El Congreso acepta el proyecto de ley de la reforma eléctrica

Gran parte de la encrucijada a la que se enfrenta el Gobierno por el tarifazo se deriva del llamado déficit de tarifa, la diferencia entre ingresos y costes de producir la luz. Las eléctricas se las prometían muy felices cuando el Ejecutivo se comprometió a costear con cargo a los Presupuestos los 3.600 millones que calculan de déficit para este año. Pero llegó el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, y mandó parar porque el déficit público no está para esas alegrías. A cambio, permitió a las compañías titulizar ese déficit con aval del Estado.

Las eléctricas están indignadas con este apaño, aunque vaya acompañado de recargos en enero durante los próximos quince años que pagarán los consumidores.

Y para colmo, el Ejecutivo prepara una nueva reforma eléctrica que puede nacer muerta. Precisamente, el Congreso de los Diputados convalidó ayer el proyecto de ley de la reforma con el que el Gobierno pretende acabar con el déficit de tarifa. Entre otras cuestiones, prevé una serie de mecanismos automáticos de ajuste para subir los peajes si aumentan los costes, con el objetivo de evitar así la generación de ese déficit. También modifica el modelo retributivo de algunas actividades reguladas, como la distribución y las primas a las renovables, que pasa a estar vinculada a la retribución del Tesoro y a revisarse periódicamente, al tiempo que fija un peaje de respaldo para el autoconsumo.

Fue en ese trámite parlamentario, en el que el Gobierno diseñó un impacto repartido entre las empresas del sector, los presupuestos y los consumidores, a través del recibo de la luz. Sin embargo, durante el trámite en el Senado, y instancias de Hacienda, el PP retiró las aportaciones presupuestarias.

El PP cuenta con el apoyo de CiU para sacar adelante la reforma. El PSOE lo tacha de “bodrio legislativo” y pide su retirada. Y el PP le recuerda que cuando estaba en el poder la luz subió un 63%. Los consumidores seguirán pagando las subidas aprobadas por ambos.