Bruselas, tenemos un problema fiscal

Desde que los efectos de la crisis, y de las decisiones para combatirla, hincharon el déficit público, el escrutinio de la Comisión Europea cobra otra dimensión. Lo que antes eran recomendaciones con un escaso grado de seguimiento, ahora son exigencias. Y no solo para acortar el déficit; el reforzado poder institucional de Bruselas le permite reclamar reformas en todos los ámbitos. En España, el programa de rescate a la banca llegó a convertir esas exigencias en mandatos. El Gobierno de Rajoy inicia la próxima semana una nueva ronda de exámenes con algunos deberes hechos, varias tareas retrasadas, y un conflicto en ciernes: la reforma fiscal.

El temario del examen fue fijado por el Consejo Europeo en julio pasado. Y como ha ocurrido en los últimos años, la cuestión principal que plantea Bruselas es qué hará España para reducir el déficit público. En el dictamen de los Veintiocho, además, se hace una clara advertencia: “La proporción entre impuestos y PIB de España sigue siendo una de las más bajas de la Unión”.

En 2013, los ingresos públicos apenas llegaron al 38% del PIB, uno de los niveles más bajos de la UE. Pero, esta vez, ante el aviso de Bruselas, el Ejecutivo del PP se hace el distraído: “Cumpliremos el programa electoral en lo que queda de legislatura, bajaremos los impuestos”, proclamó este viernes Miguel Arias Cañete en su primer acto como candidato popular al Parlamento Europeo.

En lo que queda de legislatura, hasta 2016, el déficit debería pasar del 6,6% al 2,8% del PIB. ¿Cómo hacerlo si se bajan los impuestos? Tras descontar sueldo a los funcionarios y reducir plantillas, jibarizar la inversión pública, limitar al mínimo (0,25%) el alza anual de las pensiones o impopulares recortes en sanidad, educación y asistencia social, el Ejecutivo centra los nuevos planes de ahorro en mejorar la eficiencia de la Administración.

La respuesta que esboza el PP es que la incipiente recuperación le permitirá recaudar más, incluso con tipos más bajos en algún impuesto, y producirá ahorros adicionales en la factura por el pago de intereses y de las prestaciones por desempleo.

El examen europeo comenzará este miércoles, cuando el Gobierno presente el nuevo Programa de Estabilidad. Y lo hará con un incumplimiento flagrante. Si el Consejo Europeo le reclamó “una revisión sistemática del sistema tributario para marzo de 2014”, el Ejecutivo de Rajoy ha pospuesto la reforma fiscal hasta, al menos, junio.

Es algo más que un retraso de tres meses. Sin el detalle oficial de cuál será la reforma tributaria de Rajoy, la Comisión no podrá comprobar si se ajusta a sus exigencias. Además, el aplazamiento tiene lecturas políticas, ninguna del agrado de Bruselas, que ya lamentó que Rajoy condicionara el crucial presupuesto de 2012 a las elecciones andaluzas. Porque el retraso permite al PP lanzar un valioso mensaje genérico —bajar impuestos— en los comicios europeos. Y porque, en verano, la Comisión estará ya en una situación débil, de interinidad, para el conflicto que se anuncia.

Bruselas estableció las líneas maestras de lo que debería ser esa reforma, entre ellas “una mayor limitación de las deducciones en la imposición directa”, “explorar el margen existente para una mayor limitación de la aplicación de los tipos de IVA reducidos” o “adoptar medidas adicionales en impuestos especiales”. Fuentes de la Comisión insisten en la idea de aprovechar el alza del IVA para promover una rebaja de las cotizaciones a la Seguridad Social, mucho más amplia y permanente que la tarifa plana de 100 euros para nuevos contratos fijos que el Gobierno aplicará este año.

Rajoy va al examen con la reforma de las pensiones hecha y retraso en otras áreas

El informe de los expertos sobre la reforma fiscal, encargado por el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, asumía esas líneas maestras. Pero el propio Montoro se ha encargado de desmontarlo. Hace un mes, el ministro de Hacienda sostuvo que “ningún producto subirá en su tributación”, porque vayan a pasar del tipo reducido (10%) al general (21%) del IVA. Su número dos, Miguel Ferre, ha deslizado que tampoco habrá subidas en impuestos especiales (carburantes, alcohol o tabaco). El Ejecutivo descarta quitar la deducción por compra de vivienda en el IRPF y el secretario de Estado de la Seguridad Social, Tomás Burgos, se empleó esta semana contra la rebaja a las cotizaciones.

