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La Audiencia ordena investigar una venta de valores del Santander de 2007

El tribunal revoca una resolución del juez Moreno, que archivó la querella de unos inversores

Fernando J. Pérez

La Sección Cuarta de la Audiencia Nacional ha ordenado al juez Ismael Moreno que investigue la comercialización de los llamados valores Santander, un producto financiero por los que la entidad bancaria captó 7.000 millones de euros en 2007. El tribunal revoca una resolución del propio Moreno, que el pasado 22 de abril decidió archivar una querella presentada por 90 clientes del banco, al que acusaban de comercializar un producto financiero especulativo “como si fuera seguro y con funcionamiento similar al plazo fijo”.

En un auto fechado el pasado viernes, la Sección Cuarta, ordena iniciar una investigación contra el Banco Santander, la empresa comercializadora de los valores, los directivos responsables de la emisión —Ignacio Benjumea y José Antonio Soler— y los distintos empleados de las sucursales del banco cántabro que ofrecieron el producto. La querella acusaba de delitos de estafa, apropiación indebida, publicidad engañosa y falsedad en documento mercantil. La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) multó el pasado mes de febrero con casi 17 millones de euros al Banco Santander por la comisión de dos infracciones, una muy grave y otra grave, relacionadas con el producto 'Valores Santander'.

El juez Ismael Moreno había ordenado el archivo de la causa, pese a que la Fiscalía había pedido la práctica de una serie de diligencias, al entender que las actuaciones del banco no revestían los caracteres de los delitos denunciados en la querella. Sin embargo, los querellantes presentaron un recurso contra el archivo, al que se adhirió el ministerio público, y la Sección Cuarta les ha dado la razón.

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El juez Moreno sostenía en el auto revocado que los clientes fueron debidamente informados del producto que adquirían, a través del folleto informativo y del tríptico, accesibles ambos en la red. La Sección Cuarta no discute que la documentación contuviera las conclusiones pero, añade, “lo cual no significa que fuera en sí mismo inteligible para determinados perfiles de potenciales clientes”.

El tribunal comparte que “hay base fáctica” para plantearse, investigar y despejar las dudas sobre la emisión de los valores Santander, que se llevó a cabo en nueve días, entre 129.000 clientes y reportó a la entidad 7.000 millones de euros. Según la sala, en variados casos “no se tuvo conocimiento del tríptico ni de otro documento informativo” y los clientes sólo tuvieron la información que les manifestaron los comerciales del banco, que, según la denuncia, nunca les advirtieron de que estaban “contratando un producto de riesgo y especulativo”.

“No hay que pasar por alto que, de entre los suscriptores, algunos de 76, 80, 82 y 85 años de edad, es difícilmente imaginable que los que estuvieran en torno a dichas edades quisieran suscribir un producto especulativo, sino rentabilizar un dinero a plazo fijo, que es lo que sostienen que se les ofreció”, asegura el auto de la Sección Cuarta. Incluso hubo clientes que optaron por cambiar a valores Santander otros productos que ya tenían porque se les decía que era más seguro.

Jubilados y pensionistas

Entre los denunciantes hay jubilados, pensionistas, amas de casa con estudios primarios, un albañil, una auxiliar domiciliaria, además de un aparajador, profesores o funcionarios. “Habrá que profundizar si entre esas personas fueron las idóneas a las que captar para asegurarse la suscripción del producto, o por el contrario, les llevó a ello saber (quizás solo ese dato) que su aportación iba a reportarle un rendimiento del 7,30%”, sostiene el auto del tribunal presidido por Ángela Murillo.

Es necesario saber, asegura el tribunal, si a la hora de comercializar los Valores Santander “pudo existir el elemento del engaño, configurador del delito de estafa”. Y para ello no hay más vía que abrir la investigación que demandan los querellantes, asegura la sala.

Un informe de la Intervención General de la Administración del Estado sostiene que los valores “se colocaron de forma masiva y quizás indiscriminada entre la generalidad de los clientes del banco en unos momentos [la crisis de 2008] que se podía intuir y notar los inicios de las turbulencias de los mercados financieros”.

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Sobre la firma

Fernando J. Pérez
Es redactor y editor en la sección de España, con especialización en tribunales. Desde 2006 trabaja en EL PAÍS, primero en la delegación de Málaga y, desde 2013, en la redacción central. Es licenciado en Traducción y en Comunicación Audiovisual, y Máster de Periodismo de EL PAÍS.

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