La desigualdad asesina el consenso social

La reforma de las pensiones es el debate social más importante que tiene planteada la sociedad española (y) estamos trabajando para lograr el mayor consenso posible”. Son palabras de la ministra Fátima Báñez. Desconozco si esta referencia al consenso es la expresión de una honesta y decidida voluntad política de alcanzarlo o simplemente es un adorno retórico en el proceso de aprobación de la reforma por el Gobierno.

En cualquier caso, vale la pena preguntarse si el consenso es una pérdida de tiempo, como piensan algunos, o por el contrario, es algo no solo deseable sino una condición necesaria para lograr la plena eficacia de la reforma. Si es así, ¿qué factores pueden favorecerlo o, por el contrario, hacerlo inviable? Y, ¿en qué medida la reforma de la ministra contiene los factores que permiten el consenso o lo impiden? Vayamos por partes.

Los manuales de política económica distinguen entre dos tipos de políticas. Por un lado, las políticas económicas corrientes, adoptadas dentro del marco vigente de normas e instituciones que ordenan el sistema económico y social. La modificación de los tipos impositivos o la reducción del gasto público en infraestructuras son ejemplos de medidas de este tipo. Para su eficacia, el Gobierno solo necesita utilizar su mayoría parlamentaria sin necesidad de mayores consensos.

Por otro, están aquellas políticas que modifican las reglas básicas del sistema económico y social. A estas medidas les llamamos reformas porque cambian el marco de normas e instituciones que regulan la relación entre los diferentes actores económicos y sociales y el comportamiento a largo plazo de los individuos y de los grupos sociales.

La teoría de la política económica democrática señala que para que las reformas alcancen su plena eficacia no basta con la mayoría parlamentaria del Gobierno; necesitan del consenso social. Eso es así en la medida en que el consenso, al reducir el conflicto social, permite ganancias de productividad y de bienestar social.

El problema para los Gobiernos es que el consenso es un contrato social voluntario que no se puede imponer, sino que requiere de la unanimidad de todos los actores relevantes. La voluntariedad y unanimidad es lo que mejora la calidad de las instituciones y permite esas ganancias de productividad y bienestar. Además, y no es una ventaja menor, el consenso permite establecer reglas comunes sin tener que sacrificar los fundamentos básicos individuales de la democracia.

Los pensionistas, presentes y futuros, saben perfectamente que perderán ingresos, que estarán peor en el futuro y que aumentará la desigualdad. Esta certeza de mayor desigualdad asesina el consenso social

Pero si uno o varios actores relevantes de los que se mueven en la actividad sometida a reforma no participan del contrato, la mejora de la productividad y del bienestar no se logrará. El Gobierno podrá utilizar en ese caso su mayoría parlamentaria para imponerla y comportarse como un dictador benevolente, pero la calidad de la regla se verá afectada y no tendrá la misma eficacia.

Por tanto, la ministra Báñez tiene buenas razones para buscar el consenso sobre su reforma.

Ahora que sabemos que el consenso determina la calidad de las reformas, volvamos a la segunda cuestión: ¿Qué factores posibilitan alcanzar el consenso y cuáles lo dificultan o impiden? Para tratar de responder a esta cuestión, planteemos esta otra: ¿Por qué fue posible alcanzar un gran consenso reformista en España a finales de los años setenta? O, ¿Por qué los países europeos pudieron alcanzar un gran consenso sobre la economía de mercado y el Estado de bienestar a la salida de la Segunda Guerra Mundial?

El factor común era la existencia de una situación de incertidumbre que impedía a los individuos y grupos sociales de toda condición conocer con certeza cuál sería su situación futura partiendo de la salud, del trabajo, de las pensiones o de la educación. Utilizando los términos de los teóricos del consenso, esa situación de incertidumbre crea un velo de ignorancia acerca de nuestra situación en el futuro. Ese velo es el que nos hace ser más razonables, objetivizar mejor nuestros intereses y buscar el acuerdo con los otros.

Pero, por el contrario, cuando sabemos con certeza cómo nos va a afectar una determinada reforma, la incertidumbre y el velo desaparecen y somos menos partidarios del consenso.

Eso es lo que ocurre con la nueva regla de cálculo de las pensiones que la ministra ha puesto encima de la mesa. Los pensionistas, presentes y futuros, saben perfectamente que perderán ingresos, que estarán peor en el futuro y que aumentará la desigualdad. Esta certeza de mayor desigualdad asesina el consenso social.

¿No hay forma de conciliar la situación de las cuentas de la Seguridad Social con el consenso sobre la reforma de las pensiones? La hay. En estos casos, la teoría y la experiencia de las buenas reformas recomiendan introducir un intervalo de tiempo entre el momento de aprobación de la reforma y su puesta en práctica. Esto crea una situación de incertidumbre, digamos de dos años, durante los cuales las condiciones económicas pueden mejorar y hacer que la reforma no produzca esos efectos desigualitarios. Esta incertidumbre favorece el consenso.

Con su reforma de las pensiones, la ministra Báñez tiene que decidir si su objetivo es mostrar a la UE un éxito político a corto plazo, a modo de trofeo de caza, o lograr una reforma duradera que aumente la sostenibilidad del sistema y la productividad y el bienestar a largo plazo. El tiempo dirá.