El Gobierno canario replica que su consulta es "legal y democrática"

El Gobierno de Canarias ha defendido hoy que su solicitud de someter a una consulta popular las prospecciones petrolíferas previstas en el archipiélago es "legal y profundamente democrática", en respuesta a las objeciones que ya han expresado varios ministros y cargos del PP.

La vicepresidenta del Gobierno central, Soraya Saenz de Santamaría, replicó ayer al Ejecutivo canario que la Constitución y las leyes sólo prevén consultas autonómicas sobre temas de competencia autonómica y el ministro de Industria, José Manuel Soria, ha opinado hoy que la que plantea Paulino Rivero es "ilegal", porque atañe a unos permisos que compete autorizar al Estado.

"Parece que el PP teme la voz de los canarios en asuntos que nos afectan directamente", responde hoy el Gobierno canario, a través de su comisionado para el Desarrollo del Autogobierno, Fernando Ríos.

Ríos alega que el Reglamento del Parlamento de Canarias (artículo 203), el Estatuto de Autonomía (artículo 32.5) y la Constitución (artículo 92) "prevén la posibilidad de realizar consultas sobre cuestiones de especial transcendencia" y subraya que, "a nadie se le escapa que el tema de las prospecciones lo es, en tanto afecta al modelo de desarrollo del archipiélago".

El Gobierno canario remarca que además tiene competencias sobre materias afectadas por las prospecciones, como la ordenación económica, el turismo y la protección de medio ambiente.

"El Ministerio (de Industria), incumpliendo su propia ley de transparencia, oculta toda información sobre la tramitación de la declaración de impacto ambiental del Ministerio de Medio Ambiente y ni siquiera ha respondido a cuantas alegaciones se han realizado o qué administraciones de las consultadas han acudido a ese trámite", denuncia el comisionado canario.

Fernando Ríos sostiene que Soria "no tiene credibilidad para hablar del impacto ambiental cuando, hace meses dijo que las prospecciones se harían con independencia de ese trámite".

El Gobierno canario también denuncia el "distinto rasero" que, a su juicio, el Estado y el PP emplean con las prospecciones en Baleares.

"Prueba de ello es que el Ministerio acaba de prorrogar el plazo de información pública de las prospecciones para realizar alegaciones en Ibiza, cuando se lo negó a Canarias siendo el mismo plazo inicial (45 días), pero con el agravante de que en el archipiélago fue en pleno agosto", dice el comisionado.