Un sector a la deriva

En lugar del precio de la subasta Cesur, la tarifa de último recurso para el primer trimestre de 2014 se va a determinar con el precio al que cotizó la energía para dicho trimestre en el mercado a plazo en los últimos seis meses. La solución de emergencia de utilizar a posteriori los precios del mercado a plazo para determinar la tarifa de último recurso (TUR), tiene necesariamente carácter transitorio, y todo caso tampoco evitaría, de aplicarse recurrentemente, subidas de la tarifa que intensidad en función de las condiciones de mercado. Al haberse anulado la subasta Cesur, los comercializadores de último recurso (CUR) inician el trimestre expuestos a la evolución de los precios del mercado diario. Puesto que la actividad de la TUR es una actividad regulada en la que el suministro se realiza por obligación legal, se deberá establecer una vía de compensación que proteja a los CUR del riesgo de oscilaciones en el precio de mercado diario. Dicha compensación supondrá inevitablemente o subidas de tarifas futuras, o mayor déficit de ingresos.

Peor escenario se dibuja para los cerca de 200 comercializadores libres, aquellos no vinculados a ningún grupo eléctrico y muchos de ámbito provincial. Como indica textualmente la propuesta de la CNMC, el establecimiento de la TUR sobre la base de cotizaciones en los mercados a plazo ya pasadas, invalida la posibilidad de que dichos agentes se cubran del riesgo de precio. No será fácil establecer una vía de compensación a los comercializadores libres por las pérdidas que puedan sufrir al haber comprometido un suministro de energía al precio de la TUR, y en la mayoría de los casos con descuento, cuando tengan que comprar la energía a precios más altos de los anticipados a plazo.

El mecanismo de una única subasta trimestral para fijar el componente de energía ha mostrado sus limitaciones, pero es difícil imaginar un proceso de fijación de precios que no resulte del encuentro de algún tipo de oferta y demanda. En las subastas Cesur los únicos compradores eran las comercializadoras de los cinco grupos eléctricos integrados, pero era el Ministerio de Industria quien decidía cuánto debían comprar. Incluso la CNMC tenía potestad para reducir el volumen demandado en la Cesur en caso de percibir una oferta insuficiente que pudiera tensionar los precios. Por el lado de la oferta, la mayoría de los participantes eran intermediarios financieros, la mayoría vinculados a entidades financieras o empresas energéticas extranjeras, dispuestos a vender por anticipado a un único precio para el trimestre, y liquidar posteriormente la diferencia de precio con el mercado diario. La oferta de las empresas eléctricas en las subastas Cesur no supera el 15%, ya que tienen su producción en su mayor parte vendida a clientes fuera de la tarifa regulada.

En los últimos años, lo habitual ha sido que el precio de la Cesur haya estado por encima de la media trimestral del mercado diario, con lo que los intermediarios financieros han obtenido un beneficio. Pero curiosamente, en el tercer y cuarto trimestre de 2013 los precios del mercado diario han resultado superiores al precio de la Cesur, provocando pérdidas económicas en los intermediarios. A nadie debe extrañar por tanto que, con los altos precios del mercado diario de diciembre, los oferentes en la Cesur no estuvieran dispuestos a volver a quedarse cortos en sus previsiones de precio.

Es cierto que las energías renovables contribuyen a bajar los precios del pool, pero la solución a los precios altos del pool no es instalar más potencia eólica ni solar. Dichas energías se retribuyen a precios más elevados que el pool a través de los peajes, y estos ya son insuficientes para pagar todos los costes que tienen que atender, de ahí la acumulación de déficit de tarifa.

La inseguridad jurídica en la que está inmerso el sector va a dificultar la búsqueda de soluciones puesto que ahuyenta a nuevos entrantes. Pocos agentes con bajos costes de abandono, entre los que se cuentan los intermediarios financieros que participaban en las subastas Cesur y los comercializadores libres que deben contribuir a que haya competencia, seguirán operando en un sector en el que las reglas de juego se modifican sin previo aviso.

Arturo Rojas es socio de AFI.