Los empresarios exigen rectificar un decreto que les costará 2.500 millones

El presidente de Cepyme, Jesús Terciado, ha exigido hoy al Gobierno que rectifique el decreto "inasumible" e "injusto" que suprime la exención de cotización a la Seguridad Social de determinados conceptos retributivos, con un coste para la empresa de 2.500 millones de euros, según la patronal.

Este fue el cálculo que efectuó la pasada junta directiva de CEOE sumando a las medidas del decreto la elevación de la base máxima de cotización un 5 % incluida en los presupuestos de 2014, según el dirigente de la Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa y vicepresidente de la patronal.

Terciado ha asegurado, tras reunirse con el ministro de economía portugués, António Pires de Lima, que el decreto que convalidará mañana el Congreso podría "retrasar la recuperación" de la economía y ser un "freno" para el empleo, ahora que ambos conceptos se estaban recuperando.

Por ello, ha confiado en que el Gobierno -con el que han mantenido "conversaciones, más que reuniones" sobre este asunto- modifique el decreto con otro nuevo que entre también en vigor "inmediatamente".

Terciado ha asegurado que han recibido por parte del Ministerio de Empleo su disposición a hablar de este asunto "con rigor" y que se está estableciendo un calendario de reuniones.

Mientras se producen estos encuentros, varios sectores de actividad están calculando lo que les afecta la inclusión de los salarios en especie dentro de las bases de cotización.

Para Terciado, que conceptos retributivos como las aportaciones a planes de pensiones o los cheques de comida pasen a cotizar a la Seguridad Social supone "cambiar las reglas a mitad de partido".

"Esto es lo que llamamos inseguridad jurídica, cuando se decide algo a mitad de partido y sin capacidad de reacción dentro de las empresas que tienen ya planificada su estrategia financiera de todo el año" y que tienen la obligación de cumplir con los convenios colectivos.

Unos convenios que fueron pactados "durante muchos años" con beneficios sociales para los trabajadores que la ley situaba fuera de cotización.

"Estos beneficios los pagaban las empresas con sus resultados, no lo ha financiado nadie más", ha respondido a la ministra de Empleo, Fátima Báñez, que la semana pasado aseguró que las empresas deben realizar sus políticas sociales con cargo a sus beneficios y no al sistema de la Seguridad Social.

Sobre las acusaciones de que determinadas empresas pagaban un 100 % de los salarios en especie para evitar cotizar a la Seguridad Social, Terciado ha afirmado que "quien haya abusado tendrá que tener sus consecuencias y que la inspección funcione adecuadamente".

"Pero nosotros defendemos a quienes cumplen con las normas, con la ley", ha concluido.