El acuerdo EE UU-UE se empantana

Negociar un acuerdo de libre comercio nunca es fácil. Si lo hacen dos potencias comerciales como Estados Unidos y la Unión Europea, las dificultades crecen. Y si los apoyos políticos a la negociación flaquean, la negociación puede llegar a fracasar. No es el caso del Acuerdo Transatlántico para el Comercio y la Inversión (TTIP, por sus siglas en inglés) que negocian Estados Unidos y la Unión Europea. Todavía.

 El Partido Republicano ya ha advertido que no aprobará ningún acuerdo comercial, empezando por el acuerdo de asociación con el Pacífico, que negocie la actual Administración de Estados Unidos si el presidente Barack Obama no hace más esfuerzos para lograr la Autoridad de Promoción Comercial (TPA por sus siglas en inglés), por la cual el Congreso solo puede aprobar o rechazar, sin enmiendas, un acuerdo comercial. “Dada la crítica importancia de la TPA para asegurar el éxito en las negociaciones del Acuerdo de Asociación Transpacífico, no apoyaremos este acuerdo si se completa antes de que apruebe la Autoridad Comercial”, advertían esta semana en una carta enviada por los congresistas republicanos del comité de Comercio al Alto Representante de Comercio de EE UU, Michael Froman.

En Europa, la negociación del TTIP fue uno de los primeros asuntos que discutió el nuevo Parlamento y el nuevo presidente de la Comisión Europea, Jean Claude Juncker, expresó su apoyo a la negociación pero advirtió que “no sacrificaré en el altar del libre comercio las normas europeas en los ámbitos de la salud, la seguridad o la protección social y de los datos ni nuestra diversidad cultural”, garantizó ante la Cámara.

La sexta ronda de negociaciones ha tenido lugar esta semana en Bruselas, con escasos avances concretos. Pero las delegaciones negociadoras mantienen el optimismo. “Estamos en un momento de transición importante en la negociación. La fase de preparación ya se ha acabado, en prácticamente todos los temas de negociación ya estamos empezando a trabajar sobre propuestas concretas. Ambas partes han puesto ya sus cartas sobre la mesa”, asegura Ignacio García-Bercero, el jefe de la delegación europea en las negociaciones. García- Bercero participó a principios de mes en un seminario sobre el acuerdo comercial en Santander y allí se reunió con EL PAÍS.

Europa pone el acento en el acceso a los contratos públicos

Son todavía trabajos técnicos, “necesarios para preparar el campo para las decisiones políticas que se tendrán que tomar más adelante”, como explica el negociador, pero que ya afloran las dificultades de acuerdo. “Todo lo que se refiere a explorar las posibilidades de reconocimiento mutuo, equivalencias en sectores como el automóvil o el farmacéutico son temas complejos. Ahí hay que tener creatividad para ver cómo se puede establecer puentes para mejorar la cooperación reglamentaria sin pretender cambiar el enfoque de cada una de las partes”. Uno de los nudos gordianos de la negociación es el interés de los europeos en eliminar la discriminación en los concursos de obras públicas en Estados Unidos, lo que viene determinado por la legislación americana del Buy American, comprar productos americanos.

“No hay ningún tipo de exigencia en la legislación europea sobre que las compras públicas deban tener un cierto contenido de productos europeos. Ese tipo de legislación no existe en Europa, mientras que en EE UU para contratos públicos importantes, sobre todo en infraestructuras de transporte, existe un mandato de que cierto porcentaje de los contratos públicos debe ser de fabricación americana. Por eso damos mucha importancia a que esa discriminación no se mantenga y que, en definitiva, el Buy American se pueda convertir en un Compra Transatlántico, que puedas competir igualmente con productos europeos o americanos”.

La filtración de unos documentos de la negociación, en los que se abría la puerta a la gestión hospitalaria por parte de empresas estadounidenses, extremo negado por los negociadores europeos, ha forzado a los gobiernos a pronunciarse al respecto y a rechazar tal posibilidad.

“En principio, si hay servicios públicos prestados por empresas privadas normalmente esos servicios podrán ser prestados también por empresas americanas porque no hay discriminación. Pero la decisión de base, si se decide abrir o no un servicio a la competencia privada esa es una decisión soberana de cada Estado que no va a verse afectada por nuestros acuerdos transatlánticos porque en todos nuestros acuerdos de comercio hay unas reservas específicas al respecto. No es una decisión que pueda ser impuesta por el acuerdo, es una competencia nacional. Lo que hablamos respecto a las compras públicas no es tanto de hospitales o educación. Estamos hablando fundamentalmente del sector de las infraestructuras de aeropuertos, ferrocarriles, metro, que son grandes contratos donde las empresas españolas tienen una posición competitiva fuerte y donde actualmente las empresas solo pueden participar en una licitación si los materiales que utilizan son americanos”, explica García-Bercero.

“Los riesgos existen pero el compromiso político es fuerte”, dice García-Bercero

El acuerdo corre el riesgo de ser poco ambicioso, ya que Estados Unidos ha excluido al sector financiero de las materias de acuerdo, por cuestiones puramente políticas explican expertos del sector que no forman parte de las negociaciones. “No tenemos la más mínima intención de poner en tela de juicio la reglamentación americana sobre servicios financieros, la ley Dodd-Frank. Lo que nos parece lógico es que los reguladores de ambas partes tengan en cuenta lo que están haciendo los otros reguladores y que, por tanto, los reguladores estadounidenses y europeos se consulten en una etapa temprana del desarrollo de la reglamentación, examinen cuáles son las posibilidades de hacer reglamentaciones que sean compatibles o equivalentes y, si ese es el caso, que se llegue a algún tipo de reconocimiento de equivalencia”.

Los plazos para la negociación son muy ajustados. El objetivo es alcanzar un acuerdo para 2015 y una de las incógnitas para lograrlo es si el presidente Obama contará con la TPA, que dé garantías a la UE de que lo que se acuerde no será modificado por el Congreso de EE UU. “La fase actual de la negociación no es un problema que el presidente Obama carezca de la autoridad comercial porque hay mucho trabajo técnico aún por delante pero cuando haya que discutir los problemas políticamente más difíciles es muy difícil hacerlo si no tiene la garantía de que la otra parte lo que la administración acuerde no pueda ser modificado por el Congreso”.

Para los legisladores europeos es fundamental garantizar que las negociaciones no van a suponer una merma de derechos sociales y laborales ni de los estándares climáticos. El nuevo Parlamento cuenta con un mayor número de diputados que rechazan estas negociaciones pero los dos grupos mayoritarios de la Cámara, el Partido Popular Europeo y el Partido Socialista, han expresado su apoyo al acuerdo.

“Los riesgos de fracaso siempre existen. Pero creo que el compromiso político detrás de esta negociación es muy fuerte por ambas partes y son conscientes de que fracasar en este ámbito tendría un impacto muy negativo sobre la relación transatlántica. Estoy seguro de que se hará lo necesario para que la negociación llegue a buen puerto”.