Alerta roja en los fondos europeos
España se arriesga a perder hasta 5.000 millones en ayudas comunitarias tras haber aprovechado solo el 60% de las asignadas para el periodo 2007-2013
El alumno aventajado flaquea a final de curso. España, con un historial sobresaliente en la absorción de fondos europeos en las últimas décadas, corre el riesgo de perder hasta un máximo de 5.000 millones de euros de ayudas si no logra comprometer todos los proyectos pendientes y acelerar el gasto en los próximos dos años. La crisis económica y los recortes presupuestarios han lastrado la ejecución, ya que además de la parte de cofinanciación que corresponda a las Administraciones españolas (un mínimo del 20%) hay que adelantar todo el dinero para que luego Bruselas reembolse su parte.
De los 41.864 millones asignados a España (la segunda mayor perceptora de fondos por detrás de Polonia) para el periodo 2007-2013, solo se ha ejecutado un 60%, cuando los criterios para la evaluación marcan la línea roja en el 75% como mínimo (en función del tipo de fondo y la región de que se trate) para el último año del septenio. Y eso en vísperas de que España vea mermadas sus asignaciones en fondos estructurales y de cohesión en un 28% en el próximo periodo presupuestario tras recibir 104.162 millones de euros desde 1990, según los datos de la Comisión Europea (CE).
Los fondos comunitarios se pierden automáticamente si no se utilizan en los dos años siguientes a aquel en que se haya contraído el compromiso inicial, una regla que se conoce como N+2, de modo que lo comprometido en 2013 ha de gastarse antes de que acabe 2015. El año pasado dos programas asignados a Baleares por siete millones de euros decayeron automáticamente por este motivo. La reducción de la inversión en el proyecto de presupuestos de 2014 (se reduce un 9,7%, hasta los 8.706 millones) no hace prever un esfuerzo en ese sentido.
El problema no es solo presupuestario. El proyecto de la conexión de AVE Antequera-Granada, por ejemplo, aún no ha sido enviado a Bruselas, de modo que el 31 de diciembre podrían perderse 275 millones.
El Ministerio de Hacienda, del que depende la gestión y coordinación de las ayudas, no ha respondido a los reiterados intentos de este periódico de obtener una evaluación de la situación. Y ello a pesar de que en el pacto europeo suscrito en junio por el PP y el PSOE (al que también se adhirieron CiU y PNV) se instó al Gobierno a “adoptar las medidas que aseguren la plena absorción de los fondos previstos en el actual marco financiero 2007-2013, garantizando la reinversión de los remanentes, en políticas orientadas al crecimiento y el empleo”. “Tenemos mucha preocupación y muy poca información”, se queja el portavoz socialista en la Comisión Mixta para la UE, Juan Moscoso del Prado, que tiene una veintena de preguntas al Gobierno sobre el asunto aún pendientes de respuesta.
La CE sí ha suministrado información sobre la ejecución de los fondos: hasta septiembre se ha pagado el 60% de los fondos Feder, de cohesión y del Fondo Social Europeo (FSE) correspondientes a 2007-2013 (véase gráfico). Bruselas considera que “pese a ciertos problemas, entre ellos las dificultades para conseguir la financiación a nivel nacional”, la ejecución en España (el segundo mayor perceptor) está por encima de la media de los 27 (57,3%). Polonia, (el primero) con 57.187 millones asignados, ha ejecutado un 62,4% mientras que República Checa, el tercer perceptor (22.759 millones) solo ha llegado al 44,7%.
La CE considera que la situación actual “no es particularmente preocupante”, teniendo en cuenta que disponen hasta 2015 para gastar los fondos asignados y “la larga y en general positiva experiencia de España en absorber fondos europeos”. Bruselas entiende que tener comprometidos el 89% de los Feder y el 85% de los fondos de cohesión supone un nivel de implementación “satisfactorio”, pero Hacienda aún tiene que seleccionar proyectos (y buscar financiación) por 3.231 millones de esos fondos y otros 1.069 del FSE. Así que al menos están en riesgo 4.300 millones.
La situación de los Fondos de Desarrollo Rural (Feader, que contaban con 7.214 millones a los que se añadieron otros 839 en 2009) es aún más difícil. Las comunidades autónomas (que son las que los gestionan) no lograron ejecutar ni la mitad, según los últimos datos disponibles, de enero pasado, en respuesta a una pregunta de la diputada del BNG Olaia Fernández. A falta de datos sobre las cantidades comprometidas, las fuentes consultadas consideran que están en riesgo al menos 700 millones. Las que presentaban peores datos eran Baleares, Canarias y Madrid (menos del 36%), mientras que Asturias ha ejecutado el 75%. Andalucía, la comunidad que más dinero tiene asignado en el Feader (1.800 millones) se quedó en el 40%.
