El regadío y su encrucijada

En la sede de la comunidad de regantes de Almudévar, a 20 kilómetros al sur de Huesca, hay mucha actividad en verano. Es época de riego para los cultivos que se recogerán en noviembre, y desde el ordenador de la oficina se controla todo: cuándo empiezan a escupir agua los aspersores y cuándo paran, teniendo en cuenta las franjas horarias en las que la electricidad es más barata; si en algún punto ha fallado y hay que volver a empezar... Así es desde que modernizaron el sistema hace tres campañas, aunque el proceso empezó hace algo más de diez años. Entonces había muchas resistencias entre agricultores escépticos; ahora ya no, asegura Antonio Alastrué, presidente de la comunidad de regantes. Hasta la llegada de la tecnología, la producción media de maíz era de 10.000 kilos por hectárea y ahora es de 14.000. Se han gastado 45 millones de euros en el proceso, de los que casi cuatro millones los puso la Unión Europea a fondo perdido, otros 15 se devolverán a los bancos durante 25 años; entonces, tendrán que empezar a devolver el resto, que lo puso el Gobierno.

Desde el año 2000 se han invertido más de 3.800 millones de euros en modernización de regadíos en España, entre la UE (925 millones), el Gobierno central y las autonomías (1.718 millones) y los regantes, según los datos del Ministerio de Agricultura. Eso, en los sistemas comunes, sin contar lo que han invertido los agricultores en sus propios campos, que elevaría la cifra hasta los 5.000, según la Federación Nacional de Regantes (FENACORE).

Hoy, 14 años después, tras la modernización de 1,5 millones de hectáreas (casi la mitad de la superficie regada), agricultores y Administraciones dan por buena la mejora de la productividad, la flexibilidad para poder elegir los cultivos más rentables y la eficiencia en el uso del agua, un recurso escaso que se aprovecha mejor con las tecnologías de riego.

Sin embargo, el aumento en los últimos años de la factura eléctrica y los crecientes requerimientos ambientales a un sector que se bebe casi 7 de cada 10 litros de agua que se consumen cada año en España condicionan el futuro de un sector que ha crecido al abrigo de esa modernización: la superficie de regadío ha aumentado desde 2002 en algo más de 173.000 hectáreas hasta llegar a los 3,5 millones de 2013. Además, supone el 2% del PIB español y da empleo al 4% de la población ocupada en España.

Desde FENACORE, sin embargo, pintan un panorama desalentador por ese aumento del precio de la energía, que pone en peligro la continuidad de muchos proyectos, asegura su presidente, Andrés del Campo. El sistema tradicional por inundación o superficie (simplemente se abre la compuerta y se deja caer el agua) no genera apenas gasto eléctrico, pero la maquinaria modernizada sí lo hace. Ello, sumado a que en 2008 el Gobierno eliminó la tarifa reducida para el riego y a las sucesivas subidas posteriores de los últimos años, ha supuesto un incremento medio del 1.000% en los costes fijos y del 100% en la factura final, según el sector. La ministra de Agricultura, Isabel García Tejerina, aseguró hace dos meses que está trabajando con Industria en medidas para paliar esos ahogos, pero aún no hay ningún resultado concreto.

La apuesta pública por el regadío, en todo caso, parece seguir en pie, según los argumentos que el Gobierno envió a Bruselas en el borrador de acuerdo de cooperación para las ayudas europeas del periodo 2014-2020. "El regadío en España produce en torno al 65% de la producción agrícola bruta, utilizando para ello menos del 20% de las tierras labradas. La productividad de la tierra en regadío es del orden de cinco veces superior a la del secano", dice el texto.

Aún se está negociando en estos momentos la parte del pastel de los Fondos Europeos de Desarrollo Rural (FEADER), de entre 7.000 y 8.000 millones de euros hasta 2020, que le tocarán al sector del regadío.

