El juez justifica el arresto de la cúpula de la CAM porque se iban a fugar a Curaçao

El juez de la Audiencia Nacional Javier Gómez Bermúdez imputa a los exdirectivos de la Caja de Ahorros de Mediterráneo CAM Roberto López Abad, Daniel Gil y César Véliz y a los empresarios alicantinos José Salvador Baldó y Juan Vicente Ferri los delitos de administración desleal, falsedad documental, delito contra la hacienda pública y delito contable. Bermúdez justifica las detenciones —se han ejecutado todas excepto las de Baldó y Ferri— al entender que hay riesgo de fuga, pues “cuentan con medios económicos y relaciones con el exterior que les permitirían eludir la acción de la justicia situándose en Curaçao, país con el que no existe convenio de extradición". El juez ha dejado en libertad a Véliz tras pasar a disposición judicial.

El magistrado considera que López Abad, ex director general de la CAM, y Gil, director general de empresas de la entidad, tuvieron desde el comienzo un “papel esencial” en las negociaciones de la financiación de proyectos de Valfensal. Según Bermúdez, ambos directivos de la caja fueron informados por los empresarios Ferri y Baldó de la intención de adquirir una sociedad domiciliada en un paraíso fiscal para desviar la mayor parte de los ingresos obtenidos por los hoteles que tenían previsto adquirir o construir.

Esta estructura fiscal fue creada, según Bermúdez, con el asesoramiento del despacho de abogados Garrigues, que utilizó una sociedad pantalla, Jacksonport Corporation NV, en Curaçao (antiguas Antillas Holandesas). El magistrado afirma que los letrados, pese a conocer que la sociedad antillana “podía ser una mera cobertura” emitieron dos informes en los que defendían su legalidad “a la vez que definía la estructura societaria de la que se valdría Valfensal para eludir sus obligaciones fiscales”.

Ayuda de Garrigues

López Abad y Gil, afirma Bermúdez, usaron los informes de Garrigues para justificar ante los órganos de control de la CAM la legalidad de la estructura societaria que daba respaldo al Grupo Valfensal. Mientras tanto Ferri y Baldó planearon adquirir esta sociedad para obtener a través de ella financiación de la caja de ahorros. Estos fondos se derivaron supuestamente a las sociedades radicadas en el extranjero, que se encargaron de realizar las inversiones previstas.

Una vez garantizada la financiación de la CAM, que participaba con un 30% de Valfensal, un despacho antillano dotó a la sociedad Jacksonport de la cobertura necesaria para aparentar que tenía una actividad real y que era el centro de toma de decisiones de las inversiones de Valfensal en el exterior. Con ello, Valfensal compró en 2004 el hotel Caracol en México y posteriormente el Hotel Gala, en Playacar (México). La facturación de estos establecimientos se concentró en la sociedad antillana, lo que supuso eludir impuestos en España por valor de aproximadamente 43 millones de dólares entre 2007 y 2011.

El juez sostiene que en 2010 los directivos de la CAM López Abad y Gil crearon una sociedad vinculada a ellos que se encargaría de gestionar los hoteles de Valfensal. Esto supuso retornar a España los beneficios de la empresa sin que la caja, ya quebrada, obtuviera ingreso alguno.