La Junta de Castilla y León recurrirá la nueva norma del ibérico si el Ministerio no la modifica

La Junta de Castilla y León ha advertido hoy en Salamanca que recurrirá "en vía contencioso-administrativa" la nueva norma del ibérico si el Ministerio de Agricultura no atiende a un requerimiento previo que hará, en el plazo de 15 días, para que cambie determinados aspectos de esta normativa.

Dicho requerimiento previo se efectuará tras un análisis jurídico en profundidad, ha precisado en Salamanca la consejera de Agricultura, Silvia Clemente, tras la reunión la Mesa Sectorial del Ibérico de Castilla y León.

La consejera ha asegurado que es "de dudosa legalidad" la mención que se hace en la norma sobre el porcentaje de raza ibérica y el uso de la expresión "pata negra".

La consejera, que ha estado respaldada por ganaderos e industriales de porcino de Castilla y León, ha expresado los sentimientos que tuvo al ver el pasado viernes la norma que aprobó el Consejo de Ministros: "he tenido un desencanto, descontento y frustración".

Aunque ha reconocido que el texto que se aprobó el viernes "ha avanzado en algunos aspectos respecto a la idea inicial", Silvia Clemente ha añadido que "no era necesaria una nueva norma, porque hubiese sido suficiente mantener la anterior, aplicándole algunas modificaciones y un programa de control nacional".

Estas afirmaciones se han basado, según ha argumentado la consejera, en un análisis preliminar de los servicios jurídicos de su Consejería quienes han determinado "aspectos de dudosa legalidad".

En primer lugar, Clemente ha revelado una contradicción entre esta nueva norma y el reglamento europeo sobre la mención que debe hacerse del porcentaje de la raza ibérica, pues en su opinión "no se puede disponer por un estado que algo sea obligatorio cuando Europa no lo recoge de esa manera".

Por su parte, el uso de la mención de pata negra "no se puede establecer con carácter obligatorio", ha añadido la consejera de Agricultura y Ganadería.

Estas versiones han sido respaldadas y apoyadas por los industriales y los representantes de organizaciones agrarias y ganaderas, quienes en términos generales han reclamado "unidad e ir todos de la mano" para reclamar al Ministerio.

Así, Carlos Díaz, presidente de Iberiace -la asociación que agrupa a más del 95 por ciento de las empresas elaboradoras del sector del cerdo ibérico-, ha reconocido que aunque hay una "parte positiva" en la nueva norma, ésta tiene "tintes de estar a favor de determinadas producciones y comunidades autónomas".

La mayor parte del ibérico puro está en Andalucía mientras que, según la marca de garantía Ibéricos de Salamanca, "en Castilla y León la mayoría es cruzado".

Donaciano Dujo, por Asaja, ha resaltado la coordinación y la unidad de la Mesa del Porcino de Castilla y León y ha insistido en que la nueva norma "beneficia al porcino que no se produce en esta comunidad autónoma".

Aurelio González, representante de la Alianza por la Unidad del Campo, ha explicado que una norma debe servir "para regular la comercialización o la transformación de un sector, en ningún momento debe favorecer una línea de trabajo que solo está en una región".

Jesús Manuel González Palacín, secretario regional de la Unión de Campesinos (UCCL), ha definido la nueva norma del ibérico como "lesiva para Castilla y León", ya que, en su opinión, apuesta "por la raza pura y la alimentación cien por cien de bellota y eso, en su mayoría, no está en esta comunidad".

González Palacín ha sido el único representante de una organización agraria que ha exigido una "presión política" para evitar que siga adelante esta norma, ya que considera que"Castilla y León se juega mucho".