Una política energética sin rumbo

Las subastas CESUR suprimidas. ¡Por fin! una medida con sentido en el Sector eléctrico. El tercer problema en importancia que presentaba la regulación de los precios al consumidor de electricidad, solucionado. Hasta 1.000 M€ anuales podría disminuir la factura eléctrica del conjunto de consumidores españoles. Ha tardado el Gobierno más de dos años en llegar a esta decisión. No fueron las críticas y las soluciones que desde hace años algunos expertos en electricidad venían planteando a este asunto de las subastas –los primeros antecedentes se pueden encontrar ya en el año 2008 en la documentación disponible de la antigua Comisión Nacional de la Energía-; ni los reiterados diagnósticos y propuestas que Economistas Frente a la Crisis ha estado haciendo desde 2011 sobre la cuestión eléctrica en la que siempre se ha planteado la necesidad de suprimir estas subastas inflacionistas y sustituirlas por los precios del mercado de electricidad; ni las propuestas del principal partido de la oposición PSOE que en su última Conferencia Política –celebrada hace cinco meses- contemplan un completo cambio del modelo eléctrico regulatorio que entre otras medidas incluye –cómo no- la supresión de las subastas CESUR para sustituirlas por los precios establecidos en un mercado de nuevo tipo que revele los costes medios de producción de la electricidad que consumimos. No. Nada de esto ha sido lo que ha llevado al Gobierno a suprimir la subastas CESUR. Por el contrario, la experiencia nos suministra la sospecha de que todas estas cosas le alejaban de adoptar esta medida –en no pocas ocasiones ya ha dado muestras de su comportamientos refractario al consenso y a la aceptación de las propuestas de “otros”.

Entonces ¿qué es lo que ha llevado al Gobierno a dar un paso en la buena dirección? Aquí no hay sospecha. Hay certeza. Ha sido el ridículo hecho en los prolegómenos de la última subasta y durante la propia subasta y en sus postrimerías… que no podía permitirse el lujo de repetir. En cualquier caso, bienvenida la supresión. Esperemos que detrás de la letra pequeña no haya trampas si acaso no es ya una trampa premeditada el cambio de la estructura de nuestro recibo de la luz en el que se aumenta su parte fija… alguien astuto debió pensar: si la electricidad va bajar suprimiendo las subastas… ¡que no baje tanto el recibo de la luz. No nos pasemos! Subamos el componente fijo del recibo. Debió concluir.

Pero en fin, este es el tercer problema. Sin resolver quedan muchos otros que le siguen… y otros dos de mucha mayor importancia que le preceden. El primero, un mercado que retribuye toda la energía por el coste de la oferta más alta que cierra y determina el precio del mercado; el segundo, el salvaje recorte y la arbitraria intervención en la retribución de las tecnologías renovables que destruye la confianza legítima de los inversores en las normas del Estado, que deteriora la seguridad jurídica que debiera ser sentida por todo agente económico y por todo ciudadano, que aumenta el riesgo país y que encarece –si no paraliza- el cambio del modelo energético necesario –imprescindible- para el cambio del modelo productivo que necesita nuestro país para una salida digna de esta crisis.

Sí: cambio modelo energético – cambio modelo productivo – salida de la crisis. Obviamente no sólo, pero también. Justo lo que no se está haciendo.

Pero la descomposición del área energética del Gobierno, el descrédito de la reforma que ha acometido, las dudas que en el propio Gobierno existen sobre los pasos que ha dado de la mano de su Secretario de Estado de Energía –casi dimite la semana que acabó en 8 de febrero-, la pérdida de coordinación –por ser suaves- entre el Ministro de Industria Soria y de Hacienda Montoro, el Déficit Tarifario descontrolado en 2013 –así cualquiera baja la tarifa, escondiendo sus subidas debajo de la alfombra del Déficit-, los precios de la electricidad insoportables, los recursos y los arbitrajes internacionales contra la quiebra de la seguridad jurídica que sufren los inversores en tecnologías renovables… son las coordenadas que encuadran la imagen que presenta una de las reformas del Gobierno –la reforma eléctrica- calificada por la Vicepresidenta como “el reformazo”, una de las banderas de la política económica e industrial del Gobierno. ¡Ni los peores augurios podían haber presagiado semejante desastre!

Así es que, bienvenida la supresión de las subastas, pero no nos distraigamos. Todo queda por hacer.

Este país no está escaso de políticos y gobiernos adanistas que creen que el mundo empieza cuando ellos llegan. Es una especie de prepotencia que tiende a ignorar, sino despreciar, el acerbo acumulado en el gobierno de la cosa pública por sus antecesores. En la electricidad, un sector que constituye el corazón de la energía, el adanismo ha sido espectacular.

