Obreros españoles sufren precariedad e intimidación en Holanda

Un grupo de trabajadores españoles, empleados en Holanda en la construcción de la autopista A4 por una empresa alemana, dijeron a Efe que se sienten intimidados y tienen que aceptar condiciones abusivas por miedo a perder su empleo.

Señalan que la situación de desempleo por la crisis en España les hizo salir del país y que esa misma crisis les obliga ahora a callar ante un destino donde les azota la precariedad laboral.

Contratados por la empresa alemana BS Rugovac Bau GmbH, gestionada por el montenegrino Zeko Rugovac, trabajan jornadas de hasta más de diez horas en la construcción de la autopista que unirá las ciudades holandesas de Delft y Schiedam (al oeste del país).

Su compromiso laboral lo zanjaron de palabra y han firmado contratos en neerlandés o alemán que no entienden. Las cláusulas incluyen complementos por horas extra, sábados y vacaciones, pero, según el sindicato de la construcción FNV Bouw, son promesas inclumplidas.

Desde que empezaron en la primavera de 2013, su situación ha mejorado ligeramente gracias a la mediación de ese organismo laboral holandés, que se implicó tras una alerta de la Embajada española.

Los seis euros netos que cobraban por hora han subido al mínimo legal de 8, pero siguen sin recibir remuneración por los extras y hay muchos interrogantes sobre el pago en casos de baja de enfermedad, dijeron a Efe fuentes de FNV Bouw.

"Nos quieren porque somos mano de obra barata. Tenemos que costearnos la ropa de trabajo. Si estamos enfermos, no cobramos", reclamaron protegidos bajo el escudo del anonimato.

La desinformación y la barrera de la lengua son su máximos enemigos. "Muchos desconocen que tienen que apuntarse en el ayuntamiento para recibir asistencia social y sanitaria", explicó a Efe Ben Paulides, político del municipio de Wassenaar, quien, junto con la enfermera española Marilena Soria, ha ayudado a algunos obreros en cumplimentar esos trámites.

La precariedad laboral va pareja con un trato intimidatorio. "Les amenazan con mandarles a España si hablan", dijo a Efe el representante sindical Osman Yildiz Yildiz después de visitarlos recientemente en los estrechos bungalows de 35 metros cuadrados en que comparten residencia hasta en grupos de cinco.

Emilio Rincón, un gaditano de 32 años que ahora vive en Sevilla, es uno de los pocos que se ha atrevido a denunciar "las irregularidades de Rugovac", lo que le costó el puesto, aseguró a Efe en conversación telefónica.

"Me dijeron que ya no había más trabajo para mí y todavía estoy esperando a que me paguen salario y una baja laboral", explicó, al confirmar que la intimidación se produce a través del intérprete venezolano contratado por la firma del montenegrino.

La maraña de subcontratas desde Obras Públicas hace que la responsabilidad sobre los empleados de la A4 se pase de unos a a otros como una patata caliente.

La instancia gubernamental que encarga la autopista (Rijkswaterstaat) deriva responsabilidades en la firma Rugovac y en el consorcio que la subcontrata, A4ALL, que es el responsable de la ejecución de la obra.

"La disposición y trato del personal recae sobre la empresa ejecutora", indicó a Efe Hanneke Derksen, portavoz de Rijkswaterstaat.

Una inspección del Ministerio de Asuntos Sociales y una auditoría solicitada por A4ALL esperan poder esclarecer la situación y sacar a la luz presuntas irregularidades de la empresa Rugovac.

Compuesto por las firmas Boskalis, Heijmans y VolkerWessels, A4ALL defiende su "interés en que los trabajadores reciban lo acordado", declaró a Efe su portavoz, Lonneke Wijnhoven.

El sindicato FNV mantiene que A4ALL se ha declarado garante hasta diciembre de 2013 de posibles compensaciones, pero el conglomerado empresarial no confirmó a Efe ese compromiso, al menos "hasta que se sepa el resultado de la auditoría".

A4ALL también sostiene que hay un intérprete en el lugar de trabajo "para aclarar malentendidos", y que se han traducido al español el protocolo a seguir en caso de enfermedad y el comprobante de pagos en efectivo, pero la supervisión de estas medidas sigue siendo incierta.