Eso sí, los proyectos financiados tendrán que cumplir una serie de requisitos ambientales, como ser coherentes con los planes hidrológicos de cuenca, demostrar los ahorros de agua y, en el caso de la extensión del regadío allí donde no había, asegurar que se alimentarán de zonas de agua en buen estado ecológico.

Porque otro punto clave para el futuro del sector es la presión de los colectivos ecologistas y conservacionistas, que sin duda irá en aumento de la mano de esas condiciones para acceder a ayudas europeas. Numerosos informes han cuestionado en los últimos años que la modernización suponga un ahorro real de agua si no se cumplen una serie de condiciones. No lo supone, asegura Alberto Fernández Lop, de la ONG WWF, si al final se devuelve menos líquido al cauce del río que con el sistema de inundación o si se aumenta la superficie regada.

"Todas las modernizaciones han superado el procedimiento de evaluación ambiental", responde un portavoz del ministerio. Y añade que entre 1999 y 2011, el uso de agua para riego en toda España se ha reducido en 1.337 hectómetros cúbicos, un 7%, según las cifras del INE. Sin embargo, esas mismas cifras señalan que ese ahorro está en Andalucía, Castilla-La Mancha y Comunidad Valenciana, mientras que en Murcia, Aragón y Extremadura ha aumentado en ese mismo periodo en 856 hectómetros cúbicos. El presidente de FENACORE aporta otra cifra más: un 25% de ahorro en los campos modernizados.

En todo caso, numerosos especialistas recuerdan, llegados a este punto, las externalidades positivas de la apuesta por el regadío y por su modernización: su capacidad para fijar la población en el territorio rural al mejorar la calidad de vida de los agricultores y sus perspectivas de buenos rendimientos; para generar alrededor industria agroalimentaria; o como "equilibrio" de la balanza comercial española: "el porcentaje de las exportaciones sobre la Producción Final Agraria se ha doblado y supera más del 50%", señala FENACORE.

También destacan distintos expertos las bondades del sistema mayoritario de gestión: las comunidades de regantes. Con una tradición que se remonta siglos atrás, su forma legal actual es la de corporaciones de derecho público adscritas a las confederaciones de cuenca de los ríos, que a su vez dependen del Gobierno central. En ellas, a través de los cuerpos legislativo (la asamblea donde están todos los regantes), ejecutivo (la junta de gobierno, elegida por la asamblea) y judicial (que hace de árbitro) deciden el uso del agua que cada año les concede la confederación.

Estas comunidades han supuesto un fuerte impulso para la modernización. Así ocurrió en Almudévar. "Hicimos todo tipo de seminarios y encuentros, con el apoyo del Centro de Investigación y Tecnología Agroalimentaria de Aragón, para convencer a la gente", dice Felipe Ruiz, secretario de la comunidad. En ella trabajan él y otras cuatro personas, y los gastos de mantenimiento son de unos 60.000 euros al año. Este y el control de las herramientas tecnológicas abren nuevas necesidades y, con ellas, nuevos sectores de desarrollo.

Tradicionalmente, la tecnología de riego ha llegado de Israel, principal potencia en el sector. Sin embargo, Andrés del Campo asegura que las empresas españolas se están abriendo camino con fuerza. Según la Plataforma Tecnológica Española del Agua, en tecnologías de riego destacan las firmas Sistema Azud y Saleplas; en automatización y telecontrol, Regaber, Progress y Macraut, o en tecnologías de la información, Hispatec.

En este contexto —y con un cambio climático que sitúa a España en un punto caliente en el que se prevén más inundaciones y periodos más largos de sequía—, el futuro del sector pasa irremediablemente, según Andrés del Campo, por la innovación. Tanto para seguir mejorando el uso de agua como la mejora de la productividad de los cultivos y para ser capaces de generar energía eléctrica para su autoconsumo. España, según el investigador del CSIC Emilio Playán, "es el tercer país del mundo que más investigación sobre regadíos ha producido en la última década, solo detrás de Estados Unidos y China".