La Comisión cierra sin multa la investigación sobre el déficit de tarifa

Carpetazo a un viejo contencioso entre Bruselas y España. La Comisión Europea anunció este lunes que no hubo ayudas públicas ilegales a las grandes empresas españolas a través del sistema de tarifas eléctricas reguladas para usuarios industriales vigente entre 2005 y 2009. No habrá sanciones: Bruselas dictamina que ni las eléctricas ni sus clientes corporativos se beneficiaron de ayudas de Estado. La Comisión inició una investigación hace siete años, allá por 2007 y con Neelie Kroes al mando de Competencia, ante las sospechas de que esas tarifas reguladas eran “artificialmente bajas” y podrían haber proporcionado cantidades importantes de ayuda al funcionamiento de estas compañías, que se beneficiaban así de una ventaja competitiva respecto a sus competidores europeos.

Ese sistema generó un agujero de 3.800 millones de euros y dio lugar a la figura, todavía vigente y controvertida, del déficit de tarifa. Las tarifas en cuestión se suprimieron en 2009 y España puso en marcha entonces un mecanismo para financiar el déficit de 2005, que exige a los grandes usuarios de electricidad cubrir con posterioridad la brecha creada. “En consecuencia, hubo un incremento de facto de las tarifas eléctricas a posteriori”, según un portavoz, que aseguró que los contratos cerrados en 2004 y 2005 en el mercado libre “se cerraron a precios muy similares a los de las tarifas reguladas para clientes industriales”. “No se dieron ventajas”, añadió la misma fuente para explicar la decisión de cerrar el caso.

No hubo ventajas

La investigación se archivó sin multas el pasado 4 de febrero. Los técnicos de Competencia —departamento que dirige Joaquín Almunia— concluyeron que “no se concedió ninguna ventaja a los grandes usuarios de electricidad”, explicó este lunes un portavoz, pese a que en su día la Comisión sospechaba que el sistema beneficiaba a los operadores tradicionales del sector eléctrico, que a cambio de las tarifas reguladas “podrían haber recibido una compensación excesiva del Estado español y haber conseguido un beneficio anómalo”, informa Europa Press.

Competencia desligó este lunes esa decisión de los efectos de la crisis económica o del renovado impulso que se quiere dar desde Bruselas a la política industrial europea, con un sector que viene perdiendo peso desde hace décadas.