Bruselas recuerda que a pesar de la asistencia financiera al sector bancario, España no se considera formalmente un país rescatado. En tal caso, tendría la posibilidad de que los fondos europeos financiasen hasta el 95% de los proyectos. Bruselas asume los problemas para implementar los fondos en España, por las restricciones presupuestarias y la escasez de crédito y alega que ha aceptado aumentar la parte del coste que pueden financiar los proyectos (hasta el 80% en algunos casos) de modo que el gasto para las arcas españolas se ha reducido en 3.200 millones.
A cambio España ha reprogramado una parte de los Feder asignados para dedicarlos a la lucha contra el paro juvenil y el apoyo a las pymes: son 1.000 millones pero, según la Comisión, “aún no han sido comprometidos a nivel nacional o regional”.
El presupuesto europeo 2014-2020 (pendiente de aprobación por la Eurocámara) permitirá mayor flexibilidad para reasignar fondos de un año a otro o entre distintas partidas. Más fáciles de gestionar pero, eso sí, mucho menores: España tendrá 25.028 millones para cohesión, un 28% menos.
La crisis de la solidaridad
La política de solidaridad y convergencia económica que desde 1987 venía aplicando Europa tuvo un éxito extraordinario: el PIB por habitante de los países periféricos más pobres —Portugal, Irlanda, Grecia y España, los despreciativamente llamados PIGS desde la City londinense— pasó de ser en 1986 el 66% de la media al 89% de la UE-15 en 2006. Pero con la gran crisis, el índice de cohesión ha experimentado un importante retroceso: en 2012, el PIB por habitante de los PIGS ha caído al 85%, un retroceso de 10 años en el proceso de igualación socioeconómica europea.
Nadie pone en duda que el impacto más importante sobre esta regresión de la convergencia europea se debe a la crisis bancaria y de deuda soberana, y que sus consecuencias se han visto agravadas por los contestados programas de austeridad. A lo anterior se ha sumado una importante disminución de las medidas europeas de solidaridad cuando estas eran más necesarias.
Por un lado, el comportamiento procíclico del presupuesto europeo, o sea, regar a manta con ayudas en los periodos de fuerte expansión económica, y drenar hasta secar esas fuentes de financiación en el periodo contractivo del ciclo económico. Cuando más necesarias eran las ayudas para la Europa periférica y más difícil conseguir la financiación de los proyectos, la rígida normativa de cohesión produjo el señalado efecto perverso de infrautilización con las inevitables secuelas sobre el empleo y la actividad económica.
De otra parte, la carta de 2003 en la que Reino Unido, Alemania, Francia, Suecia, Holanda y Austria proponían reducir el presupuesto de la Unión para 2007-2013 tuvo como consecuencia un endurecimiento normativo de la política de cohesión y un reforzamiento en las instituciones de la corriente neoliberal en la aplicación práctica de esta política común. Este cambio de panorama ha impactado fuertemente en países, como el nuestro, habituados a condiciones de contratación laxas, lo que ha dificultado el uso de las ayudas.
Los registros españoles de estas ayudas para la inversión pública han indicado cómo estas descendían del 0,7% anual del PIB en el periodo 2000-2008 al 0,5% en 2009-2012. Pero más que la reducción de las ayudas preocupa su nivel de utilización. A punto de finalizar el septenio 2007-2013 para el que fueron aprobadas las ayudas vigentes, el nivel de utilización del fondo más importante, FEDER, está en poco más del 60%, cuando en similar momento del septenio anterior, pese a ser doble el volumen de las ayudas, era de casi el 80%. Los porcentajes inferiores de ejecución se dan en Andalucía y Galicia, y por sectores asistimos al desplome de los proyectos de I+D+i y al frenazo en las infraestructuras de transporte. En la actual situación económica de España el evidente riesgo de perder más de 5.000 millones de euros en ayudas europeas nos parece insoportable.
Los poderes públicos tienen que ser capaces, como lo fueron en el pasado, de conseguir que estas ayudas no se pierdan, sino que se utilicen con criterios de eficiencia. Se trata imperativamente de aprovechar la contribución europea para políticas de crecimiento y empleo, aún en emergencia.
Rafael Pérez García es exdirector técnico de programación europea del Ministerio de Fomento.
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