A falta de los detalles finales, Hacienda perfila una propuesta que choca de frente con las exigencias comunitarias: una rebaja gradual de los tipos en el impuesto sobre la renta, y la apuesta por que la mejora en la recaudación, de la mano del crecimiento económico, facilite el ajuste del déficit.

Al examen europeo, Rajoy se presenta con una recuperación en ciernes, el viento de los mercados a favor (sopla el Banco Central Europeo), un ajuste suficiente del déficit en 2013 y el fin del rescate bancario. Y exhibe, más allá del conflicto larvado por los impuestos, un cumplimiento desigual de las reformas propuestas por Bruselas. Casi todas ellas están en vigor, o en proyecto, pero algunas acumulan llamativos retrasos. Otras han tenido un impacto escaso. Eso sí, organismos como la OCDE señalan que el Gobierno de Rajoy ha promovido cambios legales, muchas veces polémicos y contestados, a un ritmo similar al de Grecia o Portugal, más acuciados por la situación financiera y la exigencia comunitaria tras los rescates.

El principal aval de Rajoy ante la prueba comunitaria es la aprobación de la reforma de las pensiones, un proyecto muy demandado por Bruselas. Con estos cambios, el aumento del gasto en pensiones estará limitado durante varios años al mínimo (0,25%) establecido por el Gobierno. Y, a medio plazo, el gasto también se contendrá al incorporar el impacto de una mayor esperanza de vida.

Además de la reforma de las pensiones, el Congreso, dominado por el PP, ha dado también luz verde en los últimos meses a otros proyectos exigidos por la Comisión, como la Ley de Garantía de Unidad de Mercado, la Ley de Apoyo al Emprendedor o un nuevo marco legal para las insolvencias de las empresas, “que facilite una segunda oportunidad a las compañías quebradas”. También se ha puesto en marcha una Autoridad Fiscal Independiente, pero con tanto retraso que no ha podido evaluar las cuentas públicas de 2014, como pedía Bruselas.

Montoro se niega a aceptar la receta de subir el IVA y bajar cotizaciones

El año pasado también se sucedieron los cambios legales para atajar el déficit tarifario en el sector eléctrico, pero con unos resultados dudosos —volvió a haber un desfase millonario en 2013— que se antojan insuficientes. Y está en trámite parlamentario la Ley de Desindexación para evitar una subida automática de los precios públicos con la inflación. Es una medida muy del gusto de Bruselas y que ahora, con la inflación tan baja, es menos urgente.

Entre los retrasos clamorosos destaca la Ley de Colegios y Servicios Profesionales, reclamada con insistencia por la Comisión desde el inicio de la crisis. Tras una tortuosa elaboración, el ministro de Economía, Luis de Guindos, asegura que pasará a Consejo de Ministros en las próximas semanas.

Los mecanismos para suministrar financiación a las pymes distinta del crédito bancario, como el mercado alternativo de renta fija, están en marcha pero con una actividad testimonial. Y Bruselas pide más a Madrid para eliminar restricciones a las grandes superficies comerciales, extender la licencia exprés a la apertura de negocios industriales o establecer fórmulas de copago sanitario.

Está por ver si Bruselas considera suficiente el plan de Fomento para evitar que el rescate a las autovías de peaje impacte en las arcas públicas. O si da el aprobado a los planes para “aumentar la eficiencia de la Administración”. De algunas recomendaciones, muy pocas, no hay noticia. Ni del “examen sistémico de las mayores partidas de gasto público”, que debía hacerse “en marzo de 2014 a más tardar”. La misma fecha estaba fijada para una evaluación de las últimas medidas de apoyo al mercado del alquiler. O para establecer un sistema que informe con frecuencia del nivel de atraso en los pagos de las Administraciones a los proveedores.