Argentina apunta a la informalidad laboral tras la huelga y la caída del crecimiento

El Gobierno argentino busca estimular la regularización de trabajadores informales, que representan un tercio de la masa laboral, en un primer acuse de recibo de la huelga que acaba de paralizar el país y en un contexto de desaceleración que puede impactar en el empleo.

El plan, presentado esta semana por la presidenta argentina, Cristina Fernández, y que deberá ser aprobado por el Parlamento para su puesta en marcha, busca regularizar en el plazo de dos años a 650.000 personas que trabajan sin estar debidamente registradas por sus empleadores.

La iniciativa procura ese objetivo a través de incentivos a las empresas, especialmente las pymes, que, según datos de consultoras privadas, generan un tercio de los puestos de trabajo en Argentina.

Es precisamente este segmento de empresas el que ha comenzado a sentir el peso de un mayor coste financiero a la hora de acceder a créditos, a raíz de la fuerte devaluación del peso argentino registrada en enero pasado y los posteriores incrementos en los tipos de interés.

Estos problemas no sólo causan una menor actividad productiva sino que desincentivan la contratación de personal y la regularización de los ya empleados en forma precaria y, en los casos más extremos, incluso empujan a las empresas a despedir personal.

La bajada en el nivel de actividad económica ya ha sido reconocida por el propio Gobierno.

Según los últimos datos oficiales disponibles, la actividad económica cayó en enero un 0,4% frente a diciembre pasado, mientras que en febrero la actividad industrial mostró signos de estancamiento, con una subida de apenas el 0,2 por ciento respecto a enero.

El impacto sobre el desempleo de este cóctel de devaluación, desaceleración y mayores costes salariales -producto de paritarias presionadas por la alta inflación- aún se desconoce, porque las cifras oficiales no se divulgarán hasta mayo.

La última medición de la tasa de desempleo, correspondiente al cuarto trimestre de 2013, arrojó un descenso hasta el 6,4%, que los expertos explican por una menor demanda, es decir, menos gente buscando trabajo, desanimada porque la oferta también es menor.

Lo cierto es que en Argentina hay 11,1 millones de trabajadores y 759.000 desempleados, pero también 924.000 millones de personas subempleadas, con lo que el universo de argentinos con problemas de empleo es aún alto.

Además, "la creación de empleo privado se muestra estancada en los últimos doce meses", según un informe de la consultora privada Econométrica.

Diversas encuestas privadas de expectativas revelan que para este año se espera que la oferta laboral se mantenga estable o baje; en ningún caso se espera que crezca.

A ello se añade el alto índice de informalidad laboral, un 33,5% según el Gobierno, que bajará tan sólo cinco puntos y medio en dos años si el plan presentado esta semana prospera y resulta exitoso.

Datos del Ministerio de Trabajo revelan que la informalidad es mayor en sectores como la construcción (49 por ciento) y la agricultura (46 por ciento).

En los últimos dos años, pese a un incremento de los operativos de fiscalización, la tasa de trabajo no registrado bajó apenas dos puntos y medio.

La precariedad laboral fue uno de tantos reclamos que sindicatos opositores al Gobierno llevaron a la huelga general de la pasada semana, demandas a las que el Ejecutivo de Fernández no respondió abiertamente, aunque su primera medida en materia laboral ha sido el anuncio de este plan contra el trabajo no registrado.