Revolución en la tarifa de la luz
Los usuarios con contador de horario fijarán el precio de la luz cada hora Industria calcula que la supresión de las subastas supondrá un ahorro del 3%
El nuevo sistema para la fijación de precios de la electricidad que entrará en vigor en abril tras la supresión del sistema de subastas (véase EL PAÍS del domingo) supondrá una revolución en la tarifa de la luz. El nuevo mecanismo para fijar los precios tomará como referencia el precio medio diario del mercado mayorista eléctrico (el denominado pool) durante el periodo de facturación, que puede ser mensual o bimensual. No obstante, los usuarios con contador con discriminación horaria (o inteligentes) pagarán en función de su consumo y del precio del mercado en cada hora.
Estos contadores, cuyo coste es de 43 euros más 10 de instalación, lo tienen siete millones de hogares. Esta posibilidad genera “cierta volatilidad” —el precio del mercado fluctúa por diversos factores, como la disponibilidad de producción renovable o el consumo por las propias estaciones del año—, aunque se estima que el efecto que tendrá no será de más de tres o cuatro euros al año “arriba o abajo”.
El sistema de subastas costó 1.160 millones entre 2010 y 2013
El ahorro global con el nuevo sistema será superior a los 200 millones de euros, en torno al 3% de la factura, y afecta a unos 16 millones de usuarios, que en porcentaje suponen el 15% del consumo del sistema. Industria considera que con el nuevo método se elimina el efecto encarecedor de las anteriores subastas y se reduce el coste de la energía en torno al 10%. El antiguo sistema, que fijaba los precios trimestralmente, generó, según cálculos de Industria, un sobrecoste de 1.160 millones en el periodo comprendido entre 2010 y 2013 (500 millones en 2010, 200 millones en 2011, 250 millones en 2012 y 210 millones el pasado año).
El borrador de real decreto, remitido este lunes a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), incluye también la posibilidad de que los consumidores puedan pagar en periodos anuales. Por ello, Industria obligará a las comercializadoras a ofrecer un precio cerrado, si bien debe ser público de manera que permita la competencia y que el usuario pueda cambiar si así lo estima oportuno. Esta tarifa interesa a los usuarios que persigan la estabilidad, principalmente pymes, aunque saldrá más cara. Las ofertas serán estandarizadas y fijadas de forma libre.
Industria habilitará una herramienta, a través de su web y de la de la CNMC, en la que cada consumidor introduciendo sus datos (potencia, periodo de facturación y consumo) podrá comprobar si su recibo es correcto y adecuado a los precios del mercado en el periodo.
Fuentes de Industria también destacan la “reponderación en la fijación del precio”. En ese sentido, se incrementa el peso del consumo, que pasa de representar el 35% al 60%, en detrimento de la potencia, que pasa del 65% al 40%. Según el secretario de Estado, este cambio se hace porque hasta ahora los hogares ocupados sostienen el gasto de las viviendas vacías o segundas residencias. La consecuencia es que las vacías elevarán sus costes un 20% y los hogares ocupados lo bajarán un 15%. Pero el método también perjudica a quienes vivan solos o consuman poco.
El nuevo Precio Voluntario al Pequeño Consumidor (PVPC), “menos costoso y con vocación de permanencia”, incluirá por tanto el precio de la energía resultante de la media del periodo de facturación (antes se fijaba en la subasta trimestral) y la parte regulada (peajes e impuestos), donde se incluyen la distribución, el transporte y las primas a renovables, entre otros. De forma orientativa, por cada 50 euros que paga un consumidor, 20,6 euros van a peajes, 10,7 euros a impuestos y 18,7 euros a lo que era la antigua subasta.
Para garantizar que el mercado eléctrico mayorista funciona correctamente, tanto Industria como la CNMC planean reforzar los mecanismos de vigilancia ante la posibilidad de variaciones extraordinarias o circunstancias atípìcas como las que provocaron la suspensión de la subasta de diciembre. Tras anular la subasta, que arrojó un precio de 61,40 euros por kilovatio/hora, el Gobierno fijó un precio provisional para el primer trimestre del año de 48,48 euros a la espera de establecer el nuevo mecanismo.
Este precio provisional se comparará, una vez cerrado el trimestre, con el medio del mercado en el periodo (muy inferior por ahora). Si el precio final del mercado mayorista sigue siendo inferior, las comercializadoras restituirán el dinero cobrado de más a los consumidores, en un pago único en los meses de mayo o junio.
Las eléctricas creen que el mercado está preparado para una liberalización total
Las compañías eléctricas creen que el mercado pide una liberalización total de la fijación del precio de la parte de la tarifa de la luz no regulada (es decir, excepto los peajes e impuestos) y está preparado para ello. Aunque prefieren guardar silencio hasta conocer con detalle el texto del borrador enviado a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) sobre el cambio del sistema de subasta, fuentes del sector han reconocido que ese paso es el más lógico y que debiera darse en dos o tres años como mucho.
Según las fuentes, que han mostrado malestar por no haberse tenido en cuenta sus postulados para la reforma, el proceso puede desarrollarse con plena seguridad y protegiendo los intereses de los consumidores, de manera que al millón y medio de hogares que tienen bono social (los más vulnerables) no les afectaría. A su juicio, los datos disponibles (porcentaje y precio de los clientes en el mercado libre, tasa de cambio de suministrador...) señalan que el mercado eléctrico español está preparado para estar totalmente liberalizado.
Fuentes de la compañía Endesa, por ejemplo, han subrayado que ya habían advertido sobre los riesgos de aplicar este sistema para la determinación de una parte muy importante de la tarifa eléctrica (en torno al 42%). No obstante, para Endesa, “el asunto en la actualidad no consiste en limitarse a hacer modificaciones meramente técnicas en el funcionamiento de esa subasta”.
Según las fuentes consultadas del sector “existe un amplio consenso acerca de que esta tarifa es un importante obstáculo para conseguir algo que todos los agentes del sistema dicen que se debe conseguir: la completa liberalización del mercado eléctrico español con plazos razonables y conocidos y en consonancia con la legislación europea”. Por ello, los cambios deben ir más allá “de una mera corrección técnica o cambio de plazos en la subasta”.
En medios de las empresas eléctricas han subrayado, además, que resulta muy difícil cuantificar lo que se ahorran los consumidores con el nuevo sistema. La Asociación Empresarial Eólica (AEE), que representa a más del 90% del sector, se queja de que no se les haya convocado a reuniones.
Para la organización de consumidores OCU, la medida “no soluciona la falta de transparencia del precio mayorista que hace que las tecnologías reciban el precio de la más cara y no el coste real de producir la energía”. En parecidos términos se expresa Facua-Consumidores en Acción, que se muestra “escéptica” y asegura que “tomar como referencia el precio del mercado no es la solución al problema”. El coordinador federal de IU, Cayo Lara, aseguró que “le da igual” el sistema que se elija para fijar el precio de la luz y defendió que éste “no puede subir por encima de la inflación y empobrezca cada vez más a los ciudadanos de este país”.
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