Por una Europa fuerte

Hoy, domingo, se celebran las elecciones al Parlamento Europeo. Para la mayoría de la población europea es un evento que pasa desapercibido. Como mucho, es algo que anima el debate político nacional. Lo hemos visto en España, los candidatos se han dedicado a debatir temas nacionales: que si la crisis, que si la herencia de la crisis, que si este escándalo, que si la recuperación. En otros países, quizá con la excepción de Italia, el tono ha sido similar, todo en clave doméstica. La política, al fin y al cabo, es siempre un tema local. No es de extrañar, por tanto, que se hable del déficit democrático de la zona euro, no solo que las instituciones no son las adecuadas, sino que los políticos no se toman la zona euro en serio. Lo cual es un gran error porque, como hemos visto en los últimos años, cada vez más decisiones se toman en Bruselas o en Fráncfort.

Los Gobiernos y sus oposiciones debaten en sus Parlamentos nacionales, de manera agria a veces, sobre las opciones de política fiscal, pero la realidad es que el margen de maniobra, en la mayoría de los casos, es mínimo. Con la legislación europea actual, que da a la Comisión Europea y al Eurogrupo el poder legal para intervenir en los presupuestos nacionales no solo ex post, en caso de desfase con respecto a los planes presentados y aprobados por el Eurogrupo, sino también ex ante, durante su fase de preparación antes de la aprobación por los Parlamentos nacionales (durante lo que se denomina el “semestre europeo”), la soberanía nacional en materia fiscal se ha reducido a la mínima expresión. Si se cumplen las reglas de déficit (déficit por debajo del 3% y déficit estructural por debajo del 0,5%) y de deuda pública (por debajo del 60%), hay algo de soberanía a nivel nacional para adoptar políticas expansivas. Pero si se incumplen estos parámetros —definidos en el Pacto Fiscal Europeo, formalmente denominado Tratado de Estabilidad, Coordinación y Gobernanza en la Unión Económica y Monetaria, firmado por los países miembros en marzo de 2012 y que entró en vigor en enero de 2013—, la soberanía nacional se limita a negociar plazos de ajuste, con escasísimo margen de maniobra para redistribuir gastos de un lugar a otro del presupuesto, o subir unos impuestos para poder bajar otros. El compromiso del Pacto Fiscal Europeo está claro: para los países con deuda pública superior al 60% (que son la mayoría de la zona euro) existe la obligación de reducirla cada año un 1/20 de la diferencia entre en la ratio existente de deuda sobre PIB y el objetivo del 60%. Para España, con una ratio de deuda sobre PIB de aproximadamente el 100%, eso implica un compromiso de reducir la ratio de deuda sobre PIB alrededor de dos puntos del PIB cada año durante los próximos 20 años. Es decir, que, a no ser que se acelere el crecimiento de manera exógena, tenemos política fiscal restrictiva para largo, porque habrá que reducir el déficit por debajo del 1% para poder generar el superávit primario (es decir, después del pago de los intereses de la deuda), necesario para empezar a reducir la deuda, alrededor del 2% y mantenerlo durante mucho tiempo.

Estas elecciones al Parlamento Europeo tienen un importante elemento adicional. Por primera vez, los grupos parlamentarios europeos se presentan a las elecciones con un candidato al puesto de presidente de la Comisión Europea. Es decir, existe el compromiso político —que no legal— de que si gana el bloque socialista, el candidato a presidente de la Comisión será el alemán Martin Schulz, y que si gana el bloque popular, el candidato será el luxemburgués Jean Claude Juncker (¿cuántos de ustedes, si es que han ido a votar, sabían que estaban votando por uno u otro?). Es un compromiso político, porque la propuesta de candidato vendrá del Eurogrupo, y como es muy probable que las elecciones no den un ganador con mayoría absoluta —debido al rápido avance en muchos países de los grupos euroescépticos—, siempre es posible que al final se adopte un candidato de consenso que no sea uno de los que han hecho campaña. A pesar de sus defectos, esta elección indirecta del presidente de la Comisión Europea es un paso adelante en la reducción del déficit democrático europeo. La falta de unidad a nivel político ha sido una de las razones que han generado la débil respuesta a la crisis, que tanto daño ha hecho a la economía europea. Pero además es importante porque el presidente de la Comisión debe ejercer una función de liderazgo a la hora de promover iniciativas que mejoren el entramado institucional y el bienestar de la zona euro. Durante la crisis, la gran mayoría de las propuestas que hubieran generado una respuesta adecuada han venido de la Comisión, para luego ser diluidas por la oposición alemana en el Eurogrupo. El próximo presidente de la Comisión tiene que tener la estatura y el respaldo político suficientes para enfrentarse a los Gobiernos en igualdad de condiciones.

Estas elecciones al Parlamento Europeo se recordarán por el avance de los grupos antieuropeos y extremistas. El partido británico antieuropeo, el Frente Nacional francés, el Partido de la Libertad holandés, Syriza en Grecia... todos ganaran votos y los resultados se interpretarán en clave doméstica. Es el voto protesta que se dedica a las elecciones menos importantes. Pero es un error político menospreciar estas elecciones. Este también será el Parlamento Europeo, y la Comisión Europea, que deberían dar un impulso definitivo a la construcción de la unión europea. La crisis ha amainado, pero la fragilidad institucional persiste. Hay que alcanzar urgentemente un acuerdo político, si hace falta, con un cambio de tratado, para crear un sistema de eurobonos que proporcionen un mecanismo de estabilización a la zona euro, den credibilidad al fondo de resolución de crisis bancarias y proporcionen un instrumento para que el Banco Central Europeo (BCE) no pueda escudarse en la diversidad fiscal para evitar hacer la expansión cuantitativa que urgentemente necesita la zona euro. Hay que convencer a Alemania de que su estrategia actual de minimizar su contribución potencial a la zona euro es un error. Hace falta una Europa fuerte si queremos un futuro próspero, y eso empieza por tomársela, políticamente, en serio.

Ángel Ubide es senior fellow del Peterson Institute for International Economics en Washington.