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Los exdirectivos de Novacaixagalicia, a juicio por sus prejubilaciones millonarias

Cinco exejecutivos de las cajas gallegas están acusados de apropiación indebida

El juez Ismael Moreno les da 20 días para que presenten una fianza de 18,9 millones

La Audiencia Nacional ha acordado abrir juicio oral a cinco exdirectivos de Caixa Galicia y Caixanova, que se fusionaron en Novacaixagalicia y posteriormente en NCG Banco, por las supuestas modificaciones en contratos de alta dirección para garantizarse el cobro de indemnizaciones multimillonarias. La caja recibió cerca de 9.000 millones de dinero público tras su integración. 

El titular del juzgado número 2 de la Audiencia, Ismael Moreno, ha decidido enviar al banquillo al exdirector de Novacaixagalicia José Luis Pego, el exdirector adjunto Javier García de Paredes y al expresidente Julio Fernández Gayoso, así como a los exdirectivos Gregorio Gorriarán, que gestionaba la división inmobiliaria, y Óscar Rodríguez Estrada, de la oficina de integración de las dos cajas. También será juzgado el abogado Ricardo Pradas que asesoró al  comité de retribuciones sobre los cambios en los contratos de alta dirección.

La Fiscalía Anticorrupción les reclama penas de tres años de prisión por adjudicarse prejubilaciones de 18,9 millones de euros cuando la entidad fue intervenida por dos veces por el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB). En vísperas de la transformación de la caja en NGC Banco, los directivos ejercitaron su claúsula de desestimiento de los contratos para embolsarse los siguientes importes: José Luis Pego, 7,73 millones de euros; Gregorio Gorriarán, 4,83 millones; Francisco Javier García de Paredes, 5,65 millones y Óscar Rodríguez, 691.000 euros. Estos 18,9 millones de euros suponía aproximadamente el 29% del valor atribuido a la entidad antes de la segunda intervención del FROB.

El ministerio público autores de un delito de apropiación indebida y, alternativamente de estafa. Además de las penas de prisión, la fiscalía reclama que devuelvan el dinero cobrado indebidamente. En esta causa no se incluye al expresidente de Caixa Galicia, José Luis Méndez que  se jubiló dos meses antes de que el proyecto cuajase tras cobrar 16,5 millones.

En agosto de 2011, seis meses después de consumar la fusión, Banco de España nacionalizó la entidad, que tenía un valor teórico de 1.714 millones de euros aportados por ambas cajas. Tras los ajustes contables el patrimonio fundacional se transformó de un plumazo en 181 millones. En ese momento los directivos forjados bajo el manto protector de Méndez y Gayoso abandonaron el proyecto. Los mismos directivos imputados autorizaron la fusión con un descuadre de 982 millones de euros por aplicar tasaciones infladas e información errónea sobre suelos y promociones, como después desveló la auditoría.

El auto del juez les da 20 días de plazo para que presenten escrito de defensa y para que, de forma solidaria y en el mismo plazo, presenten una fianza equivalente al dinero que se les reclama, 18,9 millones, "para asegurar las responsabilidades pecuniarias que les pudieran imponer".

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