Fomento advierte de que multará a quien cobre por compartir coche y a los usuarios

El Ministerio de Fomento ha irrumpido en el conflicto por la proliferación de empresas que ponen en contacto a particulares para compartir vehículo al advertir a los usuarios que paguen por estos servicios sin licencia de que pueden ser multados con entre 401 y 600 euros. Junto a ello, el departamento que dirige Ana Pastor también recuerda que la ley prevé sanciones para las plataformas o personas que "promuevan, oferten o presten estos servicios por cuenta ajena" sin la pertinente autorización administrativa de entre 4.001 y 6.000 euros. Para ellos, la sanción llega a ser de 18.000 euros en caso de reiteración.

"El Ministerio recuerda que la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres (LOTT) exige que las personas y empresas que realicen transportes de viajeros por cuenta ajena en vehículos de turismo mediante retribución económica se encuentren previamente autorizados por la Administración", afirma Fomento en un comunicado. El aviso llega en pleno conflicto de los taxistas, que están protestando —este miércoles hay huelga en Madrid— por la llegada de servicios como Uber, que ya está en marcha en Barcelona. A través de estas aplicaciones de móvil, los usuarios localizan vehículos de particulares en sus cercanías para moverse por la ciudad a cambio de una remuneración dineraria, lo que está prohibido por ley en caso de no contar con la pertinente licencia. 

En España, la plataforma para compartir coche más usada es Blablacar, que ya lleva varios años activa y que ha suscitado críticas de algunas patronales, como la de los autobuses. A diferencia de las otras, esta aplicación no está afectada por la normativa. Esto es debido a que funciona como un tablón de anuncios en el que los particulares se ponen de acuerdo entre ellos para compartir los costes de un determinado trayecto. La propia Administración ha promovido en el pasado iniciativas para compartir vehículo, como la puesta en marcha en Madrid del llamado Bus VAO para los coches con dos o más ocupantes o el acuerdo que firmó Industria con Blablacar en 2011.

A este respecto, el Ministerio argumenta ahora que "ante la aparición de anuncios en los medios y redes de comunicación mediante los que diversas empresas hacen pública su intención de poner en marcha plataformas de contratación de servicios de transporte de viajeros en vehículos de turismo particulares, se recuerda que es necesaria dicha autorización". Y advierte de que los servicios de inspección "velarán por el cumplimiento de la legislación vigente". Según recuerda Fomento, la licencia tiene como fin "asegurar que el servicio que reciben los usuarios reúne las adecuadas condiciones de seguridad y calidad".

Por este motivo, el departamento recuerda que está en coordinación con las comunidades para actuar "en cuanto tiene conocimiento de la prestación de servicios que pudieran no adecuarse al marco regulatorio vigente" y reitera que lleva a cabo "todas las actuaciones de inspección y control precisas". Pero anuncia que redoblará esfuerzos. En este sentido, ha advertido de que trasladará a las inspecciones de otros Departamentos (como Empleo o Agencia Tributaria) los posibles incumplimientos que afecten a sus respectivas competencias "para asegurar el pleno cumplimiento de toda la legislación vigente".

Reacción del sector

Frente a la sospecha de ser una actividad irregular, Uber especifica en los términos legales de su aplicación que es responsabilidad de sus usuarios cumplir las leyes del país, el estado o la ciudad donde se están utilizando sus servicios. Asimismo, asegura que tanto los que prestan el servicio como los usuarios no puede tener propósito comercial y se deben restringir al ámbito personal.

También Blablacar ha emitido a través de su blog un comunicado en el que, con objetivo de tranquilizar a los usuarios, afirma que "compartir gastos es legal". “Blablacar es una plataforma para conectar personas particulares que permite compartir los gastos de un viaje en coche. No se trata de una retribución económica, sino de la compartición de los gastos asociados a ese trayecto en común. Por lo tanto, ni Blablacar ni los usuarios de Blablacar, que solo comparten los gastos del viaje, se dedican al transporte de viajeros por cuenta ajena. En Blablacar no hay ánimo de lucro”, añaden.

Desde Cabify, la empresa creada por el fundador de Tuenti, Adeyemi Ajao, que se dedica al alquiler de coches de lujo matizan que a ellos tampoco les afecta la amenaza de Fomento, recuerdan que no son una empresa de consumo colaborativo y que sus conductores operan con licencia.

Iniciativa de la Generalitat

En otros países como Francia, Inglaterra y Bélgica se han sufrido conflictos gremiales similares con protestas contra lo que denuncian que es competencia desleal. Pese a ello, desde Bruselas, la Comisión Europea ya ha avanzado que está a favor de las alternativas al taxi que permitan abrir mercados. Eso sí, siempre y cuando paguen sus impuestos. "Nadie dice que los conductores de Uber no deban pagar tasas, respetar las normas y proteger a los consumidores. Pero prohibir Uber no les da la oportunidad de hacer las cosas bien", resumió el portavoz comunitario de Agenda Digital, Ryan Heath, hace unos días.

Desde los consumidores, la OCU ha pedido al Gobierno que establezca "reglas claras" para que se permita y favorezca estas fórmulas de consumo colaborativo que tienen como objetivo optimizar los recursos. Sin embargo, al ser algo nuevo muchas veces operan en un vacío legal que, hasta la fecha y tal y como señalan desde el sector, el Ejecutivo no ha acertado a legislar, tal y como ha sucedido con la financiación colectiva. En una nota, la organización pide que en todo caso se garanticen los derechos de los usuarios, tanto de los que reciben los bienes y servicios como de los que los prestan. Además, coinciden en que es necesario diferenciar entre la prestación de un servicio con ánimo de lucro y las nuevas formas de consumo compartido.