El Gobierno venezolano busca regular la compra de alimentos para frenar el contrabando

El Gobierno de Venezuela lanzó hoy un nuevo sistema para controlar la compra de alimentos en la red de supermercados públicos y luchar así contra el contrabando que ha llevado al desabastecimiento de productos básicos para la población.

El presidente venezolano, Nicolás Maduro, quien presentó el 16 de marzo pasado la "tarjeta electrónica de Abastecimiento Seguro", dijo hoy que el nuevo sistema llegó para acabar con las "irregularidades" y el contrabando, y garantizar así los alimentos a los ciudadanos.

La tarjeta forma parte del Sistema Superior de Abastecimiento Seguro que controlará la compra de alimentos en la red de supermercados del Estado (abastos y supermercados Mercal, PDVAL y Bicentenario) para eliminar el contrabando de productos destinados a esos establecimientos y que ronda el 40 %, según datos oficiales.

Este martes comenzó el registro de los usuarios de la red pública de supermercados en 156 puntos del país a través de la captación de huellas dactilares.

La afiliación al sistema permitirá registrar la cantidad de alimentos y la frecuencia con la que son adquiridos, para generar una alerta si el consumidor tiene patrones de compra atípicos.

Para incentivar el registro de los consumidores, habrá rifas de automóviles o apartamentos, así como descuentos en alimentos y paquetes turísticos.

Según las autoridades, los productos son adquiridos en la red de supermercados públicos, donde los precios de los alimentos están por debajo del resto comercios porque están subsidiados, y llevados a Colombia a través de la frontera para revenderlos a precios mayores.

Maduro aseguró recientemente que "un kilo de azúcar de Mercal está en 2 bolívares y en Medellín lo venden a 150 bolívares, da más plata que la cocaína, da más plata que la droga".

Venezuela comparte una amplia frontera con Colombia por la que pasan de manera ilegal una amplia gama de productos, pero sobre todo alimentos y combustibles.

El líder opositor Henrique Capriles criticó el nuevo sistema, que calificó como un instrumento de "racionamiento", y destacó que "deja claro que la escasez no es una contingencia de corto plazo, sino algo permanente".

El presidente de la Asociación Nacional de Usuarios y Consumidores (Anauco), Roberto León, coincidió en que "esto no es abastecer", sino "racionar".

"El Estado es quien tiene el deber de luchar contra el delito llámese contrabando, llámese especulación, acaparamiento", dijo a Efe.

El ministro de Alimentación, Félix Osorio, ha señalado que el sistema impedirá "compras excesivas". La frecuencia de compra "lógica" es de entre cuatro y siete días y quien "quiera comprar todos los días no va a poder porque es un revendedor", aseveró.

El Gobierno estima alcanzar los 15 millones de afiliados al nuevo sistema, solo cuatro millones por debajo de la población que atiende la red pública de alimentación a través de 22 mil puntos de venta.

Con una inflación de más del 50 % en 2013 y un crecimiento del PIB de apenas el 1,6 %, Venezuela sufre recurrentes episodios de desabastecimiento de productos de consumo, como papel higiénico y leche, que obligan a los ciudadanos a recorrer varios supermercados para encontrar lo que necesitan y hacer largas filas.

El año pasado hubo una escasez de bienes básicos del 28 %, según el Banco Central de Venezuela, algo que el Gobierno atribuye a una guerra económica para desestabilizar al país.

En tanto, los empresarios responsabilizan al Ejecutivo de la situación con el argumento de que no reciben del Estado las divisas necesarias para producir o importar.

Según el presidente del Consejo Nacional del Comercio y los Servicios, Mauricio Tancredi, el sistema restringe la libertad de los consumidores y no resuelve el problema de raíz, que es la de escasez de productos.

Se pronunció, en su lugar, por "una política de flexibilización de los precios de los productos controlados" y medidas para impulsar la producción".

En enero pasado el Gobierno impulsó la Ley de Precios Justos, que busca controlar los precios y acabar con la escasez, al prohibir ganancias superiores al 30 % y estipular sanciones de hasta 10 años de cárcel para los acaparadores.