Tensión entre la CNMC e Industria por las funciones en telecomunicaciones

Lío a la vista por el control de las telecomunicaciones. El Ministerio de Industria se quedará con gran parte de las funciones reguladoras en la materia que debieran corresponder a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) si no cambia la nueva Ley General de Telecomunicaciones (LGT), cuya tramitación en el Senado terminará el día 18 de marzo tras la ampliación pedida por el PSOE. La ley, tal como está redactada, incumple por varios flancos la normativa comunitaria y desoye las advertencias de la vicepresidenta de la Comisión Europea, Neelie Kroes. La comisaria advirtió de posibles injerencias que restaban independencia al regulador en una carta enviada al ministro de Industria español, José Manuel Soria, con fecha de 11 de febrero de 2013.

Ante la amenaza de la apertura de un expediente de infracción, el Gobierno se comprometió a mantener todas las funciones en la CNMC. En otra carta de julio, volvió a reflejar la preocupación por “la transferencia de competencias fundamentales” del regulador al ministerio.

A la vista de la ley, parece que no ha habido muchas correcciones, lo que ha generado gran intranquilidad en la CNMC. Aunque fuentes del organismo que preside José María Marín han rechazado hacer comentarios alegando que no procede al encontrarse la ley en tramitación parlamentaria, otras del entorno político subrayan la ley “vacía aún más de competencias a la CNMC y las traspasa al Ministerio de Industria”.

La CNMC, no obstante, ya se pronunció en diciembre. En concreto, hacía hincapié en la transferencia de funciones y en el traslado a las Administraciones Públicas de las competencias en la resolución de conflictos entre operadores en el tráfico irregular y el uso indebido de la numeración. En ambos se limita la actuación de la CNMC a la emisión de un informe no vinculante. Precisamente, según esas fuentes, el Gobierno prepara dos reales decretos con los que se dan más competencias al ministerio para esos casos.

Entre sus preocupaciones, destacaba que es el regulador europeo con menos competencias en telecomunicaciones de la UE. A diferencia de otros países, no se ocupa del espectro radioeléctrico, de los derechos de los usuarios, de la seguridad de las redes ni del registro de dominios de Internet, entre otras funciones.

En total, se cuantifican en 22 las competencias que asume Industria. Esta circunstancia supondrá que el organismo regulador pierda “herramientas imprescindibles para llevar a cabo la supervisión y la regulación de los mercados de telecomunicaciones”, añaden. “La potestad de inspección no se desarrolla, se eliminan competencias en materia de gestión de numeración y el registro de operadores, no se atribuyen otras competencias en calidad de redes o seguridad que son básicas para la supervisión y regulación ex ante de los mercados de telecomunicaciones”, sostienen esas fuentes, que subrayan que vulnera las directivas marco y de acceso.