, una firma de análisis estadounidense, destapó el pasado 1 julio un escándalo que, tras semanas de investigación, se ha revelado en toda su magnitud: un entramado de sociedades fantasma, contratos ficticios y cuentas bancarias en paraísos fiscales en las que los directivos de la firma ocultaban millones de euros.

Muchos inversores creyeron en la empresa: “Estaba totalmente convencido de que el éxito de Gowex tenía bases reales. Era la estrella del MAB [el mercado alternativo bursátil], había puesto wifi en varias ciudades, sus cuentas eran brillantes y conquistaba el mercado internacional. Pocos días antes de que estallase el escándalo vendí todas las acciones de otras empresas que poseía y las invertí en Gowex”, relata por teléfono un interventor de la administración local que reside en la Comunidad Valenciana y que prefiere no revelar su identidad. Su confianza era ciega: “Al principio había invertido 95.000 euros, pero a que las acciones seguían cotizando tras el informe de Gotham invertí otros 20.000”. El resultado: 115.000 euros, los ahorros de su vida, perdidos.

Este afectado achaca la culpa a los fallos en los controles: “Lo que me indigna es que todo eso haya pasado en un país en el que supuestamente hay unas garantías, una seguridad jurídica, dentro de la Unión Europea, con un mercado regulado y supervisado. El MAB es fundamental para fomentar la financiación de empresas que están creciendo y Gowex era la firma de mayor envergadura, no estaba invirtiendo en Nueva Rumasa”, remacha.

Los expertos insisten en modificar el funcionamiento

"La culpa no fue de Ruiz-Mateos"

Los bonos emitidos por la firma de José María Ruiz-Mateos resultaron, por el contrario, suficientemente apetecibles para C.D., un exdirectivo de una petrolera que reside en Castelldefels (Barcelona) y que invirtió en ellos 50.000 euros. La red empresarial de Nueva Rumasa surgió de las cenizas de Rumasa, el holding que el Estado expropió en febrero de 1983. En 2011, las 10 principales empresas de la red entraron en concurso de acreedores, paso previo a la quiebra que se concretó ese mismo año. C.D. especifica que invirtió “fascinado” por el personaje: “Ruiz-Mateos fue víctima de una persecución injusta. Intentó financiarse después de que los bancos le dieron la espalda. En 20 años su compañía nunca tuvo problemas: ni una huelga, ni ningún tipo de escándalo. Me parecía solvente, estoy seguro de que los responsables de todo lo que pasó son sus hijos y sus nietos”.

C.D. solo ha recuperado 3.000 euros de intereses. Explica que los juicios están estancados. Y menciona como principal causa del fraude “una estafa institucional, debida al hecho de que la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) permitiese la emisión de bonos de una compañía que en realidad estaba en esas condiciones”. El regulador bursátil, sin embargo, advirtió varias veces sobre las emisiones e hizo hincapié en que sus bonos no podían cotizar en ningún mercado.

A las historias de Gowex y Nueva Rumasa se suma la de Pescanova. El 9 de julio de 2013 la auditora KPMG remitió un demoledor informe a la CNMV en el que evidenciaba la sistemática alteración de las cuentas de la empresa pesquera, perpetrada de “forma consciente” durante años. M. D., sin embargo, invirtió en ella 30.000 euros entre 2011 y 2012. “Quise apostar por una firma gallega, que vende comida, un negocio que me parecía seguro. Me engañaron los tonos triunfalistas de las juntas de accionistas a las que asistí, siempre se alababan los resultados de la compañía. Nunca pensé que una empresa así pudiese quebrar”, afirma este exfuncionario estatal jubilado de Vigo. No ha recuperado nada de su dinero y, como los demás afectados, ve en el regulador el principal responsable: “¿Qué hace la CNMV en este caso? ¿Cómo se puede permitir que se realicen auditorias como la de Pescanova? En todo lo que ha pasado hay seguramente una responsabilidad del Estado”.

Una asociación va a pedir en la UE que se aclare el papel del supervisor

El recelo de los afectados, sin embargo, choca con la visión de los expertos. “Las entidades que vigilan las Bolsas no pueden detectar un fraude. El problema está en las auditoras y en una valoración equivocada de los riesgos por parte de los inversores”, arguye Miguel Ángel Bernal, responsable del departamento de investigación del Instituto de Estudios Bursátiles (IBE). Asegura que el verdadero problema es que “la mayor parte de quienes invierten desconocen los más básicos mecanismos bursátiles”.

Bernal identifica algunas similitudes entre las tres empresas: un consejo de administración casi familiar, no muy diversificado; cifras de negocio que no se corresponden con las medias de su sector; y una baja capitalización en los casos de Gowex y Pescanova, ya que Nueva Rumasa no cotizaba. Y considera fundamental modificar el funcionamiento de las auditoras: “Es indispensable filtrar las firmas autorizadas para llevar a cabo estos informes, exigir que presenten un historial de los estudios realizados hasta la fecha, y quizás corroborar sus trabajos con auditorías sorpresa de otras firmas o, cada tres o cuatro años, con informes de auditoras más prestigiosas”.

Para solucionar “la ineficacia del ordenamiento jurídico”, la Asociación Española de Accionistas Minoritarios de Empresas Cotizadas (AEMEC) va a iniciar un procedimiento en el Parlamento Europeo para que se revise el papel de los supervisores y sobre todo su responsabilidad, debido a la naturaleza internacional de los accionistas afectados explica su portavoz, Antonio Valverde. E insiste: “El problema de España es un vacío institucional en la defensa y protección de los intereses de los accionistas minoritarios que invierten en las sociedades cotizadas”, dice.