Vamos despacio que tengo prisa

Convencidos de la debilidad de la Unión Monetaria Europea (UME) ante la crisis financiera mundial, padecida durante estos últimos años, y la incapacidad de una respuesta común de la UME por la falta de armonización en la regulación y supervisión bancaria, ya en 2009, el presidente de la Comisión encargó un estudio sobre una posible regulación y supervisión única de las entidades financieras. A pesar de este convencimiento, no fue hasta 2012 cuando la Comisión Europea presentó al Consejo Europeo un proyecto de unión bancaria europea que representaba el mayor avance financiero de la UME después del establecimiento del euro como moneda única en algunos de los países de la UE.

El Consejo estableció una hoja de ruta para el proyecto y lo basó en tres pilares: un mecanismo único de supervisión bancaria; un mecanismo único de resolución (MUR), estableciendo de forma homogénea las normas y procesos de intervención en los bancos con problemas, y una directiva sobre sistemas de garantía de depósitos. Por último, se consideró la posibilidad de homologar las condiciones de las operaciones de los fondos de cada país.

El Consejo Europeo del 14 de diciembre de 2012, en sus conclusiones, reconoce que el mecanismo único de supervisión supone un salto cualitativo hacia un marco financiero más integrado e insta a los colegisladores a llegar rápidamente a un acuerdo sobre rescate y resolución. Considera que es obligado romper el círculo vicioso entre los bancos y los Estados. También consideró que una vez que la supervisión bancaria se hubiese transferido a un mecanismo único de supervisión, haría falta un mecanismo único de resolución, con los poderes necesarios para que se pueda llevar a cabo la resolución de cualquier banco establecido en los Estados miembros participantes. Para alcanzar estos objetivos estableció que se debería acordar un marco operativo, durante el primer semestre de 2013, a fin de que cuando estuviese efectivamente establecido el mecanismo de supervisión, el mecanismo europeo de estabilidad (MEDE), siguiendo sus procedimientos normales de decisión, tuviese la posibilidad de recapitalizar los bancos directamente, señalando que se haría en pleno acuerdo con el mercado único.

Desgraciadamente para el futuro de la Unión Monetaria, este ambicioso proyecto se ha visto en su desarrollo muy mermado y retrasado en el tiempo. En primer lugar, si bien se ha acordado el mecanismo único de supervisión bancaria, haciéndolo recaer en el Banco Central Europeo (BCE), por presiones de Alemania en las negociaciones no se ha hecho para el conjunto de las entidades, sino que la supervisión directa del BCE será solo para aquellas consideradas “significantes”, en función de varios indicadores como el nivel de activos.

Es importante tener normas financieras comunes y las de supervisión son esenciales

En total son aproximadamente 130 instituciones las consideradas significantes, dejando fuera gran parte de las instituciones alemanas que se libran de una supervisión directa del BCE. Por el contrario, en España, se incluye una supervisión directa de casi todas las instituciones financieras existentes en este momento. Los bancos centrales de cada Estado miembro serán los responsables de la supervisión del resto de las instituciones financieras. Para ello se firmará un memorando de entendimiento entre el BCE y los bancos centrales de cada Estado miembro.

El Parlamento Europeo aprobó el mecanismo único de supervisión en septiembre de 2013 y, a continuación, el Consejo publicó la regulación sobre el mismo en el mes de octubre. Actualmente, el BCE está realizando las pruebas de resistencia a las instituciones financieras significativas y está previsto que asuma las responsabilidades de supervisión el 4 de noviembre de 2014, aproximadamente un año más tarde de lo que preveía el Consejo en su hoja de ruta.

En segundo lugar, está más retrasado y desvirtuado el desarrollo del segundo pilar de la Unión Bancaria, es decir, el MUR, que intenta establecer un sistema por el que el MEDE pueda intervenir directamente en aquellas instituciones financieras que tengan problemas o estén a punto de quebrar. El BCE y la cúpula directiva del Consejo de Resolución del MUR decidirán qué banco está a punto de quebrar y podrán iniciar el proceso de liquidación. La decisión de hacerlo podrán tomarla en un plazo muy corto. Por tanto, es una nueva cesión de soberanía por parte de las instituciones de los países.

Debido a las objeciones de Alemania, y en contra de la opinión inicial del Parlamento Europeo, han obligado a que el nuevo mecanismo MUR se apruebe a través de la firma de un tratado intergubernamental en vez de ser incluido directamente en la legislación de la UE a través de un reglamento comunitario. Parece que los problemas están de nuevo en la forma en que se procede a las cesiones de soberanía y Alemania ha exigido que las decisiones sobre la utilización del fondo se tomen en función de la contribución económica de cada país y no en términos de igualdad, como se hace en todos los organismos de la UE y la UEM.

Por otra parte, las duras negociaciones en el seno del Parlamento Europeo han retrasado el proceso, aunque por fin se ha firmado el 24 de marzo. Sin embargo, aunque el Parlamento pretendía que el fondo aprobado de 55.000 millones de euros estuviese disponible cuanto antes, lo único conseguido ha sido acortar algo los plazos de la mutualización de los riesgos, quedando establecidos en el 40% en el primer año, 20% en el segundo y el total lo estará en ocho años. Teniendo en cuenta la cifra acordada para el fondo, que será aportada por todos los bancos de los países miembros de la UEM y durante la fase de transición, el MUR podrá pedir prestado en el mercado, después, en la fase final, deberá establecerse un mecanismo de apoyo común.

En conclusión, el proceso de unificación bancaria está en marcha. Es importante tener unas normas financieras comunes, las de supervisión son esenciales y también disponer de algún mecanismo rápido y simplificado para poder responder a los problemas financieros de los países miembros y solucionarlos sin que los problemas de algunas instituciones afecten a la estabilidad del sistema europeo en su conjunto. Sin quitar importancia a lo aprobado, con el acuerdo tomado entre el Consejo Europeo y el Parlamento hay que reconocer que el proyecto inicial de la Comisión era más ambicioso y más equitativo. La supervisión bancaria debería afectar a todas las instituciones, la cantidad del fondo acordado parece insuficiente, sobre todo si surgen varios problemas simultáneamente, los plazos se han alargado a pesar de ser una cuestión urgente y al final las opiniones e intereses de Alemania pesan más que la del resto de los países.

Carmen Alcaide es analista y expresidenta del INE