En 1997 el Gobierno Aznar derogó la Ley de Ordenación del Sistema Eléctrico Nacional (LOSEN Diciembre 1994) sin que hubiera apenas entrado en vigor. Se trataba de una ley que había sido resultado de una larga elaboración durante varios años por los servicios y asesores expertos del Ministerio de Industria que, recogiendo la fructífera experiencia anterior, había situado a España a la vanguardia de la regulación eléctrica europea: la unificación del mercado eléctrico –antes segmentado- y la creación de la figura del Operador del Sistema sobre el soporte de una Red de Transporte a muy Alta Tensión bajo control público, hicieron de España un modelo para las reformas eléctricas que necesitaba Europa. ¡Hasta los británicos así lo reconocieron! emulando a Red Eléctrica de España (REE) con la creación de la National Grid Company (NGC).

La derogación de la LOSEN fue un puro ejercicio de adanismo, y adanismo fue también no haber revisado en 2004 la Ley (LSE 54/97) que había sustituido a la derogada LOSEN, como la propia LSE contemplaba, a pesar de haber dispuesto del “Libro Blanco de la electricidad” encomendado a tal fin. Y adanismo superlativo fueron también las pequeñas innovaciones que, al final de la pasada legislatura, desarrollaron normas ineficientes que encarecieron, sin beneficio alguno que lo compensara, la electricidad para los consumidores (de las subastas CESUR ya hemos hablado) o las primeras modificaciones de 2010 –con carácter retroactivo de primer grado, diga lo que diga el TS que de economía de la electricidad ha demostrado saber bien poco- de las condiciones regulatorias bajo las cuales los primeros inversores en energías renovables habían invertido.

Casi todos los gobernantes que se han ido alternando desde 1996 han ignorado su propia ignorancia sobre las características regulatorias singulares de algo tan bizarro –desde el punto de vista jurídico y económico- como es la electricidad… y se han dedicado sin freno a innovar… como elefantes en una cacharrería. Y siguiendo esta inclinación fatal hacia el disparate, he aquí la Reforma Eléctrica de este Gobierno que deja indemnes beneficios injustificables de las centrales nucleares e hidroeléctricas que ni el Derecho –sus inversiones se produjeron bajo expectativas de ingresos mucho menores de los que hoy cobran- ni el mercado pueden legitimar -no hay libertad de entrada en estos segmentos de generación-, y recorta ingresos a las energías renovables que ninguna mano oscura ni invisible –si no el propio Gobierno y las instituciones expertas de él dependientes- habían establecido antes de que ningún inversor tomara sus decisiones. Cómo un elefante en una cacharrería, este Gobierno, en el Sector Eléctrico y no ha sido porque no fuera advertido.

Con la única obsesión de frenar la sangría del llamado déficit tarifario y sin un diagnóstico previo de las causas del problema, de su contenido y de su composición, los dos elementos utilizados por la Reforma Eléctrica para presentarse como solución han sido los de "rentabilidad razonable", primero, para una "inversión eficiente", después. Su aplicación expost (después de realizadas las inversiones bajo un marco regulatorio preciso y concreto) está destruyendo la seguridad jurídica y la confianza legítima de los inversores en las normas. Y además de haber sido aplicados expost, han sido aplicados de manera discriminatoria sobre las inversiones en tecnologías de generación renovable, cuestión especialmente grave porque las renovables son la puerta a un nuevo modelo energético que va a caracterizar, sí o sí, el siglo XXI ¿o es que hay alguien que lo ponga en duda?

¿Por qué no se han aplicado semejantes criterios retributivos a nucleares e hidroeléctricas? … Ah! porque hubieran tenido que devolver varios miles de millones de euros. Pero la realidad es que aquí no hubiera habido problemas de retroactividad ni de lesión de derecho alguno, pero sí muy poderosos intereses económicos molestados.

La reforma eléctrica del Gobierno consolida una privatización ilegítima de los beneficios nucleares e hidroeléctricos; rompe la confianza legítima de inversores y consumidores en las normas del estado; destruye la seguridad jurídica; aumenta el riesgo país y paraliza o encarece las inversiones que necesita un modelo energético económica y medioambientalmente sostenible. Que no nos distraigan los pasos dados en la buena dirección: la supresión de las subastas; ni los dados en la mala dirección: el aumento del peso de las parte fija de nuestro recibo de la luz. Ambos son asuntos importantes pero no afectan al núcleo del problema eléctrico que permanece intacto.

Jorge Fabra Utray, economista y doctor en Derecho, ha sido presidente de Red Eléctrica de España (REE) y consejero de la Comisión Nacional de la Energía (CNE). Actualmente es presidente de Economistas Frente a la Crisis.

En Twitter:@JorgeFabraU