El Gobierno obliga a diez ciudades más a tener zonas de libre horario comercial

El Gobierno está convencido de que si las tiendas abren más horas venderán más. La Secretaría de Estado de Comercio, segura de que la liberalización de los horarios comerciales atraerá más turismo y generará empleo, ha decidido extender a otras 10 ciudades la obligación de designar áreas en las que las tiendas y centros comerciales puedan abrir los domingos y festivos. Estas 10 ciudades se suman a las 14 que desde 2012 ya están obligadas a seleccionar áreas de gran afluencia turística. Y además, por primera vez, la normativa especifica el castigo para los municipios que se resistan a acatar la legislación estatal: si no delimitan una zona, automáticamente se impondrá la liberalización en toda la ciudad.

Las nuevas ciudades que deben designar zonas donde las tiendas puedan abrir en festivo son San Sebastián, A Coruña, Salamanca, Santander, Oviedo, Gijón, Almería, Marbella, León y Jerez de la Frontera. Son todas capitales de más de 100.000 habitantes y con más de 600.000 pernoctaciones hoteleras al año. Se suman al grupo designado en 2012, formado por localidades de más de 200.000 habitantes y más de un millón de estancias hoteleras: Barcelona, Sevilla, Alicante, Valencia, Zaragoza, Málaga, Las Palmas de Gran Canaria, Bilbao, Córdoba, Granada, Cartagena, Palma de Mallorca, Santa Cruz de Tenerife y Madrid.

¿Qué ocurre si las ciudades que deben declarar zonas obligatoriamente no lo hacen? El texto legal incluye “la declaración de todo el municipio como zona de gran afluencia turística en caso de que no se declaren las zonas en las ciudades que contempla la norma”. Las diez nuevas ciudades que se incorporan al club del turismo de compras tendrán seis meses para dibujar sus mapas comerciales. A las que se han hecho las remolonas pese a que debían tener los perímetros delimitados desde 2012, les ofrecen ahora dos meses de gracia. Pero si siguen sin cumplir, llegará el castigo.

En realidad este ultimátum de dos meses tiene un destinatario muy claro: el País Vasco. Esta comunidad estaba obligada a dar luz verde a las zonas turísticas que designó el Ayuntamiento de Bilbao el año pasado. Pero se ha resistido. Y ahora, si no se pronuncia en dos meses, todo Bilbao será declarado de gran afluencia turística y, por tanto, todas las tiendas y grandes superficies podrán abrir los festivos que quieran. “Ha pasado más de un año desde que se pidió [al País Vasco] que resolviera la situación y no lo ha hecho. No es razonable”, señalaron este viernes fuentes del Ministerio de Economía para justificar la posible sanción.

En cuanto a Barcelona, otra de las ciudades donde las aperturas en festivo han sido un verdadero campo de batalla entre patronales y entre partidos político, el conflicto ha perdido fuelle. El Consistorio finalmente ha aceptado declarar tres zonas de libre apertura en festivo durante el verano. El único conflicto que queda por resolver es en materia de franja horaria, ya que el Ayuntamiento aboga porque se abra solo hasta las seis de la tarde. En todo caso, desde el Gobierno central se muestran menos pesimistas que con Bilbao, y creen que Cataluña acabará por encontrar un encaje en la normativa.

A las 24 ciudades obligadas a designar zonas turísticas se suman, además, otras que han solicitado recientemente esta medida de forma voluntaria, como Ávila, Valladolid, Salamanca, Badajoz, Cáceres, Mérida o la ciudad autónoma de Ceuta. En total, en España hay 526 municipios con zonas donde el comercio puede abrir en festivo, en especial en zonas costeras o de segundas residencias.

Límites a las normas autonómicas

El Ejecutivo también aprobó este viernes cambios en la legislación sobre implantación de nuevas superficies comerciales. Ha modificado la ley de Ordenación del Comercio Minorista “para que tenga una redacción más clara”. El objetivo del Ministerio de Economía es poner coto a las exigencias que las comunidades autónomas podían imponer a operadores comerciales para limitar, por ejemplo, que se abrieran nuevos centros comerciales o se instalaran nuevos operadores en determinadas regiones.

“Las autonomías solo pueden regular en materia de ordenación del territorio o de medioambiente. No pueden regular en materia económica. Y eso es lo que ahora se ha blindado”, insistieron fuentes del Gobierno, que reconocieron que prácticamente todas las autonomías deberán ahora revisar sus normativas para adaptarse a la nueva redacción de la ley.