El juez desestima la indemnización que exigía Sousa a Pescanova por despido
Manuel Fernández pedía 663.119 euros y aseguraba que dejó su cargo directivo en septiembre El juzgado recuerda que el ejecutivo reconoció que desde abril ya no ejercía como directivo
El expresidente de Pescanova, Manuel Fernández de Sousa, no va a recibir una indemnización por despido improcedente. Así lo ha decidido el Juzgado de lo Mercantil número uno de Pontevedra, que ha desestimado la petición del empresario, que abandonó la dirección de la compañía que fundó su padre, en concurso de acreedores. Fernández de Sousa reclamaba una indemnización de 663.119,26 euros, es decir, el equivalente a 12 mensualidades de su salario. Aseguraba que había dejado de percibir su sueldo como directivo en abril, pese a que su baja en la Seguridad Social no se produjo hasta septiembre. El juez, sin embargo, estima que el propio Sousa señaló en julio, cuando dejó de ser presidente, que ya no ejercía su cargo directivo desde la entrada en concurso.
El juez Roberto de la Cruz Álvarez ha desestimado así la petición del expresidente de Pescanova, imputado por falseamiento de información económico-financiera, falseamiento de las cuentas y por uso de información relevante. Según la sentencia, a la que ha tenido acceso EL PAÍS, el juzgado considera que el cese como directivo de Fernández de Sousa se produjo con la entrada de la empresa en concurso de acreedores y la llegada de la administración concursal Deloitte. Recuerda que el propio ejecutivo reconoció en julio, en una carta leída ante el Consejo, que ya no ocupaba ningún cargo en la dirección. El juez comenta, además, aunque no lo incluye como motivo de su decisión, que no existe si quiera contrato laboral escrito sobre el empleo que ocupaba Sousa, y recuerda que cobraba más de 55.000 euros mensuales.
El expresidente de Pescanova aseguraba que su despido era improcedente y que se había producido, según demostraba su baja en Seguridad Social, el 16 de septiembre de 2013. La sentencia, sin embargo, considera que esa fecha "simplemente respondía a su cese asimismo como consejero, cargo que nominalmente seguía ostentando, último vínculo con la sociedad distinto de su condición de accionista, y no como director gerente, puesto que en cualquier caso ya no se ocupaba desde el pasado abril o en todo caso desde mayo". Por este motivo, considera que "no cabe hablar de modo alguno de despido o cese de la relación laboral en ese momento ni por esa causa".
La sentencia relata que "tras ser declarado el concurso de acreedores el pasado 25 de abril de 2013 y entrar a continuación la administración concursal en el ejercicio de sus obligaciones, suponía la sustitución de las facultades de administración y disposición del deudor, se dejó de abonar el salario que también de forma aceptada el demandante venía percibiendo, según él mismo, por su labor como director gerente. Días después se produce la revocación de los poderes otorgados al demandante". Añade además que en la vida laboral de Fernández de Sousa se recoge una variación en su situación en la Seguridad Social el 30 de abril de 2013, con baja y alta consecutiva al día siguiente. "Lo acabado de decir, necesariamente, debe ponerse en relación con el contenido de la “carta de dimisión”, de contenido no impugnado, fechada el 17 de julio de 2013, en la que el propio demandante reconoce no estar al frente de la “dirección operativa” de Pescanova desde la declaración de concurso; al tiempo que se reconoce que no se habría percibido tampoco indemnización alguna por resolución de contrato ni derecho a FOGASA, desempleo, etc., al no tener cláusula de blindaje de ningún tipo, después de 37 años al servicio laboral de Pescanova, SA en varios cargos”.
El expresidente e hijo del fundador cuenta con un 7,51% del capital de Pescanova, que está en concurso de acreedores. La compañía sigue operando, con un nuevo consejo y con Deloitte al frente como administrador concursal. Al terminar 2012 contaba aproximadamente con una deuda de más de 3.281 millones de euros y un agujero patrimonial de 927 millones de euros, según reveló una investigación en profundidad de KPMG, pese a que la contabilidad que había publicado la compañía bajo el mandato de Sousa aseguraba que la empresa obtenía beneficios y tenía menos pasivo del real.
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